El traslado de los detenidos a Marcos Paz dejará disponibles 46.380 metros cuadrados en uno de los barrios residenciales más cotizados del oeste porteño. El Gobierno nacional prepara el camino para una eventual subasta, mientras el sector privado observa una oportunidad excepcional. El valor final dependerá de cuánto se permita construir, quién controle la operación y qué parte del terreno quede reservada para espacios públicos.
Buenos Aires – 9 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La histórica cárcel de Villa Devoto, inaugurada en 1927, se aproxima a su cierre definitivo y abre una discusión que excede ampliamente el destino de sus instalaciones penitenciarias: qué sucederá con un terreno de 46.380 metros cuadrados, quién podrá adquirirlo y cuánto dinero podría obtener el Estado por una de las mayores superficies urbanas disponibles en la Ciudad de Buenos Aires.
El jueves 8 de octubre, representantes de los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri firmaron el acta de recepción provisoria del nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz, paso indispensable para trasladar a los internos alojados en Devoto. Participaron Karina Milei, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Diego Santilli, entre otros funcionarios.
La mudanza será coordinada por un comando federal especialmente constituido. Sin embargo, el acuerdo recientemente firmado no resuelve el destino definitivo del inmueble, ubicado entre las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá, en una zona residencial consolidada, próxima a importantes avenidas y corredores comerciales.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) aparece como el organismo central para una eventual comercialización. Durante enero de este año trascendió que el Gobierno avanzaba hacia una subasta del terreno, aunque todavía no se conocen públicamente un precio base, una tasación oficial definitiva ni un cronograma de licitación.
El atractivo económico es evidente. A diferencia de otros grandes inmuebles estatales, este predio ocupa varias manzanas completas dentro de un barrio con infraestructura, transporte, servicios, establecimientos educativos y demanda residencial. Su transformación permitiría desarrollar viviendas, locales comerciales, espacios comunitarios y nuevas calles, siempre que la normativa urbanística lo autorice.
La Ciudad de Buenos Aires difundió una propuesta que contempla destinar el 65% del terreno a espacios verdes y públicos, reservando el 35% restante para viviendas. Esa distribución supone aproximadamente 30.147 metros cuadrados de uso público y 16.233 metros cuadrados destinados al sector residencial. Sin embargo, la superficie de suelo destinada a viviendas no equivale necesariamente a la cantidad total de metros cuadrados que podrían comercializarse: esa cifra dependerá de la altura, densidad y capacidad constructiva que finalmente se aprueben.
Precisamente allí se encuentra una de las variables económicas decisivas. La diferencia entre autorizar edificios bajos o construcciones de mayor altura puede modificar sustancialmente la rentabilidad de cualquier emprendimiento y, por consiguiente, el precio que los inversores estarían dispuestos a pagar.
El interés privado ya comenzó a manifestarse en el mercado inmobiliario. Fuentes del sector desarrollador consultadas en enero destacaron el carácter excepcional de un terreno de semejante superficie en la Capital Federal, aunque señalaron que todavía era prematuro presentar proyectos concretos sin conocer las condiciones urbanísticas. Hasta el momento, no se identificaron públicamente ofertas formales ni empresas adjudicatarias.
El antecedente financiero también merece atención. El acuerdo original entre Nación y Ciudad contemplaba utilizar los recursos derivados de la disposición del inmueble para contribuir al financiamiento de la nueva infraestructura penitenciaria. Por lo tanto, será necesario establecer qué obligaciones económicas subsisten, cuánto invirtió efectivamente el Gobierno porteño y cómo se distribuiría el producido de una futura operación.
El cierre del establecimiento también reabre los reclamos de organizaciones vecinales que defienden la creación de un gran parque público y la preservación de sectores vinculados con la memoria histórica del penal. Entre ellos aparece el recuerdo de la tragedia del Pabellón 7, ocurrida en 1978, en la que murieron 65 personas detenidas.
Para la administración de Jorge Macri, la transformación de Devoto representa una oportunidad de renovación urbana, pero también plantea una decisión política y presupuestaria: cuánto suelo público conservar, qué infraestructura financiar y qué beneficios permitir a los futuros desarrolladores.
Para el Gobierno de Javier Milei, en cambio, la eventual subasta podría convertirse en una operación relevante dentro de su política de disposición de activos estatales. Su resultado dependerá de una tasación técnicamente fundada, reglas de competencia transparentes y una definición precisa de las obligaciones que asumiría el comprador.
La cuestión más sensible será el momento en que se establezca la nueva zonificación. Si el terreno se ofrece al mercado con mayores posibilidades de edificación, su precio podría aumentar significativamente. Por eso, la secuencia administrativa —desafectación penitenciaria, rezonificación, tasación y subasta— tendrá tanta importancia económica como la superficie misma del inmueble.
Una auditoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre la construcción del nuevo establecimiento penitenciario recordó que los acuerdos vigentes condicionan la eventual venta del predio a su desocupación, desafectación del Servicio Penitenciario Federal y rezonificación. Es decir, el cierre de la cárcel no habilita por sí solo una transferencia inmediata a particulares.
Mientras los gobiernos avanzan con el traslado de los detenidos, queda pendiente una definición fundamental: cuál será el valor de referencia de las tierras y qué porcentaje de la valorización inmobiliaria resultante quedará efectivamente en beneficio del patrimonio público. La respuesta dependerá de decisiones administrativas y legislativas que todavía deben concretarse.
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