El senador Mariano Recalde aparece como copropietario desde 2016 de una unidad en San José 1111, el mismo edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria y donde la camporista María Soledad Calle compró en 2025 otro departamento hoy bajo investigación judicial. Registros inmobiliarios, declaraciones patrimoniales y una causa por presunta administración fraudulenta de fondos de la UOM vuelven a colocar el foco sobre una llamativa concentración de propiedades vinculadas al universo kirchnerista.
Buenos Aires – 14 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El edificio de San José 1111, convertido desde 2025 en centro político del kirchnerismo por ser el domicilio donde la ex presidente Cristina Kirchner cumple su condena en la causa Vialidad, acaba de sumar otro capítulo a una trama inmobiliaria que ya despierta preguntas judiciales y políticas: el senador y fundador de La Cámpora Mariano Recalde figura desde 2016 como propietario junto con su padre, Héctor Recalde, de un departamento ubicado en el primer piso, justo al lado de la unidad adquirida años después por la dirigente sindical María Soledad Calle.
La revelación permite una inevitable chicana: “The Cámpora Real Estate”, algo que viene a tono dada la compulsiva atitud del kirchnerimo en la adquisición de propiedades que a Cristina Kirchner utilizó para lavar dinero. En un mismo edificio aparecen una propiedad de Los Sauces, sociedad constituida por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner; otra vinculada a la familia Recalde; y desde agosto de 2025 una tercera comprada por Calle, militante de La Cámpora y exfuncionaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuya situación patrimonial es actualmente investigada por la Justicia federal. La coincidencia inmobiliaria adquiere mayor relevancia porque la adquisición de Calle quedó incorporada al análisis de una causa por presunto manejo irregular de fondos sindicales.
Según informes del Registro de la Propiedad Inmueble, Los Sauces compró en junio de 2015 el departamento del segundo piso por US$370.000. Poco más de un año después, en agosto de 2016, Héctor y Mariano Recalde adquirieron el 1° “A” por $4 millones, de acuerdo con el monto consignado en el registro. La unidad tiene unos 168 metros cuadrados totales, incluyendo el único patio del edificio. Cuando Recalde comenzó su mandato como senador declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) una participación del 10% en el inmueble, porcentaje que todavía aparecía en su declaración patrimonial de 2024.
El departamento no estaría ocupado por Recalde ni por miembros directos de su familia. Vecinos citados por la investigación periodística describieron a una mujer de alrededor de 40 años que vive allí y que hasta ahora no había sido identificada públicamente. Desde el entorno del senador sostuvieron que la familia prestó la propiedad a una persona conocida que se hace cargo de los gastos y permanece allí desde hace aproximadamente un año y medio. En junio de 2025 la unidad todavía tenía cartel de venta y recientemente una inmobiliaria informó que existía una reserva, aunque en las expensas continúa figurando el apellido Recalde.
La situación es diferente y judicialmente mucho más comprometida en el caso de Soledad Calle. La dirigente adquirió en agosto de 2025 el 1° “B”, un departamento de 252 metros cuadrados, apenas dos meses después de que Cristina Kirchner comenzara a cumplir prisión domiciliaria en el edificio. Inicialmente había negado la operación ante consultas periodísticas, pero posteriormente reconoció ante el juez federal Julián Ercolini que era la compradora y sostuvo que el inmueble, adquirido por unos US$189.000, estaba destinado a instalar una “fundación de estudios para el desarrollo argentino”. Según la información aportada al expediente, no presentó hasta ese momento documentación constitutiva ni siquiera un nombre formal de la entidad proyectada.
La explicación quedó ahora bajo examen judicial. Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y ordenó pedidos de información a la Unidad de Información Financiera (UIF), ARCA, ANSES, Migraciones y Prefectura para reconstruir movimientos patrimoniales, viajes, vehículos y otros bienes. La fiscalía analiza específicamente el origen del dinero utilizado para comprar la propiedad y si existe alguna conexión con el expediente que investiga el manejo de fondos de la UOM.
El núcleo de esa causa es el contrato celebrado en 2023 entre la UOM y Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), empresa constituida poco antes y vinculada a Calle. La firma administraba aportes sindicales a cambio de una comisión del 0,5% y, según estimaciones incorporadas a la investigación periodística, el sistema podía representar ingresos superiores a los $100 millones mensuales. Tras la intervención del gremio, el convenio fue suspendido y Calle fue desplazada. La denuncia judicial investiga posibles maniobras de administración fraudulenta y otros delitos alrededor de esos recursos.
La presentación que originó parte de las nuevas medidas incluso pidió determinar si el dinero utilizado para comprar el departamento de Calle podía guardar relación con la presunta defraudación investigada. Entre las figuras denunciadas aparece también lavado de activos, aunque corresponde a la Justicia establecer si existió efectivamente esa maniobra, cuál fue el recorrido de los fondos y quiénes participaron.
San José 1111 presenta además una particularidad relevante para el control de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) reconoció ante el tribunal que el GPS de la tobillera permite ubicar a la condenada dentro del inmueble o sus inmediaciones, pero no discrimina en qué departamento, piso, pasillo, escalera o terraza se encuentra. El sistema registró únicamente tres desplazamientos hacia la terraza durante marzo, aunque técnicamente no puede reconstruir movimientos internos entre las diferentes unidades del edificio.
Recalde, además, ha visitado reiteradamente a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria y utilizó el lugar para actividades políticas. En septiembre de 2025 participó de una fotografía tomada desde el balcón junto con dirigentes y candidatos de Fuerza Patria, y como presidente del Partido Justicialista porteño convocó posteriormente a manifestaciones frente al edificio. Su relación política con el domicilio es, por lo tanto, anterior y posterior a la instalación de la ex presidente allí.
El interrogante que deja la investigación excede entonces la mera curiosidad sobre quién vive junto a quién. Los registros permiten reconstruir una secuencia: Los Sauces compró en 2015; la familia Recalde lo hizo en 2016; Calle adquirió otra unidad en 2025, cuando Cristina Kirchner ya estaba detenida en el edificio. En el caso de Recalde existe una operación inmobiliaria registrada y declarada patrimonialmente; en el de Calle, en cambio, la Justicia ya investiga específicamente el origen de los recursos utilizados para comprar su departamento y su eventual vinculación con fondos sindicales. Esa diferencia será central para establecer hasta dónde llega la pintoresca coincidencia de “The Cámpora Real Estate” y dónde comienza una trama patrimonial que los tribunales federales deberán reconstruir con documentos, movimientos bancarios y trazabilidad del dinero.
Fuentes consultadas: Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires; Oficina Anticorrupción; Poder Judicial de la Nación; Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica; La Nación; TN; documentación de la causa UOM-USEM.
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