Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos en la comunidad de Las Tacitas, en Ocosingo, después de ser acusados de practicar “brujería”. La Fiscalía de Chiapas investiga el doble crimen, mientras el contexto de violencia, grupos armados y narcotráfico que atraviesa esa región obliga a determinar si la acusación supersticiosa fue realmente el motivo del ataque o si ocultó una disputa de mayor profundidad.
Ocosingo – 25 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron golpeados, rociados con combustible y quemados vivos por pobladores de la comunidad de Las Tacitas, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de ser acusados de practicar brujería. El linchamiento ocurrió durante la noche del martes 22 de septiembre y quedó registrado parcialmente en videos que comenzaron a circular en redes sociales, donde puede observarse a una de las víctimas envuelta en llamas mientras intenta desplazarse ante la presencia de numerosos habitantes.
Las primeras versiones fueron contradictorias sobre el número de muertos. Algunas fuentes oficiales hablaron inicialmente de un hombre, mientras organismos regionales informaron que se trataba de dos personas. Con el avance de las horas se consolidó la versión de un hombre y una mujer, identificados preliminarmente como Nicolás “N” e Irma “N”, retenidos por integrantes de la propia comunidad y trasladados al espacio central del poblado antes de ser sometidos durante varias horas a agresiones físicas y verbales.
Los cuerpos fueron posteriormente abandonados en las afueras de Las Tacitas, junto a un camino, mientras familiares y autoridades tradicionales reclamaban intervención del Estado. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de su área especializada en justicia indígena, abrió una investigación destinada a identificar a los participantes y establecer cómo se tomó la decisión de ejecutar a las víctimas.
La explicación inicial se concentra en una acusación de “brujería”. En distintas comunidades rurales de México todavía persisten prácticas de justicia comunitaria y creencias tradicionales capaces de producir conflictos violentos, pero el caso de Las Tacitas presenta características que obligan a mirar más allá de la versión superficial. Dos personas fueron retenidas colectivamente, sometidas durante horas y finalmente ejecutadas mediante un procedimiento que requirió combustible, participación organizada y tolerancia o intervención de un número importante de habitantes.
Ocosingo tampoco constituye un territorio ajeno a la violencia extrema. En 2020, dos hombres ya habían sido quemados vivos en otra comunidad del municipio después de ser acusados de participar en un homicidio. El antecedente demuestra la existencia de episodios previos de justicia por mano propia, aunque la situación actual se produce en un contexto regional mucho más complejo.
Durante los últimos años, distintas regiones indígenas de Chiapas quedaron expuestas a la expansión de grupos armados, células de narcomenudeo, redes de contrabando y organizaciones criminales que disputan rutas, territorio y control político local. La violencia se extendió desde la frontera con Guatemala hacia municipios del interior, generando asesinatos, desapariciones, desplazamientos y una creciente militarización de zonas tradicionalmente marginadas del control efectivo del Estado.
El entorno inmediato de Ocosingo presenta además señales recientes de actividad criminal organizada. Apenas días antes del linchamiento, una investigación permitió identificar una célula de narcomenudeo vinculada con ataques armados contra civiles, cuyos movimientos eran supuestamente coordinados desde un penal situado precisamente en Ocosingo. La pesquisa derivó en al menos 15 detenciones y mostró nuevamente que las estructuras criminales poseen capacidad operativa incluso desde ámbitos bajo custodia estatal.
Ese contexto abre una hipótesis que la investigación deberá descartar o confirmar: si la acusación de “brujería” constituyó realmente el único detonante del crimen o si funcionó como justificación social para encubrir una disputa distinta. En regiones donde narcotráfico, conflictos agrarios, contrabando y estructuras armadas se superponen con sistemas comunitarios tradicionales, una acusación supersticiosa puede convertirse también en un instrumento para eliminar adversarios, resolver deudas, apropiarse de tierras o imponer control sobre una población.
Hasta el momento, sin embargo, no existe evidencia pública que vincule a Nicolás e Irma con actividades de narcotráfico ni que pruebe que hayan sido asesinados por una organización criminal. Tampoco se difundieron antecedentes penales de las víctimas ni una investigación oficial que relacione directamente el linchamiento con algún cartel. Introducir esa vinculación como un hecho sería prematuro; investigarla, en cambio, resulta necesario por el contexto territorial y por la magnitud de la violencia empleada.
La Fiscalía deberá reconstruir además quién promovió originalmente la acusación de brujería, qué hecho concreto se atribuyó a las víctimas, quién convocó a la comunidad, quién suministró el combustible y si existieron amenazas previas. Esos detalles serán centrales para determinar si se trató de una explosión de fanatismo colectivo o de una acción inducida por personas con intereses particulares.
Las comunidades indígenas de Chiapas llevan años denunciando que el vacío estatal permitió que disputas agrarias, diferencias políticas y estructuras criminales terminaran mezclándose en un mismo territorio. En algunos municipios, organizaciones comunitarias armadas surgidas originalmente como mecanismos de autodefensa terminaron posteriormente acusadas de establecer vínculos con redes ilegales o de convertirse en actores de poder autónomo. Ese deterioro institucional genera las condiciones para que la frontera entre justicia comunitaria, violencia política y criminalidad se vuelva cada vez más difícil de distinguir.
La brutalidad del caso de Las Tacitas exige por ello una investigación que no termine simplemente registrando “brujería” como móvil. La acusación puede explicar el discurso utilizado para justificar el linchamiento, pero no necesariamente explica quién originó la persecución ni qué intereses pudieron existir detrás. Identificar la relación previa entre las víctimas y sus acusadores, movimientos de dinero, disputas territoriales, eventuales amenazas y conexiones con grupos armados será indispensable para establecer si el doble asesinato nació exclusivamente de una creencia supersticiosa o si detrás de las llamas existía una trama que la comunidad todavía no quiere revelar.
Fuentes consultadas: Fiscalía General del Estado de Chiapas; autoridades regionales de Protección Civil; EFE; medios locales de Chiapas; antecedentes sobre violencia comunitaria en Ocosingo; investigaciones recientes sobre grupos armados, narcomenudeo y crimen organizado en Chiapas.
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