El ex subjefe de la Policía Bonaerense Salvador Baratta lanzó una advertencia severa sobre el avance del narcotráfico en Mar del Plata: describió barrios periféricos convertidos en territorios de venta de drogas, vinculó la expansión criminal con violencia y cuestionó la falta de decisión política para enfrentar el fenómeno. Las investigaciones judiciales de los últimos dos años aportan datos inquietantes: organizaciones que combinan cocaína, armas, robos y usurpaciones; bandas dirigidas desde la cárcel de Batán; drogas sintéticas llegadas desde Europa y homicidios investigados como ajustes de cuentas. La ciudad estuvo gobernada durante casi todo ese proceso por Guillermo Montenegro y, desde diciembre de 2025, interinamente por Agustín Neme.
Mar del Plata – 4 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- La advertencia fue directa y difícil de minimizar. Salvador Baratta, ex subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que Mar del Plata corre el riesgo de convertirse en “la Rosario de Buenos Aires” y describió una ciudad donde el narcotráfico habría avanzado sobre cordones de barrios vulnerables, puntos estables de comercialización de drogas y circuitos económicos que requieren ser investigados con una profundidad que, a su criterio, la política no ha demostrado hasta ahora.
En declaraciones radiales realizadas en Mar del Plata, Baratta sostuvo que alrededor de la ciudad se consolidaron barrios donde la venta de estupefacientes forma parte de la vida cotidiana y advirtió además sobre el crecimiento de emprendimientos inmobiliarios cuyo origen de fondos, según planteó, debería ser analizado. También apuntó contra sectores políticos que, afirmó, mantienen relaciones clientelares con estructuras territoriales que luego utilizan durante las campañas electorales.
La comparación con Rosario es extrema, pero detrás de ella existe un dato imposible de desconocer: la Justicia federal viene detectando estructuras criminales cada vez más organizadas, armadas y diversificadas en territorio marplatense. En abril de este año, una investigación de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Mar del Plata permitió imputar a siete personas por integrar una organización dedicada simultáneamente al narcotráfico, robos violentos, tráfico de armas, usurpaciones y otros hechos de violencia. Dos de sus presuntos jefes dirigían parte de la estructura desde unidades penitenciarias de Batán, mientras la organización distribuía cocaína y marihuana en distintos puntos de la ciudad. En 23 allanamientos fueron secuestradas siete armas de fuego, vehículos, drogas y teléfonos utilizados para coordinar operaciones.
El fiscal federal Santiago Eyherabide describió entonces una estructura en la que el territorio funcionaba como elemento centralizador de diferentes actividades delictivas. La investigación detectó además movimientos bancarios que, según la hipótesis fiscal, servían para sostener el abastecimiento de estupefacientes.
Dos meses después, otro operativo desarticuló una organización narcocriminal que operaba entre Mar del Plata y el conurbano bonaerense y permitió secuestrar más de 15 kilos de cocaína y detener a siete personas. La investigación había surgido de información obtenida dentro de otra causa por narcotráfico, un indicador de que las pesquisas comenzaron a conectar redes que ya no funcionan como simples vendedores barriales aislados.
En agosto, tres personas quedaron con prisión preventiva por integrar otra organización dedicada a comercializar cocaína. En los allanamientos se encontraron más de 3,5 kilos, un arma, dinero, vehículos y tres ladrillos de aproximadamente un kilo cada uno escondidos entre materiales de construcción en un predio del barrio Ameghino.
El fenómeno se extiende también a las drogas sintéticas. A comienzos de 2026, la Justicia detuvo a ocho personas acusadas de integrar una red que ingresaba metanfetaminas y éxtasis desde España y distribuía además cocaína, tusi, marihuana, ketamina y hongos alucinógenos en Mar del Plata y otras ciudades de la costa. Fueron secuestrados casi un kilo de cristales de metanfetamina y cerca de mil comprimidos de éxtasis.
Otro expediente reveló un nivel todavía más degradante de explotación criminal: un hombre acusado de liderar una banda narco fue procesado por haber captado mediante engaños a dos jóvenes, trasladarlos a Mar del Plata, mantenerlos encerrados durante las 24 horas y obligarlos a vender cocaína.
La violencia asociada a esos mercados comenzó igualmente a aparecer detrás de algunos homicidios. En abril de este año, tres asesinatos ocurridos en apenas 72 horas pusieron a los investigadores sobre la pista de conflictos relacionados con puntos de venta de drogas. Uno de los cuerpos fue encontrado carbonizado en un descampado próximo a los barrios José Hernández y Caribe. Otro hombre fue baleado posteriormente en General Belgrano. Los investigadores analizaron si ambos hechos formaban parte de disputas vinculadas con un “point” de venta y consumo de drogas.
En julio de 2025, Marcos Cousiño, de 48 años, murió después de recibir disparos en el cuello, abdomen y una pierna en su vivienda del barrio General Pueyrredón. Como el atacante escapó sin robarle pertenencias, la investigación trabajó desde el comienzo sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque el expediente también incorporó conflictos personales entre la víctima y personas de su entorno.
Las cifras judiciales describen además una ciudad con una importante actividad vinculada a estupefacientes y un crecimiento preocupante de determinados delitos violentos. En el Departamento Judicial Mar del Plata se iniciaron 2.368 investigaciones por infracciones a la Ley de Estupefacientes durante 2025, mientras los expedientes por robo agravado por uso de arma crecieron 33,2% frente al año anterior. Las causas clasificadas como homicidios pasaron de 52 a 54 en ese mismo comparativo departamental.
Baratta puso también el foco sobre el circuito del dinero. El ex jefe policial llamó la atención sobre la multiplicación de edificios y emprendimientos y planteó que parte del auge inmobiliario debería ser sometido a controles patrimoniales para determinar el origen de los fondos. Mar del Plata posee antecedentes judiciales concretos de utilización del ladrillo como mecanismo de lavado criminal.
Uno de los casos más notorios fue el de “Carbón Blanco”. La investigación determinó que parte de los fondos originados en el narcotráfico fueron canalizados hacia desarrollos inmobiliarios marplatenses; el esquema llegó a involucrar al menos nueve emprendimientos vinculados con sociedades utilizadas por la organización.
Más recientemente, en 2024, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de tres personas por lavado de activos utilizados para comprar un inmueble en el macrocentro, demolerlo y levantar allí un edificio de 18 unidades. En ese caso, el delito precedente investigado no era narcotráfico sino administración fraudulenta, pero el expediente volvió a demostrar la aptitud del mercado inmobiliario para absorber fondos de origen ilícito.
La sospecha planteada por Baratta introduce así una pregunta que excede la denuncia radial: qué controles se están realizando actualmente sobre el origen de los fondos que ingresan al boom de la construcción marplatense y cuántas operaciones generan Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF.
Esa discusión conduce inevitablemente hacia la responsabilidad política. Guillermo Montenegro gobierna General Pueyrredón desde diciembre de 2019. Fue reelegido en 2023, pidió licencia a fines de 2025 para asumir como senador bonaerense y dejó interinamente el municipio en manos de Agustín Neme, integrante de su mismo espacio y continuador explícito del modelo municipal iniciado en 2019. Montenegro anunció ahora que abandonará su banca legislativa y regresará a la Intendencia para completar su segundo mandato.
Sería artificial, por lo tanto, presentar la situación actual como un problema surgido durante una administración ajena a quienes condujeron la ciudad durante los últimos años. La persecución del narcotráfico corresponde principalmente a la Justicia Federal y a fuerzas provinciales y federales, pero el municipio tiene responsabilidades directas sobre habilitaciones, nocturnidad, inspecciones comerciales, urbanización, cámaras de seguridad, políticas sociales, control del espacio público y prevención territorial. Cuando durante años crecen puntos de venta, economías marginales y barrios donde las organizaciones criminales encuentran mano de obra, territorio y consumidores, ninguna administración local puede limitar su balance de seguridad al número de patrulleros o cámaras incorporadas.
Montenegro construyó buena parte de su identidad política precisamente alrededor de un discurso de orden y seguridad. Sin embargo, mientras esa imagen ocupaba el centro de la comunicación municipal, las investigaciones federales fueron documentando clanes familiares dedicados a la comercialización de estupefacientes, redes conectadas con el conurbano, puntos administrados desde cárceles, circulación de armas y organizaciones capaces de combinar drogas con robos y ocupación territorial.
La gestión interina de Neme tampoco produjo una ruptura con ese esquema: él mismo definió su administración como continuidad del “modelo de ciudad” iniciado en 2019. El regreso de Montenegro a la Intendencia, confirmado esta semana y previsto una vez concluidos los trámites administrativos, llegará precisamente en medio de una creciente preocupación local por la inseguridad.
La comparación utilizada por Baratta con Rosario debería servir menos como eslogan que como advertencia, porque la penetración narco en la ciudad santafesina tampoco alcanzó su máxima gravedad de un día para otro. El proceso comenzó en barrios vulnerables, consolidó puntos de venta, reclutó jóvenes, incorporó armas, avanzó sobre territorios y terminó utilizando comercios, inmuebles y otras actividades económicas para mover y blanquear dinero.
Mar del Plata conserva condiciones sociales, institucionales y criminales diferentes, pero las causas judiciales acumuladas durante 2025 y 2026 muestran suficientes señales para abandonar la idea de que se trata solamente de vendedores minoristas dispersos. La ciudad turística que cada verano recibe millones de visitantes convive hoy con otra Mar del Plata menos visible, donde fiscales federales investigan organizaciones estructuradas, cocaína por kilos, drogas sintéticas internacionales, armas, violencia y bandas que incluso pueden ser conducidas desde la cárcel.
El interrogante para Montenegro, Neme, las autoridades provinciales y quienes administraron la seguridad durante estos años ya no debería ser si la comparación con Rosario resulta exagerada, sino cuánto tiempo queda para impedir que los síntomas que permitieron formularla terminen convirtiéndose en una estructura criminal mucho más difícil y costosa de desmontar.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal de la Nación; Procuración General de la Provincia de Buenos Aires; Ministerio de Seguridad Nacional; Policía de la Provincia de Buenos Aires; Prefectura Naval Argentina; Policía Federal Argentina; Policía de Seguridad Aeroportuaria; Poder Judicial Federal; LU6 Radio Atlántica; documentación judicial sobre lavado de activos y narcocriminalidad; antecedentes relevados por Total News Agency.
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