Por RR
La operación que desembocó en el fallido crédito de casi $52.700 millones para una sociedad controlada por Mariano Jinkis comenzó a gestarse en Casa Central del Banco Nación cuando Daniel Tillard todavía presidía la entidad. El economista había llegado al cargo impulsado políticamente por Guillermo Francos pese a arrastrar una sanción firme del Banco Central por su etapa en Mercobank y sanciones de la UIF vinculadas con su paso por el Banco Provincia. El expediente Jinkis avanzó después de su salida y no existe hasta ahora evidencia pública de que Tillard haya intervenido personalmente en el préstamo, pero la cronología obliga a revisar quién condujo el banco cuando se abrió la operatoria y qué antecedentes tenía quien estaba sentado en el principal sillón del sistema financiero público argentino.
Buenos Aires – 13 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El escándalo por el crédito de casi $52.700 millones que el Banco Nación evaluó otorgar a una sociedad controlada por Mariano Jinkis abre un capítulo anterior al traslado del gerente Pablo Pourrere y a las irregularidades posteriormente detectadas por la auditoría interna: la operación comenzó a gestarse en enero de 2025, cuando al frente de la principal entidad financiera pública del país estaba Daniel Tillard, un histórico hombre del sistema bancario que había llegado a la presidencia del Nación de la mano de Guillermo Francos y cuya trayectoria incluía sanciones regulatorias firmes que eran públicas mucho antes de que Javier Milei lo designara.
La reconstrucción documental del caso muestra que el crédito no nació originalmente en Mar del Plata ni por iniciativa de la Gerencia Zonal Atlántica. Según la auditoría interna del propio Banco Nación, el área de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios de Casa Central inició contactos el 23 de enero de 2025 con el estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos para obtener un vínculo con Jardines de Chauvín SA, sociedad que después solicitaría la financiación destinada a levantar dos torres en Mar del Plata. El banco dio posteriormente una versión diferente y sostuvo que fueron los representantes del estudio quienes se acercaron primero a la entidad, pero lo relevante para reconstruir responsabilidades institucionales es que la gestación del negocio se produjo cuando Tillard todavía era presidente del Nación.
Ésto establece una secuencia política e institucional concreta: la operatoria nació durante la presidencia de Tillard, mientras el tramo más polémico —las objeciones de Pourrere, los documentos inconsistentes, el envío del modelo de resolución y la posterior negativa del banco— continuó ya bajo la conducción de su sucesor, Darío Wasserman. Tillard dejó formalmente el cargo el 17 de diciembre de 2025, mientras que la reunión en la que la estructura central buscó acelerar la calificación del proyecto ocurrió pocos días después. El Decreto 903/2025 dejó asentado que el Gobierno aceptó su renuncia desde esa fecha y nombró a Wasserman para completar el período.
La pregunta que surge es por qué Tillard había llegado al Banco Nación con semejante respaldo político pese a antecedentes regulatorios que estaban documentados en organismos oficiales. Su designación fue formalizada por Milei mediante el Decreto 110/2023, con vigencia desde el 26 de diciembre de 2023, junto con Wasserman como vicepresidente. Pero mucho antes de ese nombramiento, Tillard ya figuraba en los registros del Banco Central de la República Argentina por una sanción vinculada con el desaparecido Mercobank: el BCRA registra una multa originalmente fijada en $1.469.000, luego reducida judicialmente a $350.000, y señala expresamente que la sanción quedó firme después de la intervención de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Ese antecedente no fue una denuncia periodística ni una imputación política. Fue una sanción administrativa confirmada judicialmente. Tillard había ocupado cargos vinculados con normalización, recupero y riesgos dentro de Mercobank, entidad sometida a actuaciones regulatorias del Banco Central por incumplimientos vinculados con límites de financiamiento y otras irregularidades prudenciales. El dato resulta particularmente relevante porque su carrera posterior lo devolvería una y otra vez a puestos de alta responsabilidad dentro de bancos públicos.
Uno de esos destinos fue el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde comenzó a consolidarse su relación con Guillermo Francos. En 2007, durante la gobernación de Daniel Scioli, Francos fue propuesto para presidir el Banco Provincia y Tillard integró el grupo de directores enviados al Senado bonaerense para formar parte de la conducción. Ambos convivieron en la cúpula de la entidad y esa relación profesional se prolongaría políticamente durante años. La Nación reconstruyó posteriormente que Tillard y Francos se conocían de aquella etapa, y que el economista cordobés fue precisamente uno de los funcionarios que Francos impulsó para sumarse al gobierno de Milei.
Pero el paso por el Banco Provincia también dejó antecedentes regulatorios. La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución 18/2016 y sancionó a Tillard, junto con otros integrantes del directorio, con una multa de $512.874 por incumplimientos de obligaciones previstas en la Ley 25.246 y en las normas antilavado entonces vigentes. La resolución oficial menciona expresamente incumplimientos vinculados con las obligaciones de control, conocimiento del cliente y análisis de operaciones.
Años más tarde apareció otro expediente. La Resolución UIF 55/2020 declaró responsables al Banco Provincia y a varios exdirectores, entre ellos Tillard, por nuevos incumplimientos de disposiciones antilavado correspondientes a la normativa vigente durante los hechos investigados. Otro sumario de la UIF alcanzó simultáneamente a Guillermo Francos y Daniel Tillard dentro del órgano de administración del banco, lo que demuestra que ambos compartieron no sólo conducción política sino también actuaciones regulatorias durante aquella etapa. Esto exige una precisión: algunos expedientes posteriores fueron discutidos judicialmente, anulados o afectados por cuestiones de prescripción, por lo que no corresponde presentar todas las actuaciones administrativas como sanciones penales o condenas firmes. Pero tampoco puede borrarse que existieron y que varias terminaron en sanciones documentadas oficialmente.
Después de Buenos Aires, Tillard pasó a presidir durante ocho años el Banco de Córdoba (Bancor), entre 2015 y 2023, durante las administraciones de Juan Schiaretti. Su salida coincidió con otro episodio llamativo: el mismo día en que dejó la entidad, el Banco Central suspendió la venta de dólares destinada a determinadas operaciones inmobiliarias financiadas mediante créditos hipotecarios de Bancor y habló públicamente de “anomalías”. El banco cordobés había otorgado unos 3.610 créditos bajo esa modalidad. No existe evidencia que permita atribuir personalmente esas anomalías a Tillard, pero el episodio formó parte de los antecedentes que ya eran conocidos cuando fue seleccionado para conducir el Nación.
Su llegada al gobierno libertario se explica, en buena medida, por Francos. Distintas reconstrucciones periodísticas coinciden en que el entonces ministro del Interior funcionó como articulador entre Milei, sectores del peronismo cordobés y dirigentes vinculados históricamente con Domingo Cavallo y Juan Schiaretti. Tillard aparece en ese entramado como una figura financiera de confianza que había trabajado con Francos en el Banco Provincia y luego conducido la banca cordobesa. El Gobierno lo nombró pese a que su sanción del BCRA y las actuaciones de la UIF eran antecedentes públicos, verificables y disponibles en registros oficiales.
Cuando Tillard finalmente dejó el Nación, en diciembre de 2025, la versión oficial habló de una renuncia voluntaria y de una “etapa cumplida”. El Ministerio de Economía destacó que durante su gestión el banco había otorgado 20.000 créditos hipotecarios y aumentado su participación de mercado. Sin embargo, la reconstrucción política ofreció otro escenario: La Nación informó que Tillard se había quedado sin respaldo en la Casa Rosada después de la salida de Francos y que ya no mantenía interlocución relevante con Javier Milei, Karina Milei ni Manuel Adorni. Su reemplazante Wasserman, en cambio, era considerado un hombre cercano al círculo político de Karina Milei.
La historia no terminó allí. En abril de 2026, Tillard apareció directamente mencionado en denuncias penales vinculadas con créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas. Una de las presentaciones lo señaló junto al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Ernesto Curuchet; otra denuncia, promovida por Mónica Frade y Esteban Paulón, involucró además a beneficiarios de aquellos préstamos. Los expedientes quedaron concentrados ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó medidas de prueba y pidió información a la Auditoría General de la Nación. Una denuncia, naturalmente, no equivale a procesamiento ni culpabilidad, pero constituye un nuevo capítulo judicial directamente relacionado con decisiones crediticias tomadas durante su presidencia.
Es en ese contexto donde el crédito a Jinkis adquiere otra dimensión. Jardines de Chauvín SA, controlada en un 90% por Mariano Jinkis, pretendía obtener una asistencia superior a $52.600 millones pese a ser una sociedad recientemente constituida, sin antecedentes propios suficientes en construcción, con un balance inicial sin ingresos y resultado negativo. La auditoría interna detectó después inconsistencias documentales, antecedentes atribuidos a la empresa correspondientes a años anteriores a su propia creación y debilidades que llevaron finalmente al Banco Nación a rechazar la operación.
Jinkis, además, no era un empresario desconocido para los organismos de control. Junto con su padre Hugo Jinkis, había quedado involucrado desde 2015 en el FIFAgate, con acusaciones estadounidenses relacionadas con sobornos y derechos comerciales del fútbol sudamericano. En 2026 ambos viajaron finalmente a Nueva York para negociar con las autoridades norteamericanas después de haber resistido durante años su extradición desde la Argentina.
La cuestión que emerge no es afirmar, sin pruebas, que Daniel Tillard haya ordenado financiar a Mariano Jinkis. La documentación disponible no permite sostenerlo. El dato periodísticamente relevante es otro: el Banco Nación comenzó a construir desde Casa Central la operatoria con Jardines de Chauvín mientras estaba presidido por un funcionario que había llegado por impulso de Guillermo Francos pese a cargar con una sanción firme del BCRA y antecedentes sancionatorios de la UIF. Después Tillard salió, la operación siguió avanzando, un gerente se negó a firmarla, fue trasladado y una auditoría interna terminó verificando buena parte de las inconsistencias que había señalado.
La secuencia obliga ahora a mirar más arriba del escritorio de Pourrere. El problema no es únicamente quién se negó a poner la firma cuando el expediente llegó a Mar del Plata, sino quiénes decidieron en Buenos Aires iniciar la relación comercial, bajo qué conducción nació la operación y por qué un banco público comenzó a explorar una asistencia multimillonaria para una sociedad controlada por un empresario cuyo nombre llevaba más de una década asociado al mayor escándalo internacional de corrupción del fútbol. Allí empieza una historia que el expediente del crédito todavía no terminó de explicar.
Fuentes consultadas: Banco Central de la República Argentina (BCRA); Unidad de Información Financiera (UIF); Boletín Oficial de la República Argentina; Banco Nación; Ministerio de Economía; documentación y auditoría interna del BNA sobre Jardines de Chauvín SA; La Nación; actuaciones judiciales ante el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita; antecedentes judiciales del FIFAgate; informacion de archivo de Total News Agency.
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