El excandidato presidencial cuestionó a Keiko Fujimori después de que la mandataria dijera que el Parlamento estaba “poniendo a prueba” la paciencia de su Gobierno por demorar la delegación de facultades. La discusión ocurre mientras Perú continúa enfrentando una grave crisis de extorsiones, sicariato y crimen organizado, aunque estadísticas oficiales muestran descensos interanuales en algunos delitos durante parte de 2026.
Lima – 30 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El excandidato presidencial y exministro de Defensa Jorge Nieto lanzó una dura respuesta contra la presidente Keiko Fujimori y le reclamó que concentre sus esfuerzos en gobernar y combatir la criminalidad, después de que la mandataria cuestionara al Congreso por llevar cuatro semanas sin resolver el pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas extraordinarias durante 120 días.
“¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!”, escribió Nieto en la red social X, en una crítica directa al tono utilizado por Fujimori durante una actividad oficial en la región de Ica.
La presidenta había afirmado que el Congreso estaba “poniendo a prueba nuestra paciencia” al no definir todavía la delegación legislativa. Sostuvo que su Gobierno necesita instrumentos más rápidos para enfrentar la delincuencia y responder ante la amenaza climática de El Niño, y aseguró que esperaba una decisión favorable del Parlamento.
El enfrentamiento verbal tiene como trasfondo una discusión institucional considerablemente más amplia. El proyecto enviado por el Ejecutivo no se limita a seguridad ciudadana. Según documentación oficial del Congreso, Fujimori solicita autorización para legislar durante 120 días sobre ocho grandes áreas que comprenden 66 materias específicas, entre ellas legislación penal y procesal penal, sistema penitenciario, migraciones, micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, minería, hidrocarburos, electricidad, régimen tributario, comercio exterior, reforma del Estado, vivienda y saneamiento.
Ese alcance explica parte de las resistencias que aparecieron dentro de la Cámara de Diputados. Durante las primeras exposiciones del jefe del Gabinete, Luis Galarreta, legisladores de distintas bancadas manifestaron disposición a conceder instrumentos específicos para enfrentar la inseguridad y El Niño, pero reclamaron que el Gobierno delimite con mayor precisión facultades que exceden esas emergencias.
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores inició formalmente el martes 29 de septiembre el debate del dictamen y decidió continuarlo este miércoles. La delegación solicitada incluye expresamente facultades en materia penal, policial, penitenciaria, migratoria, económica, tributaria y administrativa, entre otras, por lo que el Congreso discute no solamente cuánto poder transferir al Ejecutivo sino también qué materias conservar bajo tratamiento legislativo ordinario.
Fujimori había adoptado inicialmente un tono más moderado. El 11 de septiembre pidió “celeridad” al Congreso y aseguró respetar el procedimiento parlamentario, argumentando que la población exigía respuestas rápidas. Dos semanas después endureció el discurso y sostuvo que cuatro semanas de tratamiento estaban poniendo a prueba la paciencia del Gobierno.
Nieto aprovechó ese cambio para advertir sobre lo que interpreta como una presión impropia sobre el Legislativo. También recordó expresiones anteriores de Galarreta, quien había calificado de “radicales” a sectores que impulsaban el rechazo de la delegación. “Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta. Recuerde: toda repetición es una ofensa”, escribió el exministro.
El Gobierno rechaza que exista una amenaza institucional. Fujimori aseguró que respetará la democracia y los procedimientos constitucionales, aunque anticipó que utilizará los instrumentos disponibles para combatir al crimen aun si el Congreso no concede las facultades. Galarreta había expresado días antes una posición semejante: señaló que, si el Parlamento rechaza la delegación, las medidas gubernamentales demorarán más, pero el Ejecutivo continuará adelante mediante los mecanismos legales ordinarios.
El debate se desarrolla sobre un problema de seguridad que sigue ocupando el centro de la agenda peruana. Un informe conjunto publicado en julio por los ministerios del Interior y de Justicia confirmó la expansión territorial de la extorsión entre 2019 y 2025 y su creciente asociación con otras formas de violencia criminal. El fenómeno golpea especialmente al transporte, comercios y pequeñas empresas y ha convertido el cobro de cupos en una de las principales expresiones del crimen organizado peruano.
Los propios datos oficiales, sin embargo, muestran una situación más compleja que una expansión uniforme de todos los delitos. Entre el 1° de enero y el 14 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior informó una reducción interanual del 22% en homicidios, del 29% en denuncias por extorsión, del 14% en robos y del 11% en secuestros respecto del mismo período de 2025. Son cifras preliminares y sujetas a actualización, pero permiten distinguir entre la persistencia estructural del crimen organizado y la evolución reciente de determinados indicadores.
El INEI, por su parte, mantiene un seguimiento semestral de victimización y seguridad ciudadana y publicó el 3 de septiembre su última medición correspondiente al período febrero-julio de 2026, confirmando que la inseguridad continúa siendo objeto de monitoreo estadístico prioritario para el Estado peruano.
La controversia, por lo tanto, excede el cruce personal entre Fujimori y Nieto. El Ejecutivo sostiene que necesita capacidad normativa acelerada frente a emergencias que considera impostergables; sectores del Congreso responden que una autorización de 120 días que abarca decenas de materias debe ser delimitada antes de transferir facultades legislativas propias del Parlamento. En ese escenario, el reclamo de Nieto coloca además sobre la mesa otra discusión: hasta dónde puede llegar la presión política de un Presidente sobre el Congreso sin convertir una negociación institucional en una confrontación entre poderes.
Fuentes consultadas: Congreso de la República del Perú; Diario Oficial El Peruano; Ministerio del Interior del Perú; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú; Instituto Nacional de Estadística e Informática; EFE; Infobae Perú.
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