Ana María Fuentes declaró como investigada ante la Audiencia Nacional y atribuyó al ex número tres socialista la decisión de contratar y pagar a los abogados vinculados con la estructura investigada alrededor de Leire Díez. La UCO sostiene que el PSOE fue el origen de los fondos y rastrea una ingeniería de facturas, sociedades interpuestas y transferencias que habría permitido financiar actividades destinadas a interferir en causas sensibles para el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Madrid – 09 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La investigación sobre las llamadas “cloacas” vinculadas a Leire Díez dio este miércoles un nuevo salto hacia la estructura interna del PSOE después de que su gerente federal, Ana María Fuentes, declarara ante el juez Santiago Pedraz que fue el entonces secretario de Organización Santos Cerdán quien impulsó los encargos y ordenó los pagos a los abogados actualmente investigados.
Fuentes compareció como investigada ante la Audiencia Nacional y negó haber confeccionado deliberadamente documentación falsa. Según fuentes jurídicas citadas por distintos medios españoles, explicó que su función consistía en autorizar administrativamente los desembolsos una vez recibida la conformidad correspondiente y que no intervenía en la contratación ni en la valoración jurídica de los trabajos. La gerente afirmó además que no conocía personalmente a Leire Díez y trasladó la responsabilidad sobre los encargos a Cerdán, quien en aquel momento ocupaba uno de los cargos orgánicos más poderosos del partido.
La declaración adquiere relevancia porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había situado previamente a Fuentes en la mecánica documental empleada para justificar los pagos. Los investigadores sostienen que habría firmado dos notas de encargo profesional, una vinculada al abogado Ismael Oliver y otra al letrado Jacobo Teijelo, que habrían servido instrumentalmente para formalizar transferencias desde las cuentas del PSOE.
La hipótesis policial es más amplia. La UCO considera que el dinero utilizado para sostener las actividades del grupo presuntamente articulado por Cerdán y coordinado operativamente por Díez tuvo “un mismo origen”: el PSOE. La investigación intenta establecer si una parte de esos recursos fue utilizada para obtener información, presionar a funcionarios o interferir sobre procedimientos judiciales que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno político del presidente Pedro Sánchez.
Uno de los recorridos financieros mejor documentados hasta ahora alcanza los 43.225 euros que habrían terminado en manos de Leire Díez. La Guardia Civil identificó cuatro transferencias de 4.000 euros, por un total de 16.000, efectuadas desde Zaño Sociedad Consultora, firma vinculada al histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías, y una transferencia adicional de 27.225 euros procedente de Oliver Gruppe, sociedad relacionada con Ismael Oliver. Para los investigadores, las cuatro primeras transferencias habrían funcionado como una vía para hacer llegar a Díez dinero cuyo origen real habría estado en el PSOE.
Oliver también declaró ante Pedraz y reconoció que una de sus sociedades transfirió 27.225 euros a Díez, aunque sostuvo que ese pago correspondía a una gestión profesional distinta. Afirmó asimismo que había elaborado para el PSOE un informe relacionado con la denominada Operación Cataluña, supuestamente por encargo transmitido por Díez en nombre de Cerdán. La Justicia deberá determinar ahora si esos trabajos fueron efectivamente prestados o si las contrataciones fueron utilizadas para justificar una circulación de fondos con otro destino.
El volumen bajo sospecha supera ampliamente los pagos identificados directamente a Díez. La investigación ha examinado más de 150.000 euros abonados por el PSOE a Oliver y Teijelo. En el caso de este último, la UCO documentó pagos por 125.000 euros, mientras también aparecieron otras facturas por aproximadamente 53.000 euros cuya correspondencia con la documentación interna del partido está siendo analizada.
Pedraz decidió en julio ampliar el seguimiento económico y ordenó rastrear 81 cuentas bancarias, entre ellas seis pertenecientes al PSOE, además de cuentas vinculadas a Zarrías, Oliver, Teijelo y distintas sociedades relacionadas con los investigados. El magistrado abrió una pieza económica separada ante la sensibilidad de la información y requirió a una docena de entidades financieras movimientos y saldos desde 2024.
La causa ganó además respaldo procesal la semana pasada, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la incautación y el análisis del teléfono y otros dispositivos electrónicos de Leire Díez, rechazando el intento de anular esas actuaciones. El tribunal consideró que el acceso al material estaba suficientemente motivado ante los indicios de una posible organización criminal y permitió que la UCO continúe examinando comunicaciones y documentación obtenidas durante los registros.
La declaración de la gerente introduce ahora un elemento políticamente delicado para el PSOE: la responsable administrativa que ejecutaba los pagos sitúa la decisión por encima de ella y directamente en Santos Cerdán. Si el análisis bancario confirma que las contrataciones y facturas fueron utilizadas como vehículos para financiar actividades ajenas a los servicios formalmente declarados, la investigación dejará de centrarse únicamente en la actuación personal de Leire Díez para examinar hasta qué punto recursos de la estructura partidaria fueron puestos al servicio de una operación diseñada desde niveles superiores de la organización socialista.
Fuentes consultadas: EFE; Europa Press; RTVE; Cadena SER; El País; resoluciones de la Audiencia Nacional; informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; documentación incorporada a la causa instruida por el juez Santiago Pedraz.
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