La consultora Equilibra proyecta un crecimiento de apenas 1,3% para 2026 y advierte que la Argentina podría ingresar al año electoral con actividad estancada, inflación persistente y presión sobre el dólar. Los datos oficiales confirman una contracción del PIB, retrocesos industriales y destrucción de empleo formal, mientras la expansión de Vaca Muerta, la minería y el agro no consigue arrastrar al conjunto de la economía.
Buenos Aires – 10 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. El gobierno de Javier Milei enfrenta una amenaza económica que podría convertirse en uno de sus mayores desafíos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027: la posibilidad de que la Argentina ingrese en un nuevo período de estanflación, caracterizado por un crecimiento prácticamente nulo, inflación todavía elevada y un mercado laboral incapaz de recuperar empleos formales de calidad. La advertencia fue formulada por el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, y encuentra respaldo en una serie de indicadores oficiales que muestran el deterioro de la actividad productiva, especialmente en la industria, el comercio y la construcción.
La proyección de Equilibra para el cierre de 2026 contempla una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 1,3%, una cifra que refleja el escaso dinamismo de la economía y que contrasta con las expectativas de recuperación que acompañaron el programa de estabilización oficial. El problema, según el economista, no se limita al ritmo de crecimiento, sino a su composición: mientras energía, minería y agroindustria mantienen resultados positivos, buena parte de las actividades que concentran el empleo urbano permanece estancada o en retroceso.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el PIB cayó 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año, pese a registrar una mejora interanual del 2%. La contracción adquiere mayor importancia al observar que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio exhibió un retroceso desestacionalizado del 2,9% frente a junio y una caída interanual del 1,4%.
La combinación de esos resultados llevó a Sigaut Gravina a advertir que podría confirmarse una recesión técnica, definida habitualmente como dos trimestres consecutivos de contracción del PIB desestacionalizado. La segunda caída trimestral todavía debe ser corroborada mediante las estadísticas correspondientes al período julio-septiembre, pero los indicadores disponibles ya muestran un escenario de marcada debilidad.
La industria manufacturera ofrece una de las señales más preocupantes. En agosto, la producción cayó 3,2% interanual, mientras el acumulado de los primeros ocho meses del año registró una disminución del 2,7%. La construcción, otro sector intensivo en mano de obra, retrocedió 4,4% interanual durante el mismo mes. Aunque algunos indicadores desestacionalizados exhibieron recuperaciones puntuales, la tendencia general continúa mostrando dificultades para consolidar una expansión sostenida.
El contraste aparece en la minería, cuya producción aumentó 8,4% interanual en agosto y acumuló una mejora del 7,9% entre enero y ese mes. La explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, junto con los proyectos mineros y el desempeño agroexportador, constituye el principal motor de una economía que presenta resultados profundamente desiguales entre sectores y regiones.
Sigaut Gravina definió esa configuración como una recuperación concentrada en un reducido grupo de actividades, incapaz por ahora de generar un efecto multiplicador suficiente sobre los grandes centros urbanos. La producción de petróleo, gas, minerales y granos puede incrementar las exportaciones y mejorar el ingreso de divisas, pero su capacidad para crear empleo directo resulta limitada en comparación con la industria manufacturera, la construcción y numerosos servicios.
El deterioro del mercado laboral constituye otra señal de alarma. Según el especialista, desde el comienzo de la administración Milei se destruyeron aproximadamente 250.000 puestos asalariados privados registrados, mientras la creación de ocupaciones independientes y de menor formalidad evitó un aumento todavía mayor de la desocupación.
Las estadísticas laborales más recientes confirman la persistencia de esa tendencia. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET registró en junio una reducción de 6.300 empleos asalariados privados formales, con lo que se completaron trece meses consecutivos de caída en esa categoría. La industria perdió aproximadamente 2.600 puestos durante ese mes y el comercio otros 2.100.
El desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, pero la cifra por sí sola no refleja la totalidad del problema. El aumento del cuentapropismo, la informalidad y las ocupaciones de ingresos inestables puede sostener estadísticamente los niveles de empleo mientras se deterioran la productividad, los aportes previsionales y la capacidad de consumo de los hogares.
El economista reconoció como uno de los principales logros del Gobierno el equilibrio de las cuentas públicas, al considerar que constituye una condición necesaria para mejorar la sostenibilidad macroeconómica. Sin embargo, cuestionó la utilización prolongada del tipo de cambio como herramienta central de la política antiinflacionaria, especialmente cuando se combina con una apertura comercial que incrementa la competencia externa sobre sectores productivos nacionales.
La apreciación del peso, según su análisis, encarece los costos argentinos medidos en dólares y reduce la competitividad de numerosas actividades transables. Si al mismo tiempo se eliminan restricciones a las importaciones y se reducen aranceles, las empresas locales deben competir con productos extranjeros en un contexto de demanda interna debilitada, dificultades de financiamiento y presión tributaria.
El caso de China ocupa un lugar destacado en sus advertencias. Sigaut Gravina señaló que la industria argentina enfrenta una competencia particularmente intensa de productos chinos, cuya estructura de costos puede beneficiarse de políticas estatales de apoyo a la producción y las exportaciones. El economista considera que la apertura comercial debería contemplar mecanismos de defensa frente a esas condiciones, especialmente en ramas industriales expuestas a una pérdida acelerada de participación en el mercado interno.
La discusión no se limita a la conveniencia de proteger empresas ineficientes. El desafío consiste en determinar si la Argentina puede avanzar hacia una economía más competitiva sin provocar, durante la transición, una destrucción de capacidad productiva y empleo formal que luego resulte difícil recuperar.
Otro factor de preocupación es el crédito. El economista advirtió que la inversión acumula cinco trimestres consecutivos de retroceso, según las mediciones que utiliza su consultora, y que la recuperación del financiamiento enfrenta dificultades vinculadas con la morosidad. Sin una mejora sostenida del crédito, las empresas encuentran mayores obstáculos para incorporar maquinaria, ampliar instalaciones, sostener capital de trabajo y contratar personal.
A esa situación se suma la evolución de los salarios. Aunque el Gobierno destaca determinados períodos de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores registrados, la debilidad del consumo y la heterogeneidad del mercado laboral indican que esas mejoras no se distribuyen de manera uniforme. Los trabajadores informales, los cuentapropistas y quienes perdieron empleos de mayor remuneración enfrentan condiciones distintas de las reflejadas por el salario promedio del sector formal.
El último dato oficial de inflación disponible al momento de este informe corresponde a agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,7%. La medición de septiembre será difundida por el INDEC el 13 de octubre, en medio de expectativas sobre la continuidad del proceso de desinflación y la evolución de los precios de alimentos, combustibles y servicios.
Para Sigaut Gravina, incluso una inflación considerablemente inferior a la heredada por el Gobierno puede resultar problemática si permanece elevada en términos internacionales y coincide con una economía sin crecimiento. Ese escenario es particularmente sensible cuando los salarios no logran recuperarse de manera sostenida y las empresas carecen de perspectivas claras para ampliar su producción.
La proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 agrega un componente adicional de incertidumbre. Los procesos electorales argentinos suelen estar acompañados por una mayor demanda de dólares, cambios en las decisiones de inversión y movimientos defensivos de los ahorristas y las empresas. Si esas conductas coinciden con una actividad económica debilitada, pueden aumentar las presiones cambiarias y complicar la estrategia oficial de estabilización.
El especialista planteó que el Gobierno debería evaluar una combinación de políticas capaces de estimular la demanda interna, recuperar el crédito y reducir el costo relativo de producir en la Argentina. Entre las alternativas mencionó una orientación fiscal o monetaria menos contractiva y la posibilidad de admitir un tipo de cambio menos apreciado, aun reconociendo que esa decisión podría generar presiones inflacionarias adicionales.
La propuesta enfrenta un dilema central para la administración Milei. El Presidente ha convertido el superávit fiscal y la reducción de la inflación en los principales fundamentos de su gestión, mientras sus críticos advierten que la estabilidad macroeconómica puede resultar políticamente insuficiente si no se traduce en una recuperación visible de la producción y los ingresos.
El propio desempeño sectorial de 2026 muestra que ambas dimensiones no avanzan necesariamente al mismo ritmo. El crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras puede mejorar la disponibilidad de divisas, pero no garantiza por sí mismo la reactivación del comercio minorista, la construcción residencial o las pequeñas y medianas industrias, actividades cuya evolución depende principalmente del poder adquisitivo, el financiamiento y las expectativas del mercado interno.
La advertencia de Equilibra introduce así un interrogante decisivo para el calendario electoral: si la inflación continúa descendiendo lentamente, pero la actividad permanece estancada y el empleo formal sigue retrocediendo, el Gobierno podría enfrentar una campaña presidencial dominada por la distancia entre los resultados de sus indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de amplios sectores de la población.
La respuesta económica dependerá, en buena medida, de lo que ocurra durante los próximos meses con la inversión, la recuperación salarial, la demanda de crédito y la capacidad de los sectores exportadores para impulsar nuevas actividades. La publicación del PIB del tercer trimestre permitirá establecer si efectivamente se configuró una recesión técnica, mientras las próximas estadísticas laborales y de consumo ofrecerán una medida más precisa de hasta qué punto la expansión de los recursos naturales consigue transformarse en crecimiento generalizado antes de que comience formalmente la disputa presidencial de 2027.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), entrevista a Lorenzo Sigaut Gravina del 10 de octubre de 2026; Equilibra, análisis y proyecciones macroeconómicas; INDEC, Informe de Avance del Nivel de Actividad, segundo trimestre de 2026; EMAE de julio de 2026; índices de producción industrial manufacturera, construcción y minería de agosto de 2026; IPC de agosto de 2026; Encuesta Permanente de Hogares, segundo trimestre de 2026; Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones, septiembre de 2026; Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino.
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