La Justicia peruana ordenó 14 meses de prisión preventiva para Pocho Pinto, acusado de integrar un mecanismo de captación que ofrecía empleos de seguridad, salarios en dólares y ciudadanía rusa. Uno de los trabajadores enviados murió combatiendo en Ucrania. La investigación expone una trama de reclutamiento internacional que ya involucra a centenares de ciudadanos peruanos y coloca al gobierno de Vladimir Putin bajo creciente presión diplomática.
Lima – 11 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La guerra que Rusia inició contra Ucrania en febrero de 2022 está dejando una consecuencia cada vez más inquietante en América Latina: ciudadanos atraídos por promesas de empleo y remuneraciones elevadas terminan incorporados a las fuerzas militares rusas y enviados a combatir en un conflicto que se desarrolla a miles de kilómetros de sus hogares. La Justicia peruana acaba de ordenar 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por presunta trata de personas agravada con fines de explotación laboral, en un expediente que incluye a cuatro compatriotas trasladados a territorio ruso, uno de los cuales murió posteriormente en combate.
La resolución judicial constituye el segundo caso reciente de un presunto reclutador sometido a prisión preventiva en Perú y profundiza una investigación que ha comenzado a revelar la dimensión de las redes utilizadas para captar extranjeros. Los datos oficiales resultan particularmente graves: 459 peruanos registrados como alistados en las fuerzas rusas, 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por el Ejército ucraniano, según el balance difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en agosto pasado.
La investigación contra Pocho Pinto, identificado también como Pocho Wilson Pinto Peña, está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, encabezada por la fiscal Luisa Inés Quispe Asmat. Según la hipótesis fiscal, el detenido habría coordinado, financiado y facilitado en marzo de 2026 el traslado internacional de Julio Salazar y otros tres ciudadanos peruanos, quienes viajaron bajo la promesa de desempeñarse como personal de seguridad en una instalación militar de la Federación Rusa.
La oferta económica resultaba atractiva: 2.300 dólares mensuales, un bono adicional de 20.000 dólares al completar un año de servicios y la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa. Para trabajadores con ingresos modestos, semejantes condiciones podían representar una oportunidad excepcional de mejorar su situación económica y la de sus familias.
Sin embargo, la investigación sostiene que los interesados recibieron garantías de que no serían destinados a zonas de guerra ni enviados a la primera línea de combate. Esa promesa constituye uno de los elementos centrales del expediente, porque la experiencia de Julio Salazar terminó de manera trágica: el ciudadano peruano murió en abril de 2026 mientras participaba en operaciones militares relacionadas con la guerra contra Ucrania.
El contraste entre las condiciones laborales ofrecidas y el destino final de las víctimas constituye el núcleo de la acusación por trata de personas. La Fiscalía busca establecer cómo se organizó el reclutamiento, quiénes financiaron los traslados, qué documentación firmaron los ciudadanos enviados a Rusia y cuáles fueron las circunstancias que determinaron su incorporación a actividades militares.
La detención de Pinto se concretó el 1 de octubre, durante un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM) de la Policía Nacional del Perú, con participación de la organización humanitaria Aerial Recovery, dedicada a combatir redes de tráfico humano.
Los investigadores allanaron dos inmuebles vinculados con el sospechoso en el distrito limeño de Comas, donde recogieron elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales. La documentación y los dispositivos examinados durante las diligencias forman parte del material utilizado por la Fiscalía para fundamentar la necesidad de mantener detenido al investigado mientras avanza el proceso.
Inicialmente, la Justicia había autorizado siete días de detención preliminar. Posteriormente, el órgano judicial competente aceptó el pedido fiscal y dispuso 14 meses de prisión preventiva, al considerar que existían elementos de convicción suficientes para continuar la investigación bajo esa medida cautelar.
El caso adquiere mayor gravedad porque no constituye un episodio aislado. El 14 de septiembre, otro hombre había sido detenido en Lima por su presunta participación en el reclutamiento engañoso de ciudadanos peruanos destinados a las fuerzas rusas, y también recibió una medida de prisión preventiva por 14 meses.
La multiplicación de expedientes revela que las autoridades peruanas enfrentan un fenómeno que trasciende las actividades de intermediarios individuales. En septiembre, el Ministerio Público informó sobre investigaciones que comprendían a más de 300 presuntas víctimas, distribuidas entre una carpeta fiscal de criminalidad organizada con 202 agraviados y otras 21 carpetas tramitadas por fiscalías especializadas en trata de personas.
Las actuaciones se desarrollan en distintas regiones, entre ellas Lima, Callao, La Libertad, Huánuco y Cusco, lo que permite observar la amplitud territorial de las denuncias. La existencia de expedientes en diversas jurisdicciones plantea interrogantes sobre la organización de los contactos, la captación mediante redes sociales y los mecanismos utilizados para financiar los viajes.
Las cifras difundidas por la Cancillería peruana el 9 de agosto aportan una dimensión todavía más preocupante. De los 459 ciudadanos peruanos cuyo alistamiento en las fuerzas rusas había sido identificado oficialmente, 114 figuraban como desaparecidos. La cantidad representa aproximadamente una cuarta parte del total registrado, aunque la ausencia de información actualizada sobre cada caso impide establecer cuántos permanecen con vida, cuántos continúan desplegados y cuántos podrían haber fallecido sin que sus familias recibieran una notificación.
El Gobierno peruano también confirmó 11 muertos y tres ciudadanos capturados por las fuerzas ucranianas. La información no permite determinar que todos los alistados hayan sido víctimas de engaño, pero las investigaciones judiciales y los testimonios de sobrevivientes documentan situaciones en las que las condiciones reales del servicio militar diferían sustancialmente de las ofertas iniciales.
Las denuncias describen un procedimiento que comienza con propuestas de empleo en seguridad privada, vigilancia de instalaciones o servicios auxiliares. Los interesados reciben ofrecimientos de salarios elevados y beneficios migratorios, pero algunos descubren después de llegar a Rusia que deben firmar contratos militares, recibir entrenamiento y participar en operaciones de combate.
Diversos testimonios de ciudadanos que lograron escapar relataron dificultades para comprender contratos redactados en ruso, restricciones para abandonar las instalaciones militares y presiones para cumplir órdenes de despliegue. Estas declaraciones constituyen elementos relevantes para establecer la existencia de posibles mecanismos de coerción, especialmente cuando las personas reclutadas carecen de conocimientos militares o desconocen las condiciones del conflicto.
La guerra de desgaste que se desarrolla en territorio ucraniano ha incrementado la importancia de los recursos humanos para las fuerzas rusas. En ese contexto, la incorporación de combatientes extranjeros representa una fuente adicional de personal, mientras las denuncias sobre captación engañosa muestran los riesgos de trasladar a ciudadanos vulnerables desde países alejados del escenario bélico.
El problema también tiene una dimensión económica. Una remuneración de 2.300 dólares mensuales, acompañada por un bono de 20.000 dólares, puede superar ampliamente los ingresos habituales de numerosos trabajadores latinoamericanos. Esa diferencia facilita la captación, particularmente cuando las ofertas se presentan como empleos civiles que no requieren experiencia militar ni exposición directa al combate.
Para las familias, las consecuencias pueden ser devastadoras. La desaparición de un ciudadano en un territorio extranjero dificulta la obtención de información, la comunicación con las autoridades militares y la eventual repatriación de restos. La incertidumbre se prolonga durante meses, mientras los familiares recurren a organismos estatales, representaciones diplomáticas y organizaciones humanitarias para conocer el destino de sus seres queridos.
En Lima, familiares de peruanos reclutados realizaron manifestaciones frente a la representación diplomática rusa para exigir información sobre los desaparecidos. Las protestas reflejan una preocupación que ya no se limita a los expedientes penales, sino que alcanza directamente a las relaciones entre Perú y la Federación Rusa.
La Cancillería peruana informó que hasta agosto había conseguido evacuar a 31 compatriotas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. De ellos, 28 regresaron al Perú y otros tres permanecieron en Europa por decisión propia. Entre los casos asistidos figuraron jóvenes que lograron escapar de situaciones de reclutamiento forzado y posteriormente recibieron apoyo consular para abandonar Rusia.
Las operaciones de asistencia requirieron la intervención de la representación diplomática peruana, así como de organismos vinculados con la atención sanitaria y la protección de personas vulnerables. Los casos muestran que las gestiones consulares pueden obtener resultados, aunque la magnitud del problema supera ampliamente la cantidad de ciudadanos repatriados hasta el momento.
La dimensión diplomática se intensificó con los reclamos dirigidos a las autoridades rusas para obtener información sobre la ubicación y situación de los peruanos involucrados. La posibilidad de determinar quiénes permanecen en unidades militares, quiénes han sido hospitalizados y qué ocurrió con los desaparecidos depende en gran medida del acceso a registros oficiales y de la cooperación de las autoridades de Moscú.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú recordó además que prestar servicio militar para un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme al ordenamiento constitucional del país. También exhortó a denunciar las ofertas laborales sospechosas y las actividades de intermediarios que prometan empleo en Rusia bajo condiciones poco claras.
El proceso judicial contra Pinto introduce una cuestión especialmente sensible: determinar si los captadores actuaban de manera independiente, si integraban organizaciones de intermediación transnacional o si existían mecanismos de coordinación con estructuras encargadas de incorporar extranjeros a las fuerzas rusas. Esas relaciones deberán reconstruirse mediante documentación contractual, movimientos financieros, comunicaciones y testimonios de las víctimas.
La eventual identificación de responsables fuera del territorio peruano podría ampliar el alcance de las investigaciones y abrir nuevos pedidos de cooperación judicial internacional. También permitiría establecer cómo circulaban los recursos destinados a pasajes, alojamientos, contratos y remuneraciones, así como el papel desempeñado por los intermediarios que acompañaban a los reclutados hasta su llegada a Rusia.
El caso de Julio Salazar concentra el aspecto más dramático de esta trama: un ciudadano que, según la investigación, viajó para desempeñar tareas de seguridad terminó muerto en una guerra extranjera apenas semanas después de su traslado. Su historia forma parte de un fenómeno que ha dejado centenares de familias peruanas pendientes de información y que obliga a las autoridades a investigar simultáneamente delitos de trata, posibles redes internacionales de captación y responsabilidades vinculadas con el destino de los trabajadores reclutados.
Mientras avanza la causa contra Pocho Pinto, la Fiscalía deberá determinar las circunstancias exactas del traslado de las cuatro víctimas y las conexiones de quienes participaron en la operación. El balance oficial de agosto, con 114 desaparecidos, constituye entretanto una referencia particularmente grave para la política exterior peruana, porque convierte la búsqueda de información, la asistencia consular y la cooperación internacional en asuntos que permanecerán abiertos mucho después de que concluyan las medidas judiciales adoptadas contra los reclutadores.
Fuentes consultadas: Ministerio Público del Perú, Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, comunicado de prensa 033-26 del 9 de agosto de 2026; Policía Nacional del Perú, Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; RPP, cobertura judicial del 10 de octubre de 2026; La República, 10 de octubre de 2026; Infobae Perú, 11 de octubre de 2026; EFE, informes del 9 de agosto y 12 de septiembre de 2026; DW, 11 de octubre de 2026; El Comercio de Perú, investigación sobre redes de captación; El País, testimonios de peruanos reclutados para la guerra en Ucrania.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
