SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores compañías de servicios petroleros del mundo, anunciaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas después del endurecimiento de las sanciones dispuesto por Javier Milei. Las tres tienen negocios estratégicos y multimillonarios en Vaca Muerta y decidieron preservar sus operaciones en la Argentina antes que exponerse a quedar alcanzadas por el Decreto 868/2026. La reacción constituye el primer efecto empresarial concreto de la nueva ofensiva argentina contra la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
Buenos Aires – 5 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – La nueva estrategia argentina para elevar el costo económico de participar en la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas produjo este sábado una consecuencia que hasta hace pocas horas era solamente una hipótesis. SLB —la antigua Schlumberger—, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores compañías globales de servicios para la industria petrolera, comunicaron que no participarán en proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en las islas ni en los espacios marítimos circundantes.
La decisión posee especial importancia porque ninguna de las tres es un actor marginal. Son compañías capaces de perforar pozos, completar y evaluar yacimientos, desarrollar infraestructura submarina, gestionar información sísmica y proporcionar buena parte de la tecnología necesaria para transformar un descubrimiento petrolero en producción comercial. Las tres poseen además una fuerte presencia en Vaca Muerta, donde trabajan con las principales operadoras argentinas y extranjeras.
La primera en comunicar formalmente su posición fue SLB, que este sábado vinculó expresamente su decisión con el Decreto 868/2026, publicado un día antes por el Poder Ejecutivo. La compañía señaló que no participa ni proyecta participar en licitaciones destinadas a prestar servicios para operaciones petroleras en Malvinas y reafirmó su intención de cumplir con la legislación argentina.
El mensaje fue significativo porque SLB es considerada la mayor compañía mundial de servicios petroleros y opera en alrededor de un centenar de países. En la Argentina mantiene vínculos tecnológicos y comerciales con algunos de los principales protagonistas de Vaca Muerta, entre ellos YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol, en un momento en que la expansión de la formación neuquina exige cada vez más equipos, fracturas hidráulicas, perforación y tecnología especializada.
Posteriormente Baker Hughes, con sede central en Houston y más de siete décadas de actividad en la Argentina, comunicó que tampoco participa ni tiene previsto participar en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas. Halliburton adoptó una definición similar y sostuvo que su filial argentina no interviene en Sea Lion ni en operaciones de exploración o producción alrededor de las islas, al tiempo que ratificó su cumplimiento de las leyes nacionales.
Las tres decisiones permiten comenzar a medir la eficacia potencial del instrumento escogido por Milei. El Gobierno no controla las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni puede impedir directamente que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration intenten desarrollar Sea Lion, pero sí posee una herramienta distinta: convertir la participación en esos proyectos en incompatible con negocios mucho mayores dentro de la Argentina.
Eso es precisamente lo que procura el Decreto 868/2026. La norma obliga a quienes aspiren a ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones —RIGI—, así como a quienes soliciten permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones hidrocarburíferas en territorio argentino, a declarar que no realizan ni realizarán actividades prohibidas por la Ley 26.659. Para las personas jurídicas, la obligación se extiende además a empresas y personas con participación directa o indirecta.
La modificación aumenta considerablemente el riesgo para los grandes proveedores internacionales. Una compañía puede evaluar como rentable un contrato puntual en Malvinas, pero la ecuación cambia si aceptarlo pone en peligro concesiones, contratos, beneficios fiscales o negocios en Vaca Muerta, una formación que se encuentra en plena expansión y cuyo volumen potencial supera ampliamente el de un único proyecto offshore.
En ese sentido, el mensaje empresarial resulta bastante claro: para SLB, Baker Hughes y Halliburton, Argentina vale más que Sea Lion.
Las compañías no estaban identificadas públicamente hasta ahora como contratistas principales confirmados del proyecto encabezado por Navitas y Rockhopper. De hecho, investigaciones recientes sobre la cadena de proveedores todavía no habían encontrado vínculos públicos entre SLB o Halliburton y Sea Lion. Pero la necesidad de salir rápidamente a despejar cualquier duda muestra que las nuevas reglas argentinas comenzaron a tener efecto incluso antes de que exista una sanción concreta contra ellas.
Ese fenómeno puede ser más relevante que una multa aislada. Las operadoras de Sea Lion necesitan una extensa cadena de compañías internacionales capaces de proporcionar perforación, terminación de pozos, ingeniería submarina, logística, seguros, certificación de reservas, transporte y financiamiento. Si los principales proveedores globales comienzan a excluir voluntariamente al proyecto para preservar sus negocios argentinos, Navitas y Rockhopper deberán buscar contratistas con menor exposición a la Argentina o aceptar mayores costos.
Sea Lion ya superó, sin embargo, la etapa de proyecto especulativo. Navitas posee el 65% y actúa como operadora, mientras Rockhopper conserva el 35%. La Decisión Final de Inversión ya fue adoptada y la compañía israelí informa que la primera fase contempla 11 pozos submarinos conectados a un buque FPSO, con producción prevista para marzo de 2028.
El desarrollo inicial utilizará el Aoka Mizu, con una capacidad aproximada de 55.000 barriles diarios. Rockhopper informó además que los trabajos preparatorios en las islas ya comenzaron, que la fabricación de componentes de largo plazo se encuentra en marcha y que las perforaciones deberían iniciarse a comienzos de 2027.
La dimensión futura puede ser bastante mayor. En agosto, Navitas anunció avances para adquirir otro FPSO, el OSX-1, destinado a acelerar la explotación del área central de Sea Lion. El programa previsto contempla otros 38 pozos en dos fases y podría incorporar capacidad adicional suficiente para modificar sustancialmente la escala del proyecto.
Una evaluación independiente de Netherland, Sewell & Associates —NSAI— actualizada a julio de 2026 estimó aproximadamente 408 millones de barriles de reservas 3P en el desarrollo considerado por Rockhopper, mientras otras estimaciones más amplias de recursos potenciales de Sea Lion alcanzan cifras considerablemente superiores según la categoría utilizada.
Navitas y Rockhopper reaccionaron a la ofensiva argentina asegurando que las nuevas medidas no deberían producir efectos materiales sobre la ejecución ni alterar el calendario. Ambas sostienen que operan bajo licencias otorgadas por la administración de las islas y respaldadas por Londres. Reuters informó, sin embargo, que las acciones de las dos compañías retrocedieron después de los anuncios de Milei, indicando que los mercados incorporaron al menos una prima adicional de riesgo político y regulatorio.
Ahora aparece un segundo indicador, posiblemente más importante desde el punto de vista operativo: tres compañías capaces de prestar algunos de los servicios más sofisticados de la industria global acaban de cerrar preventivamente la puerta.
La situación coloca también bajo observación al resto de los contratistas de Sea Lion. Entre las empresas ya vinculadas públicamente con diferentes componentes del desarrollo aparecen proveedores de plataformas, ingeniería y servicios marítimos, mientras el Gobierno argentino comenzó procedimientos que alcanzan a un universo de accionistas, directivos, fondos y prestadores asociados a la explotación.
La Casa Rosada pretende que la presión no se limite a Navitas y Rockhopper. Su apuesta consiste en extender el costo jurídico y comercial hacia toda la cadena necesaria para poner el petróleo en producción. Reuters informó este sábado que la ofensiva consiguió además un apoyo interno mucho más amplio que otras iniciativas recientes de Milei y que el endurecimiento de la posición argentina produjo una reacción inmediata alrededor del proyecto.
El efecto sobre SLB, Baker Hughes y Halliburton muestra por primera vez cómo puede funcionar esa estrategia fuera del terreno discursivo. No se trata de empresas pequeñas obligadas a elegir entre dos contratos similares, sino de gigantes globales que observan simultáneamente Malvinas y Vaca Muerta y calculan dónde está su mayor interés económico.
Sea Lion continuará avanzando mientras Navitas y Rockhopper consigan financiamiento, equipos y proveedores dispuestos a asumir el riesgo. Pero la negativa de las tres mayores empresas de servicios petroleros del planeta modifica una parte de esa ecuación: Buenos Aires todavía no consiguió detener el proyecto, aunque ya logró que actores centrales de la industria internacional consideren que participar en Malvinas puede costarles demasiado en la Argentina continental.
Fuentes consultadas: Decreto 868/2026; Boletín Oficial de la República Argentina; SLB/Schlumberger Argentina; Baker Hughes; Halliburton Argentina; Reuters; Rockhopper Exploration; Navitas Petroleum; Netherland, Sewell & Associates; Infobae; La Nación; El Cronista; documentación corporativa y regulatoria del proyecto Sea Lion.
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