El presidente José Antonio Kast confirmó que su Gobierno analizará individualmente más de un centenar de solicitudes de indulto, muchas correspondientes a condenados por delitos cometidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. La discusión abre un complejo capítulo para Chile: preservar las sentencias y la memoria de las víctimas y, simultáneamente, debatir criterios humanitarios para presos de avanzada edad o con enfermedades terminales. A más de medio siglo del golpe de 1973, el desafío vuelve a ser cómo administrar las consecuencias judiciales del pasado sin impedir que una sociedad democrática pueda avanzar hacia mayores espacios de reconciliación.
**Santiago de Chile – 16 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA-**El presidente de Chile, José Antonio Kast, abrió una discusión que inevitablemente atraviesa una de las fracturas históricas más profundas de la sociedad chilena al confirmar que su Gobierno analizará “caso a caso” más de un centenar de solicitudes de indulto, muchas de ellas correspondientes a personas condenadas por delitos cometidos durante el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
La decisión no supone desconocer las sentencias dictadas por los tribunales ni revisar judicialmente responsabilidades ya establecidas. Kast fue explícito al diferenciar ambos planos: el indulto constituye una facultad presidencial vigente que puede modificar, reducir o conmutar el cumplimiento de una pena, pero no elimina la sentencia ni transforma en inocente a quien fue declarado culpable.
La distinción resulta central para comprender el debate que comienza a instalarse en Chile. Después de más de cinco décadas del golpe de Estado de 1973 y 36 años desde la recuperación democrática, el país continúa enfrentando las consecuencias políticas, judiciales y humanas de aquel período. La posibilidad de establecer criterios humanitarios para determinados condenados plantea ahora si resulta posible avanzar hacia formas de reconciliación que no signifiquen desconocer los delitos ni borrar la memoria de quienes fueron víctimas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que existen más de cien solicitudes pendientes y que una parte mayoritaria corresponde a hechos ocurridos en 1973. La posición oficial hasta ahora ha sido evitar automatismos: no habrá un beneficio colectivo decidido únicamente por la pertenencia de los condenados a las Fuerzas Armadas o los organismos de seguridad de aquella época, sino una revisión individual de antecedentes, edad, estado de salud, naturaleza de la condena y demás circunstancias de cada expediente. En Argentina existe una situación similar pero el Presidente Milei no toma el desafío
Ese criterio introduce una diferencia importante frente a las propuestas de un indulto general impulsadas desde sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Kast ha preferido conservar la herramienta constitucional del indulto particular y resolver sobre personas concretas, evitando convertir una cuestión jurídica y humanitaria en una amnistía indiscriminada.
Uno de los argumentos planteados por el mandatario se refiere a los presos con enfermedades terminales. Kast sostuvo que distintos juristas, provenientes incluso de posiciones políticas diferentes, han señalado que no corresponde que una persona muera encarcelada cuando atraviesa determinadas circunstancias médicas. El Presidente ya había defendido anteriormente la posibilidad de formas alternativas de cumplimiento para personas de avanzada edad o gravemente enfermas, distinguiendo expresamente esos mecanismos de una absolución.
La discusión adquiere especial sensibilidad porque entre quienes podrían solicitar beneficios existen personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos que la Justicia chilena ha investigado durante décadas. Secuestros, desapariciones forzadas, homicidios y torturas forman parte de sentencias firmes que constituyen un capítulo insoslayable de la historia reciente del país.
El nombre que concentra buena parte de la controversia es el del exbrigadier Miguel Krassnoff Martchenko, antiguo integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sobre quien pesan numerosas condenas por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas, con penas acumuladas que superan ampliamente los mil años.
Consultado específicamente sobre Krassnoff, Kast evitó adelantar una decisión. Su respuesta volvió al principio que pretende aplicar a todos los expedientes: estudiar la situación individual del condenado sin alterar las resoluciones judiciales que establecieron su responsabilidad.
Krassnoff agregó además un componente político al debate mediante una carta en la que reivindicó el golpe de Estado de 1973, rechazó solicitar perdón y manifestó su expectativa de recuperar la libertad. Esas expresiones explican parte de la resistencia que genera cualquier eventual beneficio y muestran también por qué una política destinada a contribuir a la reconciliación difícilmente pueda reducirse a la liberación automática de condenados.
Precisamente allí aparece la complejidad del desafío chileno. Reconciliación no equivale a olvido, del mismo modo que memoria no necesariamente exige que toda discusión sobre la forma de cumplimiento de una condena quede clausurada para siempre. Entre ambos extremos existe un terreno institucional en el que pueden considerarse edad, salud, años efectivamente cumplidos, conducta penitenciaria y circunstancias personales, sin revisar la verdad judicial establecida por sentencias firmes.
El Gobierno de Kast ha mostrado señales de que pretende transitar ese camino sin desmontar las instituciones construidas durante la democracia. En julio, el propio Presidente mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión Verdad y Niñez, junto con el ministro Rabat y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, para revisar las investigaciones sobre vulneraciones de derechos sufridas por niños bajo custodia estatal y las políticas de reparación y garantías de no repetición.
La nueva administración también inició su gestión en el Ministerio de Justicia proclamando como objetivos el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la Justicia. Ese marco institucional será determinante si La Moneda pretende que los eventuales indultos sean interpretados como decisiones humanitarias individualizadas y no como una revisión política de las condenas impuestas por los tribunales.
Para Chile, la discusión posee además una dimensión generacional. Una parte creciente de la población nació después del retorno democrático de 1990 y observa los conflictos de 1973 desde una distancia histórica que no elimina su importancia, pero obliga a preguntarse cuánto tiempo una sociedad debe permanecer organizada políticamente alrededor de fracturas producidas medio siglo atrás.
Cerrar heridas no significa negar que existieron. Supone encontrar mecanismos que permitan preservar la memoria, respetar a las víctimas, mantener intactas las decisiones judiciales y, al mismo tiempo, aceptar que el derecho también contempla principios humanitarios respecto de la vejez, la enfermedad terminal y las condiciones en que una persona cumple una condena.
El propio Kast ha resumido esa diferencia al sostener que las condenas deben cumplirse respetando la humanidad. Esa concepción puede convertirse en el punto alrededor del cual Chile discuta una salida institucional que evite tanto la impunidad como la utilización permanente del pasado como frontera infranqueable entre generaciones.
La decisión final llegará cuando los expedientes sean elevados desde el Ministerio de Justicia al Palacio de La Moneda. Allí cada caso obligará al Presidente a ponderar antecedentes judiciales y personales antes de ejercer o rechazar una atribución que la Constitución continúa depositando en el jefe del Estado. El resultado de ese proceso podrá marcar algo más profundo que la situación penitenciaria de un centenar de condenados: mostrará si, cincuenta y tres años después de 1973, Chile encuentra una fórmula que permita conservar la memoria y la Justicia mientras construye espacios de convivencia capaces de proyectarse hacia las próximas generaciones.
Fuentes consultadas: Presidencia de la República de Chile; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Radio Agricultura; Poder Judicial de Chile; BioBioChile; Emol; La Tercera; Deutsche Welle; antecedentes públicos sobre las solicitudes de indulto y las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.
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