El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que el sector permanece 25% por debajo de su último máximo de actividad, con 2.000 empresas menos y sin perspectivas de recuperación inmediata. Los datos oficiales confirman nuevas caídas durante 2026. El empresariado reclama inversiones en rutas, ferrocarriles y obras estratégicas, mientras cuestiona la idea de que el capital privado pueda reemplazar íntegramente al Estado.
Buenos Aires – 11 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La política de ajuste de la obra pública nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei enfrenta una advertencia cada vez más contundente desde uno de los sectores productivos más afectados por la contracción de la inversión: la economía argentina difícilmente podrá sostener un crecimiento prolongado si no recupera su infraestructura. Así lo planteó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, quien describió un escenario de actividad estancada, pérdida masiva de empleos y desaparición de empresas, con perspectivas que tampoco anticipan una recuperación significativa durante los primeros meses de 2027.
El diagnóstico del empresario refleja una situación que excede los intereses de las constructoras. La falta de mantenimiento y ampliación de rutas, ferrocarriles, redes eléctricas, obras hídricas y sistemas logísticos puede transformarse en un obstáculo para la producción, elevar los costos de transporte y limitar la competitividad de las exportaciones, incluso en sectores que actualmente muestran dinamismo, como la energía, la minería y el agro.
“La actividad nuestra cayó un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. A partir de mediados de 2024 estamos estabilizados, pero 25% abajo del último pico”, explicó Weiss al describir una recuperación que nunca llegó a materializarse. La construcción dejó atrás el derrumbe inicial, pero permanece instalada en un nivel de actividad considerablemente inferior al registrado antes de la contracción.
Los últimos indicadores oficiales respaldan la preocupación. En agosto de 2026, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,4% interanual, mientras la serie tendencia-ciclo retrocedió 1,1% respecto de julio. Aunque la medición desestacionalizada mostró un incremento mensual del 0,4%, el comportamiento de fondo continúa reflejando debilidad y dificultades para consolidar una expansión sostenida.
La evolución del empleo ofrece una dimensión particularmente preocupante. Según las estimaciones citadas por el titular de CAMARCO, alrededor de 120.000 puestos de trabajo desaparecieron entre mediados de 2023 y mediados de 2024, y desde entonces el sector no consiguió recuperar ese volumen de ocupación. A ello se suma la desaparición de aproximadamente 2.000 empresas, mientras otras atraviesan problemas financieros, reestructuraciones de deuda o procedimientos concursales.
Los registros del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que las dificultades laborales persistieron durante 2026. En junio, el empleo formal sectorial disminuyó 0,3% mensual, y el indicador adelantado para julio anticipó otra baja, del 0,8%. La continuidad de estos retrocesos evidencia que la estabilización de la actividad no alcanzó para revertir la destrucción de puestos de trabajo.
El impacto tiene consecuencias sobre una extensa cadena productiva que comprende fabricantes de cemento, acero, ladrillos, cerámicos, instalaciones eléctricas, maquinaria, transporte y servicios profesionales. A diferencia de otras actividades, la construcción demanda mano de obra en numerosos niveles de calificación y moviliza proveedores distribuidos territorialmente, por lo que su debilitamiento repercute sobre economías regionales y pequeñas empresas.
Weiss también señaló que el comportamiento del sector es profundamente desigual. Neuquén y Río Negro exhiben mejores perspectivas por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, mientras buena parte del resto del país continúa afectada por la escasez de proyectos públicos y privados. La expansión petrolera y gasífera genera demanda de instalaciones industriales, infraestructura energética, caminos y servicios, pero su magnitud todavía resulta insuficiente para compensar la contracción de la construcción tradicional.
“No compensa”, resumió el empresario al referirse a esa desigualdad. La observación pone en cuestión la expectativa de que el crecimiento de unos pocos sectores exportadores pueda impulsar automáticamente al conjunto de la economía. La inversión concentrada en determinadas regiones y actividades no necesariamente se traduce en una recuperación generalizada del empleo, la vivienda o la infraestructura urbana.
Las perspectivas inmediatas tampoco resultan alentadoras. Weiss aseguró que no espera cambios sustanciales durante los próximos meses y extendió esa previsión a comienzos de 2027, un año electoral en el que la actividad económica y la generación de empleo tendrán especial importancia para la evaluación de la gestión nacional.
La paralización o ejecución mínima de numerosos proyectos nacionales constituye uno de los principales factores de debilidad. Desde el inicio de la administración Milei, el Gobierno priorizó la reducción del gasto y el equilibrio fiscal, con un fuerte recorte de las partidas destinadas a inversión pública. La estrategia permitió disminuir compromisos presupuestarios, pero dejó pendiente la definición de un esquema alternativo de financiamiento y ejecución para obras consideradas estratégicas.
El presidente de CAMARCO no cuestionó el objetivo de ordenar las cuentas públicas. Por el contrario, sostuvo que “no se puede gastar más de lo que se recauda”, aunque advirtió que la disciplina fiscal no debería traducirse en el abandono de inversiones indispensables para ampliar la capacidad productiva del país.
La diferencia es relevante porque no todo gasto estatal tiene el mismo efecto económico. Una obra de infraestructura correctamente seleccionada, ejecutada y mantenida puede reducir costos futuros, aumentar la productividad y facilitar nuevas inversiones privadas. En cambio, la postergación prolongada de trabajos esenciales puede generar deterioros cuyo costo de reparación termine siendo superior al ahorro presupuestario inicial.
El caso de la red vial constituye uno de los ejemplos más visibles. El deterioro de rutas y accesos encarece el transporte de mercaderías, aumenta los tiempos de circulación, acelera el desgaste de los vehículos y compromete la seguridad. Para sectores como el agro, la industria alimentaria y la minería, la infraestructura logística resulta decisiva al momento de competir en los mercados internacionales.
La situación ferroviaria presenta desafíos semejantes. La recuperación de ramales de carga, instalaciones operativas y conexiones con puertos puede mejorar significativamente la eficiencia del transporte de grandes volúmenes, pero exige inversiones iniciales elevadas y plazos de recuperación que muchas veces exceden el horizonte de rentabilidad de los operadores privados.
En ese punto aparece una de las principales diferencias entre el Gobierno y las entidades constructoras. La administración nacional ha defendido la participación privada y las concesiones como mecanismos para reducir la intervención estatal, mientras Weiss considera que ese modelo tiene límites estructurales.
“El grueso de la inversión la tiene que hacer el Estado”, afirmó el titular de CAMARCO, al señalar que existen proyectos indispensables para el desarrollo que no generan ingresos comerciales suficientes para atraer capital privado sin alguna forma de participación, garantía o financiamiento público.
La distinción se observa particularmente en rutas de bajo tránsito, obras de saneamiento, infraestructura ferroviaria y proyectos hídricos. Su rentabilidad social puede ser elevada, aunque no exista una recaudación directa capaz de compensar la inversión. En esas condiciones, pretender que toda la infraestructura sea financiada exclusivamente mediante peajes, tarifas o concesiones puede dejar sin atención regiones enteras.
Un estudio del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), citado por Weiss en intervenciones anteriores, estimó que para sostener un crecimiento económico del 3% anual sería necesaria una inversión en infraestructura pública cercana al 9% del PIB por año. El cálculo permite dimensionar la distancia entre las necesidades de desarrollo y los recursos actualmente destinados a esas obras.
La referencia a una inversión agregada del orden del 25% del PIB, mencionada en el debate sobre crecimiento, corresponde a una magnitud más amplia de formación de capital y no debe confundirse con el requerimiento específico de infraestructura pública. La diferencia es fundamental para evaluar cuánto debería aportar el Estado y cuánto podría financiar el sector privado mediante inversiones productivas, concesiones u otros instrumentos.
El problema también alcanza a la construcción de viviendas. Weiss advirtió que el encarecimiento de los materiales, los terrenos y la mano de obra medidos en dólares deterioró la rentabilidad de numerosos emprendimientos inmobiliarios. Los desarrolladores enfrentan costos que aumentaron más rápidamente que los precios que el mercado está dispuesto a pagar, lo que retrasa nuevas inversiones.
“El mercado hoy no convalida los precios; hoy los desarrollos son a pérdida”, afirmó el empresario al describir la dificultad para iniciar proyectos residenciales en un escenario de demanda restringida y financiamiento insuficiente.
El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó 2,5% durante agosto de 2026, según la medición oficial, impulsado por incrementos del 1,7% en materiales, 3,2% en mano de obra y 2,2% en gastos generales. La evolución de esos componentes, combinada con el tipo de cambio y el precio de venta de las propiedades, condiciona la viabilidad de nuevas obras.
Las líneas de crédito hipotecario representan una herramienta potencial para recuperar la demanda, pero su alcance todavía es limitado frente a la magnitud del mercado. Weiss valoró la expansión de esos instrumentos y las posibilidades de fondeo vinculadas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aunque consideró que los recursos disponibles no alcanzan para provocar una recuperación significativa.
La debilidad constructora coincide con un escenario de desaceleración económica más amplio. La industria manufacturera registró en agosto una contracción interanual del 3,2%, mientras el estimador mensual de actividad económica había retrocedido 2,9% en julio respecto de junio, según la serie desestacionalizada. La combinación de menor producción industrial, inversión insuficiente y pérdida de empleos formales complica las posibilidades de una recuperación generalizada.
El desafío para el Gobierno consiste en compatibilizar el equilibrio fiscal con un programa de inversión que identifique prioridades, garantice controles sobre las contrataciones y movilice financiamiento de largo plazo. Organismos multilaterales, mecanismos de participación público-privada y concesiones pueden contribuir a ese objetivo, aunque su eficacia depende de proyectos técnicamente sólidos, reglas estables y una distribución clara de riesgos.
La advertencia de Weiss también obliga a considerar el costo de oportunidad de postergar infraestructura estratégica. Una economía puede aumentar temporalmente sus exportaciones gracias a mejores precios internacionales, mayor producción energética o buenas cosechas, pero difícilmente sostendrá tasas elevadas de expansión si el sistema de transporte, las redes eléctricas y los servicios esenciales no acompañan ese crecimiento.
En ese contexto, la discusión deja de limitarse a la cantidad de obras que el Estado puede financiar durante un ejercicio presupuestario y pasa a concentrarse en la capacidad del país para sostener inversiones productivas durante la próxima década. La estimación del CPI sobre las necesidades anuales de infraestructura ofrece una referencia concreta para ese debate, especialmente porque los proyectos viales, ferroviarios, energéticos y de saneamiento requieren planificación plurianual y continuidad financiera más allá de los cambios de gobierno.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA), entrevista a Gustavo Weiss; Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indicadores de construcción, industria y costos correspondientes a julio y agosto de 2026; Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), informe de empleo formal de junio y estimación adelantada de julio de 2026; Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), estudio Construir 2034; declaraciones públicas de Gustavo Weiss sobre inversión en infraestructura y crecimiento económico.
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