Por Redaccion TNA
El Presidente justificó la militarización de la Quinta por razones de seguridad y dijo enfrentar “enemigos muy pesados”. La crisis interna, sin embargo, alcanzó a funcionarios designados por su propia administración, entre ellos el intendente de Olivos y una subsecretaria cercana a Karina Milei. En paralelo, ATE aseguró que los doce trabajadores despedidos serán reincorporados en Casa Rosada y otras dependencias, mientras la Justicia analiza compras que contemplaban más de nueve toneladas de carnes para Olivos en apenas seis meses.
Buenos Aires – 28 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El presidente Javier Milei justificó la profunda reorganización de la Quinta Presidencial de Olivos al afirmar que la residencia pasó a recibir el tratamiento de una “base militar” por razones de seguridad y sostuvo que enfrenta “enemigos muy pesados”, aunque luego precisó que se refería principalmente a adversarios internacionales y relegó a los locales a lo que denominó “vigésimo quinto orden”. La explicación presidencial, sin embargo, no despejó uno de los interrogantes centrales que dejó la crisis: los desplazamientos alcanzaron a personas que habían sido incorporadas y sostenidas por el propio Gobierno, mientras una parte del personal inicialmente cesanteado terminó negociando su regreso a otras dependencias del mismo Estado.
Entre los funcionarios apartados aparece Osvaldo Javier Sosa, administrador general —conocido internamente como “intendente”— de la residencia de Olivos, cuya designación había sido formalizada por la administración Milei con efecto desde el 10 de diciembre de 2023. Sosa era además cuñado de María Belén Agudiez, hasta hace pocos días subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, una funcionaria que ocupaba el cargo desde el inicio de la gestión y era considerada parte del círculo de confianza de Karina Milei. Agudiez presentó su renuncia después del desplazamiento de Sosa y su salida quedó oficializada mediante el Decreto 1055/2026.
El episodio adquirió una dimensión adicional a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien pidió investigar contrataciones y compras de alimentos destinadas a la Casa Rosada y a la residencia presidencial. Dos pliegos oficiales fechados el 24 y 25 de agosto contemplaban, bajo la modalidad de orden de compra abierta, hasta 29.505 kilos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para un período de seis meses. De ese total, 9.135 kilos correspondían exclusivamente a Olivos, equivalentes, según el cálculo incorporado a la denuncia, a aproximadamente 50 kilos diarios o unas 36.500 raciones durante el semestre. Al tratarse de una contratación abierta, esas cantidades representan máximos previstos y no prueban por sí mismas que toda la mercadería haya sido efectivamente pedida, recibida o consumida.
Las cantidades llamaron todavía más la atención cuando fueron comparadas con otros productos previstos para la sede gubernamental. Pagano señaló que los pliegos asignaban a Olivos cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que a la Casa Rosada, pese a sostener que por Balcarce 50 circula una cantidad de personas muy superior. La denuncia añadió otro dato: una contratación de frutas y verduras proyectada inicialmente para seis meses habría debido ser reemplazada a los cuatro meses y medio, circunstancia que, según la presentación, implicaría un ritmo superior a 150 kilos diarios de frutas y verduras para la residencia. Las compras de frutas y verduras destinadas a Olivos se estructuran oficialmente mediante contratos de seis meses bajo modalidad abierta, con posibilidad de prórroga o hasta agotar las cantidades máximas previstas.
Milei rechazó las sospechas y calificó de “denunciadores seriales” a quienes impulsaron las presentaciones. También sostuvo que las compras deben contemplar la alimentación de cerca de 300 personas entre la Quinta y la Casa Rosada y afirmó que Karina Milei apenas estuvo cuatro veces en Olivos durante toda la gestión. La investigación judicial, mientras tanto, busca reconstruir el circuito de pedidos, recepción y utilización de los alimentos y determinar si existió alguna vinculación con servicios privados de catering relacionados con personas del entorno de los funcionarios desplazados.
El otro giro significativo llegó por el lado laboral. El Gobierno había confirmado inicialmente 12 despidos dentro de la reorganización de Olivos, que colocó a la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General que conduce Karina Milei, al frente de las funciones de seguridad y administración del predio. Pero pocos días después ATE anunció que consiguió la reincorporación de esos doce trabajadores. La información fue corroborada por distintas fuentes periodísticas: los empleados serían destinados a la Casa Rosada y a oficinas de Presidencia ubicadas en Avenida 25 de Mayo al 600, aunque al momento del anuncio todavía faltaba formalizar administrativamente los nuevos destinos.
Ese movimiento introduce una pregunta inevitable sobre la explicación oficial. Si el desplazamiento del personal civil respondió a riesgos de seguridad suficientemente graves como para transformar la Quinta de Olivos en una instalación con tratamiento de “base militar”, deberá determinarse por qué los empleados inicialmente apartados pueden continuar trabajando dentro de dependencias de la Presidencia y qué diferencias existieron entre esos trabajadores y los responsables jerárquicos que quedaron definitivamente fuera de la estructura. La cuestión resulta especialmente relevante porque el foco de las sospechas no apareció sobre empleados heredados exclusivamente de administraciones anteriores, sino también sobre Sosa y Agudiez, dos personas que ejercieron cargos durante la propia gestión libertaria.
La Justicia tendrá ahora que determinar qué ocurrió efectivamente con las contrataciones cuestionadas y si las cantidades previstas se transformaron en órdenes reales, entregas y consumos. Pero políticamente queda abierto otro interrogante: si detrás de la intervención de Olivos existían amenazas internas suficientemente serias como para desarmar su administración civil, resta conocer cuáles fueron individualizadas, qué responsabilidades se atribuyeron a cada involucrado y por qué, en el caso de los doce trabajadores expulsados inicialmente, la solución terminó siendo no su salida del Estado sino su reasignación dentro de la propia Presidencia.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina; sistema COMPR.AR; Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); documentación de la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano; declaraciones públicas del presidente Javier Milei; Chequeado; TN; La Nación; Infobae.
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