Por Daniel Romero
Javier Milei consiguió resultados que pocos gobiernos argentinos lograron durante décadas: derrumbó una inflación que parecía fuera de control, convirtió el déficit fiscal crónico en superávit, sostuvo una balanza comercial positiva y estabilizó variables que habían colocado al país al borde de una crisis mayor. Pero mientras Luis Caputo acumula números que el Presidente puede exhibir, la política consume buena parte de ese capital mediante internas, escándalos todavía bajo investigación, decisiones legislativas mal coordinadas, protección prolongada de funcionarios cuestionados y una agresividad verbal que transformó discusiones evitables en conflictos nacionales. La gran incógnita hacia 2027 ya no es solamente si la economía seguirá mejorando, sino si el Gobierno será capaz de evitar que sus propios errores políticos neutralicen los beneficios de esa recuperación.
Buenos Aires – 21 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Existe una paradoja cada vez más visible alrededor del gobierno de Javier Milei. Durante la mañana puede presentar cifras que habrían parecido improbables cuando asumió en diciembre de 2023; por la tarde, una declaración presidencial, una interna de poder, un escándalo judicial o una decisión política mal procesada puede consumir en horas una parte del capital construido durante meses. La Argentina observa así dos gobiernos superpuestos: uno económico, obsesionado con equilibrio fiscal, inflación y estabilidad; y otro político, atravesado por conflictos que muchas veces parecen autoinfligidos.
Negar los resultados económicos sería desconocer los datos. La inflación mensual fue de 1,7% en agosto de 2026, según el INDEC, después de que el país llegara al cambio de gobierno con una dinámica inflacionaria descontrolada y registrara un 25,5% mensual en diciembre de 2023. El descenso no elimina el aumento acumulado del costo de vida ni las dificultades salariales, pero constituye una modificación estructural respecto de la situación heredada que de continuar en este camino, sin duda, llegara a la gente en su vida diaria..
La segunda transformación es fiscal. Argentina convirtió el déficit permanente en una regla de equilibrio que hasta los adversarios económicos del Gobierno reconocen como uno de los cambios centrales del período. El Sector Público Nacional terminó 2025 con superávit financiero por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde hacía más de una década, y durante los primeros ocho meses de 2026 acumuló nuevamente un resultado financiero positivo equivalente aproximadamente al 0,2% del PBI y un superávit primario cercano al 1,1%. Sólo en agosto, el resultado financiero fue positivo en $635.529 millones.
También existe un frente externo diferente del recibido en 2023. En agosto las exportaciones alcanzaron US$8.883 millones, las importaciones US$6.696 millones y la balanza comercial produjo un superávit de US$2.187 millones, acumulando 33 meses consecutivos con saldo positivo. El Gobierno consiguió además atraer inversiones hacia energía y minería, mientras Vaca Muerta y los proyectos vinculados con petróleo y GNL comenzaron a modificar las perspectivas estructurales de ingreso de divisas.
Incluso la pobreza, que se había disparado durante el shock inicial del programa de estabilización, retrocedió posteriormente: el INDEC calculó que 28,2% de las personas se encontraban debajo de la línea de pobreza durante el segundo semestre de 2025, todavía un número enorme, pero considerablemente inferior al registrado durante los primeros meses del ajuste.
La actividad, sin embargo, muestra que el proceso no es lineal. El PBI creció 2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, aunque cayó 0,6% frente al trimestre anterior en términos desestacionalizados. El desempleo se ubicó en 7,9% y la industria manufacturera registró una caída interanual de 5% en julio. Es decir, Milei puede mostrar una estabilización macroeconómica significativa, pero todavía no puede afirmar que todos esos resultados se hayan trasladado de manera homogénea al empleo, los salarios, la producción industrial y el consumo cotidiano.
Hasta allí aparece el Milei que ordena.
Después comienza el otro.
El caso $LIBRA produjo uno de los golpes más innecesarios que recibió el Gobierno. El Presidente promocionó personalmente en febrero de 2025 una criptomoneda cuyo valor se disparó y luego se desplomó, provocando pérdidas entre inversores y generando investigaciones judiciales en Argentina y demandas en Estados Unidos. Una investigación encabezada por el fiscal Eduardo Taiano continúa intentando reconstruir movimientos millonarios vinculados con billeteras asociadas a Hayden Davis, mientras la Justicia estadounidense analiza reclamos civiles. No existe una condena contra Milei, pero políticamente el episodio dañó una de sus principales banderas: presentarse como completamente distinto de una clase política acostumbrada a operar cerca de negocios privados poco transparentes.
Después llegó ANDIS. Lo que comenzó con audios atribuidos a Diego Spagnuolo, antiguo abogado personal de Milei y entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, derivó en una causa judicial por presuntas coimas, sobreprecios y direccionamiento de compras de medicamentos. En febrero fueron procesados seis exfuncionarios y trece empresarios; la investigación sostuvo la existencia de una estructura que habría generado entre US$500.000 y US$800.000 mensuales mediante contrataciones irregulares. Entre los nombres mencionados en los audios apareció Karina Milei, aunque hasta el momento no fue formalmente procesada por esos hechos.
Aquí aparece una contradicción política particularmente costosa. El Gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta” debió dedicar meses a explicar por qué personas vinculadas estrechamente con el Presidente aparecían alrededor de expedientes judiciales donde se investigan exactamente aquellas prácticas que Milei denunciaba en sus adversarios.
El caso Manuel Adorni agravó esa percepción. Durante meses el Presidente sostuvo a uno de sus funcionarios más cercanos frente a cuestionamientos por inconsistencias patrimoniales. Adorni terminó renunciando como jefe de Gabinete en junio, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y después de admitir ahorros no incluidos originalmente en sus declaraciones patrimoniales. Milei lo había defendido hasta que la presión política volvió imposible su permanencia.
El costo del episodio no surgió solamente de las sospechas sobre Adorni. Surgió también de la pregunta sobre por qué el Gobierno demoró tanto en actuar. Cuando finalmente se produjo la salida, Se pudo observar el episodio como la crisis que más tiempo y capital simbólico había consumido desde el comienzo de la administración libertaria y la defensa prolongada del funcionario terminó dañando el discurso anticorrupción oficial.
A ello se suma una interna permanente dentro de la propia estructura presidencial. Karina Milei y Santiago Caputo, dos pilares del llamado “triángulo de hierro”, atravesaron disputas por Justicia, inteligencia, armado electoral y control territorial. En marzo, Karina desplazó a hombres cercanos a Caputo del Ministerio de Justicia; en mayo, la disputa llegó hasta la comisión parlamentaria que controla la SIDE, presidida por Sebastián Pareja, dirigente de absoluta confianza de la hermana presidencial, amen que no logra poner en funcionamoento a una SIDE profesional a pesar de los diferentes cambios en estructura y funcionarios. ¿Será que hace falta un verdadero plan, realizado por expertos?
Esas peleas no necesariamente destruyen un gobierno: todos los oficialismos tienen internas. El problema aparece cuando se vuelven visibles, interfieren con decisiones públicas o terminan provocando vetos cruzados sobre candidaturas, funcionarios y políticas. La reciente visita de Milei a Bahía Blanca volvió a mostrar esa dificultad, con Pareja enfrentado a dirigentes libertarios, al PRO y a sectores empresarios mientras el Presidente intentaba exhibir inversiones y gestión.
Otra fuente de desgaste ha sido la relación con el Congreso. Milei convirtió el equilibrio fiscal en una línea que considera innegociable, pero muchas veces esa defensa económica fue acompañada por una estrategia política que transformó discusiones técnicas en choques institucionales. Los vetos a aumentos jubilatorios y a normas vinculadas con discapacidad en 2025 tuvieron una explicación fiscal concreta: el Gobierno sostuvo que el Congreso aprobaba gastos sin fuentes de financiamiento. Sin embargo, el costo político fue evidente porque colocó al Presidente enfrentado con jubilados y personas con discapacidad, dos sectores de enorme sensibilidad social.
La controversia continúa en 2026. El proyecto de Presupuesto 2027 volvió a introducir cambios relacionados con discapacidad y generó una discusión dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich llegó a advertir que insistir nuevamente sobre esa cuestión podía transformarse en un “error no forzado” y contradijo públicamente al jefe de Gabinete Diego Santilli sobre cómo había sido discutido el tema dentro de la Mesa Política. Lo que debía ser una negociación presupuestaria terminó nuevamente mostrando problemas internos de coordinación.
Pero probablemente la contradicción más desconcertante sea comunicacional. Milei necesita convencer a inversores, empresarios, gobernadores, legisladores y ciudadanos moderados de que Argentina ingresó en una etapa de previsibilidad. Al mismo tiempo, mantiene una retórica pública de confrontación permanente contra periodistas, economistas, legisladores, artistas e incluso antiguos aliados.
El Committee to Protect Journalists, citando relevamientos de FOPEA, informó que durante 2025 se registraron 278 ataques contra la libertad de prensa, 55% más que en 2024 y 139% más que en 2023, y atribuyó a Milei participación en 43% de los episodios vinculados con discursos estigmatizantes, insultos y ofensas. FOPEA analizó más de 113.000 publicaciones presidenciales y documentó expresiones como “ensobrados”, “delincuentes”, “mandriles” y “terroristas” dirigidas contra periodistas.
En abril de este año, después de una controversia por imágenes obtenidas dentro de Casa Rosada, el Gobierno restringió temporalmente el acceso de periodistas acreditados y Milei calificó públicamente a dos trabajadores de TN como “basuras repugnantes”. Los medios registraron el episodio como parte del creciente enfrentamiento entre la Presidencia y el periodismo.
Aquí aparece posiblemente el mayor interrogante político de Milei. ¿Qué beneficio obtiene un presidente que está logrando bajar la inflación cuando dedica parte de su capital político a insultar periodistas? ¿Qué obtiene enfrentando públicamente a aliados con los que necesita aprobar leyes? ¿Qué gana protegiendo durante meses a un funcionario cuestionado para finalmente terminar aceptando su salida? ¿Qué ventaja produce convertir una discusión sobre discapacidad en una crisis interna cuando el objetivo central debería ser defender el equilibrio fiscal sin generar una percepción de insensibilidad?
La economía requiere tiempo. La política puede destruir confianza en minutos.
Los datos de opinión pública muestran esa tensión. La encuesta de Poliarquía de septiembre registró una aprobación de Milei del 42%, sin recuperación durante tres meses consecutivos después de una fuerte caída durante el primer semestre. El 52% tenía una evaluación negativa de la situación económica actual y los problemas económicos reunían 60% de las principales preocupaciones personales. Los bajos salarios fueron mencionados por el 20% de los encuestados, el máximo de la serie. El endeudamiento de las personas para pagar comida y la forma de lateralizarlo del Presidente, aduciendo ue se endeudaron para comprar televisores para el mundial, fue demasiado.
La Universidad Torcuato Di Tella, en cambio, registró una recuperación parcial de la confianza en agosto: el Índice de Confianza en el Gobierno aumentó 6,4% respecto de julio y se ubicó en 2,06 puntos. Es una demostración de que el deterioro político tampoco es lineal y de que Milei conserva una base social significativa.
Por eso sería prematuro transformar el escenario actual en una predicción sobre 2027. Las encuestas muestran un gobierno con apoyo importante, pero también con rechazo elevado y con sectores que todavía no sienten que la estabilización macroeconómica haya mejorado sustancialmente su situación personal. La elección presidencial se realizará dentro de más de un año y variables como inflación, salarios reales, empleo, crecimiento y corrupción pueden modificar profundamente el escenario. Que Kicillof tenga numeros que lo acercan electoralmente, es un “logro” politico de Milei.
La pregunta relevante no es hoy quién ganará.
La pregunta es qué Milei llegará a 2027.
Si llega el presidente que consiguió bajar una inflación que parecía indomable, sostener durante años un superávit fiscal, ampliar exportaciones energéticas, reducir pobreza respecto del pico inicial y construir una economía más previsible, podrá exhibir un expediente económico que ningún adversario serio podrá simplemente desconocer.
Si llega acompañado por nuevas causas judiciales, disputas dentro de su propia familia política, funcionarios protegidos hasta último momento, conflictos innecesarios con periodistas, aliados y sectores sociales, entonces deberá explicar por qué un Gobierno que demostró una disciplina extraordinaria para ordenar las cuentas públicas nunca consiguió aplicar una disciplina semejante a su propia política, o mejor dicho, porqué no aprendió a cerrar la boca.
Milei descubrió antes que muchos dirigentes argentinos que sin estabilidad económica no existe poder político sostenible. Lo que todavía debe resolver es la ecuación inversa: una economía que mejora tampoco garantiza por sí sola legitimidad ilimitada si el Gobierno consume sistemáticamente confianza mediante errores que no provienen del mercado, de la oposición ni del kirchnerismo, sino de sus propias decisiones.
En definitiva, la disputa hacia 2027 no obliga a elegir hoy entre economía y política. Obliga a observar cuánto de la mejora macroeconómica llegará efectivamente al bolsillo y cuánto capital político seguirá perdiendo el Gobierno por conflictos evitables. Milei construyó una parte importante de aquello que prometió en economía; el desafío pendiente es evitar que la política termine cobrando un precio mayor que los beneficios obtenidos.
Fuentes consultadas: INDEC, Ministerio de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Poliarquía Consultores, Committee to Protect Journalists, FOPEA, actuaciones judiciales de las causas $LIBRA, ANDIS y patrimonio de Manuel Adorni, y antecedentes legislativos de los vetos y del Presupuesto 2027.
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