Dos contratistas abandonaron el proyecto petrolero impulsado por Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte y la empresa británica cayó más de 15% en la Bolsa de Londres. Las medidas adoptadas por el Gobierno argentino comienzan a trasladar el conflicto de soberanía al terreno financiero y empresario: grandes proveedoras que trabajan en Vaca Muerta ya se desmarcaron de Sea Lion para evitar sanciones y perder negocios en el país.
Buenos Aires – 05 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA-. La presión argentina sobre el proyecto petrolero Sea Lion comenzó a producir consecuencias concretas sobre la estructura empresaria que pretende explotar hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. Rockhopper Exploration, socia británica de la israelí Navitas Petroleum, confirmó este lunes que dos contratistas incumplieron sus compromisos y deberán ser reemplazados, mientras sus acciones se derrumbaron 15,16% en Londres y cerraron en 51,50 peniques.
El comunicado de la propia compañía reconoce expresamente que la decisión se produce mientras el Gobierno argentino continúa imponiendo medidas contra quienes participan del proyecto. Navitas afirmó que está tomando acciones para reemplazar a los dos contratistas y admitió que deberán efectuarse ajustes adicionales si aparecen nuevas dificultades. La empresa sostiene que, por ahora, no prevé un impacto adverso significativo sobre Sea Lion, aunque en el mismo documento reconoce que esa evaluación podría cambiar si fracasa el reemplazo de proveedores, si otros contratistas se retiran o si Argentina profundiza las sanciones.
Esa última advertencia resulta particularmente relevante porque el problema ya dejó de circunscribirse a Rockhopper y Navitas. Halliburton, una de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo y con fuerte presencia en Vaca Muerta, confirmó oficialmente que ni ella ni sus subsidiarias participarán en Sea Lion. Antes habían adoptado posiciones similares SLB, Baker Hughes, DLS Archer, Weatherford y Tenaris, todas firmas con intereses relevantes en el mercado argentino.
La ecuación empresaria resulta sencilla: participar del proyecto británico en Malvinas puede significar perder acceso a uno de los mayores desarrollos energéticos del mundo. Vaca Muerta moviliza inversiones por miles de millones de dólares y ofrece contratos de largo plazo en perforación, servicios, infraestructura y transporte. Frente a esa alternativa, algunas compañías comenzaron a elegir Argentina antes que comprometer sus operaciones locales por una participación en Sea Lion.
El Gobierno de Javier Milei viene explotando precisamente ese punto de presión. El 3 de septiembre anunció un endurecimiento del régimen contra empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina y el 17 de ese mes envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a extender las sanciones no sólo a las operadoras, sino también a accionistas, directivos, socios y proveedores.
En paralelo, la administración inició procedimientos contra 60 personas físicas y jurídicas: 45 fueron alcanzadas en una primera tanda y otras 15 posteriormente. Las medidas se apoyan en la Ley 26.659, que establece restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas bajo reclamo argentino sin autorización nacional.
El efecto ya puede medirse en el mercado. La acción de Rockhopper, que había cotizado por encima de 70 peniques durante septiembre, cayó este lunes hasta 51,50. Sólo durante la rueda perdió más de 15% y llegó a tocar 48 peniques. La baja refleja que los inversores comenzaron a incorporar un riesgo que hasta hace pocas semanas parecía principalmente diplomático: la posibilidad de que el proyecto encuentre dificultades para contratar servicios, asegurar operaciones y mantener proveedores que simultáneamente poseen negocios mucho más importantes en Argentina.
Sea Lion, sin embargo, continúa formalmente adelante. Rockhopper posee un 35% del proyecto y Navitas mantiene el control operativo. La primera etapa fue aprobada con 11 pozos, tiene financiamiento comprometido y apunta a producir el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028. Rockhopper informó que cuenta con aproximadamente 110 millones de barriles de reservas probadas y probables netas y 211 millones de barriles adicionales clasificados como recursos contingentes.
Londres respalda abiertamente el emprendimiento. El Gobierno británico sostiene que las autoridades isleñas poseen derecho a desarrollar sus recursos naturales y Navitas volvió a remarcar este lunes que cuenta con el “pleno apoyo” tanto de la administración local como del Reino Unido. Buenos Aires rechaza esa posición y considera que cualquier explotación unilateral viola los derechos soberanos argentinos sobre los archipiélagos y espacios marítimos circundantes.
El conflicto tiene además un marco internacional que Londres no puede ignorar. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y exhorta a ambas partes a negociar una solución. La Resolución 31/49 agrega un elemento especialmente sensible para Sea Lion: reclama que los dos países se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la resolución de la controversia. Documentos posteriores de Naciones Unidas volvieron a recordar expresamente ambas disposiciones.
Argentina llevó además la ofensiva al plano jurídico internacional. El 28 de septiembre inició un procedimiento arbitral bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contra el Reino Unido con el objetivo declarado de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y cuestionar nuevos permisos vinculados con los recursos naturales de la plataforma continental.
Ese frente se suma a una denuncia penal promovida contra Navitas Petroleum, JHI Associates, Eco Atlantic y otras compañías relacionadas con actividades de exploración y explotación en áreas reclamadas por Argentina.
El problema que empieza a enfrentarse Sea Lion no parece ser, al menos por ahora, la falta de financiamiento inicial ni la retirada de sus dos socios principales, sino algo potencialmente más incómodo: la progresiva dificultad para conservar una cadena internacional de proveedores dispuesta a arriesgar negocios en Argentina por trabajar en Malvinas.
Ese es precisamente el terreno donde la estrategia argentina comienza a mostrar resultados. Las grandes petroleras y compañías de servicios no actúan por convicciones diplomáticas sino por evaluación de costos, mercados y contratos. Si Vaca Muerta, el offshore argentino y los grandes proyectos de infraestructura energética representan oportunidades mayores que Sea Lion, la amenaza de sanciones modifica directamente esa ecuación.
Rockhopper y Navitas insisten en que podrán reemplazar a los dos contratistas y cumplir el calendario de 2028. La caída bursátil de este lunes muestra, sin embargo, que el mercado ya no considera irrelevante la ofensiva argentina. La discusión sobre Malvinas comenzó a desplazarse desde los comunicados diplomáticos hacia un terreno mucho más sensible para cualquier proyecto petrolero: quién está dispuesto a financiarlo, asegurarlo, equiparlo y prestarle servicios cuando hacerlo puede significar quedar excluido del mercado energético argentino.
Fuentes consultadas: Rockhopper Exploration, Navitas Petroleum, Gobierno argentino, Cancillería argentina, Boletín Oficial, Naciones Unidas, Reuters, AP, MarketScreener, Investing, publicaciones especializadas del sector energético.
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