El Tribunal Oral Federal N°5 acelera la organización del debate por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra la ex presidente Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros 15 imputados. Las audiencias serán presenciales y se realizarán tres veces por semana en Comodoro Py. La acusación sostiene que fondos provenientes de empresarios beneficiados durante los gobiernos kirchneristas habrían regresado al patrimonio familiar mediante alquileres hoteleros e inmobiliarios.
Buenos Aires – 13 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La ex presidente Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner volverán a enfrentar un juicio oral antes de que termine el año si se cumple el cronograma que evalúa el Tribunal Oral Federal N°5, que ya comenzó a depurar testigos, acelerar peritajes y organizar un debate que buscará determinar si las empresas familiares Hotesur y Los Sauces fueron utilizadas para lavar dinero proveniente de empresarios favorecidos por el Estado.
Los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni terminaron de definir durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre buena parte de la mecánica que tendrá el proceso: será presencial, se desarrollará tres veces por semana en los tribunales federales de Comodoro Py y, si la agenda lo requiere, podrán habilitarse fines de semana e incluso jornadas durante la feria judicial de verano. El fiscal general Diego Velasco viene reclamando desde hace meses que el juicio comience “lo antes posible”, mientras el tribunal había preferido esperar la conclusión de peritajes contables considerados centrales para evitar futuras impugnaciones.
El expediente tiene actualmente 17 acusados. Además de Cristina y Máximo Kirchner, serán juzgados Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros exdirectivos, profesionales y empleados vinculados con las sociedades investigadas. Florencia Kirchner quedó definitivamente fuera del proceso después de que la Cámara Federal de Casación confirmara su sobreseimiento al considerar que no tenía capacidad decisoria equivalente a la de otros integrantes de la estructura societaria.
La hipótesis acusatoria sostiene que una parte del dinero obtenido por empresarios que recibieron contratos, beneficios u otras ventajas del Estado durante los gobiernos kirchneristas retornó al patrimonio de la familia mediante alquileres de hoteles, departamentos y propiedades pertenecientes a Hotesur y Los Sauces. En el caso de Báez, el delito precedente que la fiscalía pretende vincular con el lavado encuentra un antecedente central en las irregularidades comprobadas en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
La acusación deberá demostrar ahora la segunda parte de ese supuesto circuito: que dinero generado a partir de aquellos negocios con el Estado volvió a los Kirchner mediante contratos que aparentaban actividad comercial legítima. Los investigadores ponen el foco, entre otras operaciones, en alquileres de habitaciones hoteleras que no necesariamente habrían sido utilizadas y en propiedades administradas por Los Sauces cuyos principales locatarios eran empresarios con fuertes intereses vinculados al sector público.
Por eso el peritaje contable pendiente tiene un peso decisivo. El estudio interdisciplinario encargado al cuerpo especializado de la Corte debe analizar las transferencias realizadas desde empresas de Báez y López hacia sociedades relacionadas con la familia Kirchner, comparar contratos, montos, ocupación y valuaciones, y establecer si existieron operaciones simuladas o si los movimientos respondieron a relaciones comerciales genuinas.
La nómina testimonial también está siendo reducida para evitar que el proceso vuelva a quedar atrapado en una acumulación interminable de audiencias. Originalmente había más de 300 testigos, pero acusación y defensas acordaron trabajar sobre una poda de aproximadamente 30% a 40%, incorporando mediante lectura algunas declaraciones ya prestadas durante la instrucción en lugar de convocar nuevamente a todos los declarantes.
La defensa de Cristina Kirchner ya anticipó otra batalla jurídica. Su abogado Alberto Beraldi sostiene que la acusación por asociación ilícita debería ser reformulada porque la ex presidente fue absuelta de esa figura en el juicio por Vialidad y ese pronunciamiento quedó firme. Según esa postura, volver a juzgarla por una asociación ilícita basada en hechos que guardan relación con aquella estructura podría afectar el principio que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.
La fiscalía no comparte, al menos por ahora, esa interpretación. Su posición es que Hotesur-Los Sauces tiene una plataforma fáctica propia y que el lavado agravado puede analizarse independientemente de la absolución dictada en Vialidad por asociación ilícita. La discusión probablemente se mantendrá abierta hasta los alegatos y puede convertirse en uno de los puntos jurídicos más sensibles del proceso.
La historia procesal del expediente explica por qué la fiscalía insiste en acelerar. Hotesur-Los Sauces fue elevada a juicio hace aproximadamente cinco años, pero en 2021 una mayoría del propio TOF 5 sobreseyó a los acusados sin realizar el debate oral. La Cámara Federal de Casación revocó posteriormente esa decisión y ordenó que se hiciera el juicio, al considerar que no existían elementos nuevos suficientes para cerrar anticipadamente el expediente. La Corte Suprema terminó rechazando en diciembre de 2024 los últimos recursos de Cristina Kirchner y dejó despejado el camino para la realización del proceso.
Otro punto todavía abierto es la integración definitiva del tribunal. Michilini y Palliotti son jueces titulares, mientras Machado Pelloni actúa como subrogante. Existe un concurso avanzado para cubrir esa vocalía de manera permanente, lo que abrió una discusión respecto de si un eventual nuevo magistrado podría incorporarse una vez iniciado el debate o si debería mantenerse la integración original hasta el dictado de sentencia. El criterio predominante en Comodoro Py es que quien comienza un juicio debe terminarlo, precisamente para preservar la inmediación y evitar nulidades posteriores.
Cristina Kirchner deberá presentarse personalmente en las audiencias que requieran su intervención directa. El tribunal ya avisó que no habrá virtualidad como regla general y que los acusados deberán asistir a indagatorias y otros actos esenciales, aunque podrán ser representados por sus abogados durante declaraciones testimoniales en las que su presencia no resulte obligatoria.
El juicio que se aproxima tendrá además un peso político evidente. Cristina Kirchner ya cumple prisión domiciliaria por la condena firme en Vialidad y enfrentará ahora otro proceso en el que la Justicia intentará establecer si el dinero que Báez y otros empresarios recibían del Estado terminó parcialmente canalizado hacia el patrimonio familiar mediante negocios hoteleros e inmobiliarios.
No se juzgará nuevamente la adjudicación de las obras públicas que ya fueron materia de Vialidad. El eje será otro: seguir el recorrido del dinero después de aquellas adjudicaciones y determinar si Hotesur y Los Sauces funcionaron como empresas comerciales reales o como vehículos para transformar fondos de origen ilícito en ingresos aparentemente legítimos. Esa diferencia convierte al próximo juicio en una pieza complementaria del caso Vialidad y explica por qué, después de años de demoras, la fiscalía busca que las audiencias comiencen antes del próximo receso judicial.
Fuentes consultadas: Tribunal Oral Federal N°5; Cámara Federal de Casación Penal; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Ministerio Público Fiscal; actuaciones de las causas Hotesur y Los Sauces; La Nación; Infobae
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