Rocío Gómez, referente juvenil de La Libertad Avanza y cercana a los Menem, accedió a una coordinación de la Presidencia por decisión de Karina Milei. Su nombramiento y posterior prórroga fueron firmados con excepciones a los requisitos del empleo público, mientras el procedimiento de selección seguía pendiente. El caso expone las contradicciones entre el discurso oficial de profesionalización del Estado y las designaciones políticas.
Buenos Aires – 18 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, eligió a Rocío Ángeles Julieta Gómez, una joven y bonita dirigente libertaria de 23 años que ganó protagonismo en el armado político oficialista, para desempeñar un cargo de coordinación dentro de la Casa Rosada, sin que previamente se realizara un concurso público de selección y mediante una excepción expresa a los requisitos mínimos establecidos para esa categoría del empleo estatal.
La designación, firmada por la hermana del presidente Javier Milei, adquiere particular relevancia porque la funcionaria fue incorporada con una categoría relativamente elevada dentro del escalafón de la administración nacional, pese a que la propia documentación oficial reconoce que no reunía los requisitos exigidos por el régimen correspondiente.
Gómez, oriunda de Lomas de Zamora, fue colocada en el círculo político de Karina Milei a través de Sharif Menem, integrante de la familia que mantiene una presencia destacada en la estructura del Gobierno. Proveniente de la militancia universitaria liberal, fue ganando posiciones dentro de La Libertad Avanza (LLA) hasta convertirse en una de las referentes de su organización juvenil y universitaria.
Actualmente desarrolla sus actividades en la Subsecretaría de Gestión Institucional, conducida por Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales colaboradores políticos de la secretaria general de la Presidencia.
La historia administrativa del nombramiento comenzó con la Resolución 168/2025, firmada por Karina Milei el 22 de abril de 2025 y publicada en el Boletín Oficial dos días después. Mediante ese instrumento, Gómez fue designada retroactivamente desde el 6 de marzo como coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales, con nivel B, grado 0, dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
La resolución también autorizó el pago de un suplemento salarial por Función Ejecutiva Nivel IV, previsto para cargos con responsabilidades específicas de conducción y coordinación.
Pero el punto más significativo aparece en el propio texto de la disposición: el nombramiento se efectuó con carácter excepcional respecto de las exigencias establecidas en el artículo 14 del convenio colectivo del SINEP, que regula condiciones de formación y experiencia para acceder a determinadas categorías.
En otras palabras, el Gobierno habilitó que una militante política asumiera un puesto jerárquico sin cumplir las condiciones ordinarias previstas para ese nivel.
La medida dispuso que el cargo debía cubrirse mediante los procedimientos de selección correspondientes dentro de los siguientes 180 días hábiles. Sin embargo, cuando llegó el momento de renovar la designación, ese procedimiento continuaba sin concretarse.
Así quedó reflejado en la Resolución 530/2025, firmada nuevamente por Karina Milei el 18 de diciembre y publicada el 22 de ese mes. El instrumento prorrogó la permanencia de Gómez durante otros 180 días hábiles, mantuvo el suplemento por función ejecutiva y reiteró expresamente la autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos del artículo 14.
La documentación no individualiza qué condiciones concretas le faltaban a la funcionaria, aunque la normativa establece exigencias vinculadas con formación académica y experiencia laboral. Tampoco permite determinar, por sí sola, si posee antecedentes profesionales adicionales que no hayan sido incorporados al texto publicado.
El caso adquirió mayor visibilidad porque Gómez fue consolidándose simultáneamente como una figura del armado político de Karina Milei. Desde su posición en la Casa Rosada participa de la organización de jóvenes libertarios y del despliegue universitario del oficialismo, tareas partidarias que se desarrollan en paralelo con su función administrativa.
Una investigación periodística difundida en diciembre de 2025 señaló que la remuneración asociada a su designación superaba entonces los 2,2 millones de pesos mensuales, incluyendo el suplemento ejecutivo. La cifra corresponde a ese período y no constituye una liquidación salarial actualizada a octubre de 2026.
La controversia no termina en Gómez. Otras resoluciones firmadas por Karina Milei muestran la utilización de mecanismos semejantes para prorrogar nombramientos transitorios con excepciones a requisitos del escalafón. Entre los antecedentes aparecen disposiciones vinculadas con Alberto Oscar García, María Alejandra Míguez, Carlos Andrés Basmajian Luzzi y Carolina Patricia Raggiati.
Las facultades para efectuar designaciones transitorias y autorizar determinadas excepciones se encuentran contempladas en el régimen administrativo vigente. Por lo tanto, la existencia de una excepción no implica automáticamente una ilegalidad. Sin embargo, su utilización reiterada, acompañada por postergaciones de los procesos de selección, plantea interrogantes sobre la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la función pública.
Precisamente allí aparece la contradicción política del caso. El Gobierno nacional sostiene como uno de sus principales objetivos la reducción del gasto estatal, la eliminación de estructuras innecesarias y la sustitución de las prácticas de nombramientos discrecionales por mecanismos de mayor eficiencia.
No obstante, las resoluciones firmadas por la propia secretaria general muestran que, al menos en determinados cargos de su dependencia, continúa utilizándose un sistema de designaciones directas, excepciones a los requisitos ordinarios y prórrogas sucesivas sin concursos concluidos.
La juventud de Gómez, su aspecto físico o su condición de militante política no constituyen por sí mismos impedimentos legales para ocupar un cargo público. La cuestión sustancial reside en que una funcionaria con responsabilidades de coordinación fue designada y ratificada mediante excepciones expresas, sin que se conocieran públicamente las razones específicas que justificaban prescindir de las exigencias habituales del escalafón.
En ese contexto, corresponde establecer qué criterios profesionales utilizó Karina Milei para seleccionarla, cuáles fueron los antecedentes valorados, qué requisitos no reunía al momento de su designación y por qué no se completó el procedimiento de selección previsto originalmente.
La respuesta tiene importancia más allá de una funcionaria en particular. Se trata de determinar si la conducción política de la Presidencia está aplicando criterios verificables de idoneidad y competencia o si las relaciones de confianza partidaria continúan teniendo un peso determinante para acceder a posiciones relevantes dentro de la administración pública.
Mientras el Gobierno exige austeridad, eficiencia y mayores controles sobre el gasto estatal, el caso Gómez muestra cómo las decisiones de personal pueden seguir dependiendo de excepciones administrativas autorizadas desde los niveles más altos del poder. La discusión, por lo tanto, no debería limitarse a las condiciones de una joven dirigente libertaria, sino extenderse a la necesidad de que todos los nombramientos jerárquicos sean sometidos a procedimientos transparentes, con criterios profesionales conocidos y oportunidades reales de competencia.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, resoluciones 168/2025 y 530/2025 de la Secretaría General de la Presidencia; Convenio Colectivo Sectorial SINEP, Decreto 2098/2008; Decreto 958/2024; La Nación; Tribuna de Periodistas; El Destape; organigrama oficial de la Presidencia de la Nación.
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