La Casa Rosada pretende eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias antes de las elecciones de 2027, pero el calendario comienza a jugar en su contra y varios gobernadores consideran que las PASO son indispensables para ordenar sus propias disputas territoriales. Patricia Bullrich reconoció que La Libertad Avanza todavía no reúne los votos necesarios en el Senado, mientras la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre modificaciones de las reglas cuando se aproxima el proceso electoral. La paradoja es evidente: el mecanismo que Javier Milei considera costoso e innecesario se convirtió para numerosos mandatarios provinciales en una herramienta para disciplinar internas, neutralizar candidaturas disidentes y llegar a las elecciones generales con una oferta política unificada.
Buenos Aires – 17 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La reforma electoral que el presidente Javier Milei pretende convertir en una de las últimas transformaciones institucionales antes de ingresar plenamente en la campaña de 2027 chocó con un obstáculo que la Casa Rosada todavía no consiguió remover: buena parte de los gobernadores necesita exactamente aquello que el Gobierno quiere eliminar, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El proyecto enviado al Congreso el 22 de abril plantea la eliminación definitiva de las primarias nacionales. El argumento oficial sostiene que la selección de candidatos debe regresar al ámbito interno de los partidos y no ser financiada obligatoriamente por todos los contribuyentes. La Oficina del Presidente calculó que las PASO de 2023 costaron $45.000 millones y afirmó que aquella elección no resolvió ninguna interna relevante, por lo que calificó el mecanismo como un gasto estatal injustificado.
La discusión política de septiembre, sin embargo, demuestra que el problema excede ampliamente el costo de organizar una elección. Para los gobernadores, las primarias pueden funcionar como una instancia de ordenamiento territorial: permiten enfrentar candidatos dentro de una misma coalición, contener dirigentes con aspiraciones propias y evitar que listas disidentes lleguen directamente a la elección general dividiendo el voto de un oficialismo provincial.
Esa necesidad comenzó a modificar las alianzas que la Casa Rosada creía disponibles. Gobernadores que durante distintos momentos acompañaron iniciativas nacionales no necesariamente están dispuestos a entregar una herramienta que puede resultar decisiva para conservar el control de sus provincias en 2027.
La propia Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y encargada de conducir buena parte de las negociaciones parlamentarias, admitió públicamente la dificultad: el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios para eliminar o incluso suspender las PASO.
La aritmética legislativa es particularmente exigente. Una modificación de la legislación electoral requiere mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras, es decir, al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. No alcanza, por lo tanto, con reunir una mayoría circunstancial entre quienes concurran a una sesión.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomó esta semana el tratamiento de la reforma, pero después de menos de una hora pasó a cuarto intermedio sin fecha concreta para continuar. Bullrich pidió acercar posiciones, aunque la reunión dejó expuesta la ausencia de un acuerdo capaz de producir dictamen.
El tiempo comienza a convertirse en otro adversario. Restan poco más de dos meses del período ordinario de sesiones y el país se aproxima progresivamente al calendario electoral de 2027. La Cámara Nacional Electoral, integrada por Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, ya manifestó institucionalmente la importancia de la estabilidad de las reglas electorales cuando se acerca una elección, un principio que introduce presión adicional sobre cualquier modificación tardía.
La resistencia provincial tiene ejemplos concretos. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que buscará continuar al frente de la provincia en las elecciones previstas para el 9 de mayo de 2027 y mantiene una disputa política con su antecesor, el senador nacional Juan Manzur. Una primaria podría permitir resolver esa confrontación antes de la elección general y concentrar posteriormente al peronismo tucumano detrás del ganador.
Jaldo había señalado meses atrás que, si desaparecen las PASO, la selección de candidatos deberá volver a las cartas orgánicas partidarias. En el caso del Partido Justicialista tucumano, recordó que ese mecanismo contempla internas con los afiliados incluidos en el padrón correspondiente. Su posición muestra la diferencia entre eliminar las primarias organizadas por el Estado y eliminar las internas políticas: las disputas seguirán existiendo y cada fuerza deberá encontrar otra forma de resolverlas.
El problema se repite con diferentes características en otras provincias. Mandatarios que administran distritos importantes evalúan celebrar primarias provinciales entre marzo y mayo y realizar posteriormente sus elecciones locales, procurando además separar esos comicios de la elección presidencial.
El desdoblamiento posee una lógica política propia. Permite provincializar la campaña, reducir la influencia de la competencia presidencial sobre las categorías locales y concentrar recursos partidarios alrededor de la figura del gobernador. Para algunos mandatarios, mantener una instancia primaria y además separar la elección provincial de la nacional representa una herramienta de supervivencia electoral.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, tomó hasta ahora un camino diferente: anticipó su intención de realizar simultáneamente la elección provincial y la nacional, argumentando que dos convocatorias implicarían mayores costos para el Estado y obligarían a los ciudadanos a concurrir más veces a las urnas.
Las diferencias explican por qué la negociación encabezada desde la Casa Rosada por Diego Santilli resulta particularmente compleja. El Gobierno necesita simultáneamente los votos provinciales para el Presupuesto 2027, para su agenda legislativa y para la reforma electoral, mientras los gobernadores negocian recursos, obras, compromisos fiscales y reglas que incidirán directamente sobre sus propias posibilidades políticas.
Santilli recibió esta semana en la Casa Rosada a Jalil, Jaldo, Gustavo Sáenz, de Salta, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, dentro de una ronda destinada principalmente a buscar respaldo para el Presupuesto. La reforma electoral integra el trasfondo de esas conversaciones, aunque fuentes oficiales señalaron que no fue el tema central de ese encuentro.
La tensión llegó al punto de que desde el entorno de Karina Milei se transmitió en los últimos días una posición particularmente dura: los acuerdos electorales nacionales con los gobernadores deberían quedar condicionados al acompañamiento legislativo para terminar con las PASO. La advertencia intenta transformar la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza en instrumento de negociación parlamentaria.
Pero semejante presión también tiene límites. Algunos mandatarios pueden necesitar un acuerdo con el oficialismo nacional, mientras otros necesitan mucho más conservar una primaria que les permita ordenar sus propios espacios. El cálculo cambia provincia por provincia.
El peronismo opositor detectó esa vulnerabilidad. Gobernadores y referentes reunidos durante agosto alrededor de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y diferentes jefes provinciales coincidieron en defender la continuidad de las PASO, aunque mantienen profundas diferencias internas sobre candidaturas y estrategia nacional para 2027.
Paradójicamente, esas mismas diferencias explican parte del interés por conservarlas. Una primaria presidencial permitiría resolver dentro de las urnas una eventual competencia entre distintos sectores del peronismo sin obligarlos necesariamente a fracturar previamente la coalición.
La Casa Rosada analiza alternativas ante la falta de votos. Una posibilidad es reemplazar la eliminación definitiva por una nueva suspensión; otra, recuperar alguna modalidad de primarias no obligatorias o voluntarias. También aparecieron discusiones sobre colectoras o listas de adhesión, mecanismos que permitirían convivir a diferentes candidatos provinciales o partidarios con una candidatura nacional común, aunque su implementación con la Boleta Única de Papel presenta dificultades técnicas y políticas.
El debate tiene un antecedente inmediato. Las PASO nacionales ya fueron suspendidas para las elecciones legislativas de 2025, por lo que la discusión actual consiste en decidir si esa excepcionalidad se transforma en una eliminación permanente o si el sistema creado en 2009 vuelve a utilizarse para la elección presidencial de 2027.
El proyecto oficial no se limita a las primarias. También contempla modificaciones sobre los requisitos de afiliación necesarios para constituir partidos y los pisos electorales para conservar la personería jurídica. El Gobierno sostiene que pretende reducir la proliferación de agrupaciones sin representación efectiva y terminar con los denominados “sellos de goma”.
Sin embargo, las PASO concentran prácticamente toda la disputa porque afectan directamente el mecanismo mediante el cual oficialismo, oposición y fuerzas provinciales definirán sus candidatos el próximo año.
La discusión expone además una contradicción característica del federalismo electoral argentino. Desde la perspectiva nacional, una primaria obligatoria puede considerarse un gasto evitable cuando las fuerzas presentan listas únicas. Desde la lógica provincial, el mismo instrumento puede convertirse en una herramienta para ordenar coaliciones heterogéneas y evitar que varias candidaturas provenientes de un mismo espacio terminen compitiendo entre sí en la elección decisiva.
El Gobierno deberá resolver ese conflicto rápidamente. Si insiste en la eliminación total necesitará conseguir gobernadores capaces de transformar sus acuerdos con la Casa Rosada en votos concretos dentro del Congreso. Si acepta solamente suspenderlas, postergará nuevamente la definición estructural. Y si las PASO permanecen vigentes, tendrá que organizar su propia estrategia presidencial dentro de las mismas reglas que pretendía derogar.
La próxima instancia en la Comisión de Asuntos Constitucionales será determinante no solamente por el contenido que finalmente adopte el proyecto, sino por el calendario. A medida que avance el último trimestre de 2026 aumentará la dificultad institucional de modificar reglas que deberán aplicarse pocos meses después, mientras los gobernadores comenzarán a definir cronogramas, alianzas y candidaturas provinciales. La reforma que la Casa Rosada presentó en abril como una simplificación del sistema electoral terminó así convertida en una negociación mucho más profunda: quién controla el mecanismo mediante el cual se resolverán las internas que ya comenzaron a atravesar a las principales fuerzas políticas de cara a 2027.
Fuentes consultadas: Oficina del Presidente de la Nación; Cámara Nacional Electoral; Senado de la Nación; Comisión de Asuntos Constitucionales; Gobierno de Tucumán; Agencia Noticias Argentinas; La Nación; Infobae; TN; antecedentes legislativos de las PASO y de la reforma electoral 2026.
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