Por Darío Rosatti
Escocia, Gales e Irlanda del Norte preparan una ofensiva política coordinada para reivindicar su derecho a decidir su futuro constitucional, mientras Londres continúa utilizando la autodeterminación como argumento central para sostener su posición sobre Malvinas. La contradicción vuelve a colocar bajo presión la doctrina británica: Westminster invoca ese principio como absoluto cuando sirve para conservar las islas, pero dentro del propio Reino Unido lo somete a autorizaciones, mayorías políticas y condiciones que controla el Gobierno central.
Buenos Aires – 13 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Tres de las cuatro naciones que integran el Reino Unido se reunirán este lunes en Cardiff para discutir algo mucho más profundo que cooperación económica o coordinación territorial: Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamarán que se reconozca su derecho a decidir si quieren seguir perteneciendo al Reino Unido, precisamente el principio que Gran Bretaña presenta ante el mundo como argumento irrebatible cuando pretende justificar su permanencia en las Islas Malvinas.
La reunión tendrá como protagonistas al primer ministro escocés John Swinney, del Scottish National Party (SNP); al jefe del Gobierno galés, Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru; y a la primera ministra norirlandesa Michelle O’Neill, de Sinn Féin, acompañada por la presidenta partidaria Mary Lou McDonald. Es la primera vez que los tres gobiernos autónomos coinciden bajo conducciones políticas favorables, aunque con distintas intensidades y procedimientos, a modificar de manera sustancial la relación constitucional con Londres. El encuentro prevé la firma de un memorando conjunto en defensa del derecho de cada nación a buscar su independencia y ejercer la autodeterminación.
El significado político es evidente. Swinney sostiene que el statu quo británico dejó de ser sostenible y ya advirtió que el primer ministro Andy Burnham podría terminar convertido en “el último primer ministro del Reino Unido”. La frase es deliberadamente provocadora, pero resume una realidad: Escocia quiere volver a votar después del referéndum de 2014, Gales elevó su discusión independentista tras la histórica victoria de Plaid Cymru y Sinn Féin exige comenzar a preparar una consulta sobre la reunificación de Irlanda.
Londres, sin embargo, no reconoce a Escocia un derecho automático a convocar unilateralmente una nueva consulta. El Gobierno británico respondió formalmente esta misma semana que fue elegido con el compromiso de no apoyar la independencia ni otro referéndum escocés, dejando claro que una nueva votación dependería de la decisión política de Westminster.
Allí comienza la paradoja.
El mismo Reino Unido que proclama que los habitantes de Malvinas tienen un derecho absoluto a “determinar su propio futuro político” sostiene que los escoceses no pueden ejercer nuevamente ese principio sin autorización del poder central británico. En junio, ante la Organización de Estados Americanos, Londres volvió a insistir en que los habitantes de las islas poseen el derecho de autodeterminación y que su voluntad debe determinar el futuro del territorio. El Gobierno británico definió ese principio como “fundamental” y “piedra angular del sistema internacional”.
Pero dentro del Reino Unido la piedra angular parece necesitar permiso administrativo.
Escocia ya celebró un referéndum en 2014, cuando 55,3% votó por permanecer en el Reino Unido y 44,7% eligió la independencia. Londres considera ese resultado suficientemente definitivo como para rechazar, hasta ahora, una nueva consulta. El SNP replica que desde entonces ocurrió un hecho político capaz de alterar aquella decisión: el Brexit. En 2016, mientras el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, el 62% de los escoceses votó por permanecer. La consecuencia fue que Escocia terminó fuera de la UE pese a que una amplia mayoría de sus ciudadanos había optado por continuar dentro del bloque.
Si la autodeterminación consiste precisamente en que una comunidad política determine su futuro, resulta difícil explicar por qué una decisión adoptada hace doce años debe cerrar indefinidamente esa posibilidad para Escocia, mientras Londres considera que el referéndum organizado en Malvinas en 2013 —en un territorio cuya soberanía se encuentra internacionalmente disputada— constituye una expresión prácticamente definitiva e incontrovertible.
Gales ofrece otra variante del mismo problema. La victoria de Plaid Cymru en mayo llevó por primera vez al poder galés a un partido que mantiene la independencia como objetivo político. El respaldo social a la ruptura con Londres es todavía menor que en Escocia, y el propio ap Iorwerth no presenta la separación como un hecho inmediato, pero sí reclama que Gales sea reconocido como nación con capacidad para decidir su futuro y no como una simple región administrada desde Westminster.
Irlanda del Norte presenta un escenario distinto y jurídicamente más complejo, porque allí Londres sí aceptó formalmente un mecanismo de autodeterminación. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 establece el principio de consentimiento y prevé la posibilidad de un referéndum para decidir si Irlanda del Norte permanece en el Reino Unido o se integra con la República de Irlanda. El Gobierno británico está obligado a convocar esa consulta cuando considere probable que una mayoría apoyaría la reunificación.
Es decir, Londres reconoce explícitamente que el territorio puede abandonar el Reino Unido si cambia la voluntad mayoritaria de sus habitantes. Pero incluso allí el momento de activar la consulta depende de una evaluación del propio Gobierno británico. Autodeterminacion pero según y conforme.
La llegada de Sinn Féin al gobierno norirlandés transformó esa previsión jurídica en una posibilidad política mucho más concreta. Michelle O’Neill es la primera dirigente nacionalista favorable a la reunificación que encabeza el Ejecutivo desde la creación de Irlanda del Norte hace más de un siglo. Donald Trump agregó presión esta semana al declarar en Irlanda que le gustaría ver una reunificación y que ese resultado sería “fantástico”, una intervención que generó irritación entre los unionistas británicos.
El contraste con Malvinas merece entonces una lectura más profunda. No porque Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Malvinas constituyan jurídicamente casos idénticos —no lo son— sino porque la forma en que Londres utiliza el concepto de autodeterminación cambia según cuál sea el territorio en discusión.
En el caso de Malvinas, Gran Bretaña sostiene que basta la voluntad de los habitantes actuales para cerrar cualquier debate sobre soberanía. En el caso escocés, en cambio, sostiene que esa misma voluntad sólo puede expresarse en una nueva consulta si Westminster acepta que vuelva a votarse. En Irlanda del Norte reconoce un mecanismo de salida, pero el Gobierno británico conserva un papel decisivo para determinar cuándo existen las condiciones para activarlo. En Gales, la independencia ni siquiera dispone hoy de un procedimiento jurídico comparable.
La posición argentina sobre Malvinas parte precisamente de esa diferencia. La Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llamó a ambas partes a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas, no estableciendo que su voluntad determine unilateralmente el resultado de la controversia. Naciones Unidas continúa tratando la cuestión como un caso especial y particular de descolonización y su Comité Especial de Descolonización volvió en 2026 a reclamar la reanudación de negociaciones entre Buenos Aires y Londres.
A ese marco se suma la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 1 de diciembre de 1976, que llamó expresamente a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras permanezca pendiente la negociación sobre soberanía. Para la posición argentina —reiterada posteriormente ante Naciones Unidas— esa obligación alcanza de manera directa la exploración y explotación unilateral de los recursos naturales del archipiélago y de los espacios marítimos circundantes, incluida la actividad hidrocarburífera y pesquera. Documentos recientes de la propia ONU volvieron a recordar que la explotación británica de esos recursos resulta incompatible con el espíritu y alcance de la Resolución 31/49 mientras subsista la controversia. En consecuencia, el avance sobre petróleo, pesca u otros recursos de un territorio cuya soberanía permanece controvertida no constituye solamente una decisión económica: para la Argentina representa una modificación unilateral del statu quo que Londres está llamado a evitar hasta que ambos países alcancen una solución negociad. ¿Porqué Naciones Unidas no presiona a Reino Unido a cesar con la pesca y exploracion petrolera?
Para la posición argentina, los habitantes de Malvinas deben tener garantizados sus derechos, identidad, propiedad, cultura y modo de vida, pero no pueden convertirse en árbitros exclusivos de una disputa territorial entre dos Estados si la población que hoy habita las islas se consolidó bajo administración británica después de 1833. Esa es la razón por la que Buenos Aires sostiene que corresponde aplicar el principio de integridad territorial y negociar la soberanía, mientras Londres intenta trasladar el debate íntegramente hacia la autodeterminación.
Gran Bretaña rechaza esa interpretación y afirma que nunca implantó deliberadamente una población para alterar la disputa, que los isleños constituyen una comunidad estable y democrática y que muchos de ellos tienen raíces familiares que se remontan a numerosas generaciones. Esa posición también forma parte del expediente internacional y no puede ser omitida.
Pero la reunión de Cardiff vuelve a desnudar el problema político del discurso británico.
Si el principio de autodeterminación es, como afirma Londres en el caso Malvinas, una norma fundamental que “se aplica a todos los pueblos”, entonces Escocia tiene argumentos poderosos para preguntar por qué necesita autorización inglesa para volver a decidir. Gales puede preguntar por qué su eventual voluntad soberanista dependería de una arquitectura constitucional cuya llave permanece en Westminster. E Irlanda del Norte puede preguntar por qué la evaluación sobre cuándo está madura una consulta sigue dependiendo del Gobierno británico.
No se trata de afirmar que los cuatro casos sean jurídicamente equivalentes. Sería incorrecto. Irlanda del Norte posee un mecanismo internacionalmente acordado; Escocia realizó un referéndum pactado; Gales transita una discusión política mucho más embrionaria; y Malvinas está reconocida por Naciones Unidas como una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
La contradicción aparece en otro plano: Londres convierte la autodeterminación en argumento absoluto cuando esa doctrina preserva su control sobre un territorio situado a casi 13.000 kilómetros de Gran Bretaña, pero dentro de sus propias fronteras la somete a procedimientos, condiciones, autorizaciones y cálculos políticos.
La reunión de Cardiff puede no provocar mañana la disolución del Reino Unido. El apoyo a la independencia sigue siendo diferente en cada nación: alrededor de 47% en Escocia, 36% en Irlanda del Norte y 32% en Gales, según sondeos citados en vísperas del encuentro. Pero el hecho de que por primera vez los tres gobiernos autónomos lleguen simultáneamente a una mesa encabezados por fuerzas que cuestionan el statu quo constitucional coloca a Westminster frente a una pregunta incómoda.
Gran Bretaña construyó buena parte de su defensa diplomática sobre Malvinas alrededor de una frase sencilla: los pueblos deben poder elegir su destino.
Cardiff acaba de devolverle la frase.
Y si Londres pretende seguir utilizándola como fundamento moral y jurídico en el Atlántico Sur, tendrá cada vez más dificultades para explicar por qué ese derecho resulta definitivo para los habitantes de Malvinas, pero negociable, condicionado o sometido a autorización cuando quienes reclaman ejercerlo viven en Edimburgo, Cardiff o Belfast.
Fuentes consultadas: The Guardian; Reuters; Associated Press; Gobierno del Reino Unido; Parlamento británico; Acuerdo de Viernes Santo; Naciones Unidas; Comité Especial de Descolonización; Resolución 2065 de la Asamblea General; declaraciones oficiales británicas sobre Malvinas; antecedentes constitucionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
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