Una investigación periodística reveló que Facundo Leal, exfuncionario de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, participó de una reunión destinada a explorar compensaciones económicas para damnificados por $LIBRA a cambio de que abandonaran sus reclamos judiciales contra el Presidente y su hermana Karina. El exfuncionario exhibió presuntos mensajes del viceministro de Justicia, Santiago Viola. Semanas después fue detenido con millones de dólares, armas y drogas.
Buenos Aires – 19 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. Una nueva investigación sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA reveló la existencia de presuntas gestiones destinadas a negociar compensaciones económicas con inversores perjudicados por el derrumbe del activo digital, con una condición de enorme relevancia política y judicial: que los damnificados desistieran de impulsar sus reclamos contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, en una causa que continúa bajo investigación federal.
La información, publicada este lunes por el periodista Hugo Alconada Mon, identifica como protagonista de esas conversaciones a Facundo Leal, expresidente de ARSAT durante la administración de Alberto Fernández y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) durante el actual Gobierno. Leal participó, según dos asistentes consultados por el diario, de una reunión realizada el 21 de abril en el restaurante Dashi, ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, en la ciudad de Buenos Aires.
El encuentro reunió al abogado Fernando Burlando, a colaboradores y representantes legales de los damnificados, entre ellos Agustín Rombolá, y al inversor Martín Romeo, uno de los participantes activos en las actuaciones judiciales vinculadas con la criptomoneda promocionada por Milei el 14 de febrero de 2025.
De acuerdo con los testimonios publicados, Leal se presentó como un interlocutor con llegada directa al Gobierno y afirmó actuar con respaldo oficial. Para reforzar esa condición, habría exhibido conversaciones de WhatsApp mantenidas con Santiago Viola, actual viceministro de Justicia y apoderado de La Libertad Avanza.
Uno de esos intercambios resulta especialmente significativo. Según dos personas que dijeron haber observado los mensajes, Viola habría planteado la necesidad de esperar el regreso del Presidente de su viaje a Israel para avanzar con las negociaciones. Uno de los testigos recordó que el sentido de la comunicación era que, cuando regresara “el uno”, podrían cerrar el acuerdo.
La referencia temporal coincide con la visita oficial que Milei realizaba a Jerusalén junto con Karina Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, la existencia de esos mensajes y el alcance de la supuesta representación gubernamental de Leal todavía requieren corroboración judicial.
La negociación, según la reconstrucción periodística, contemplaba dos cuestiones relacionadas: establecer una eventual compensación para quienes habían perdido dinero con $LIBRA y conseguir que desistieran de sus reclamos, particularmente aquellos que se habían constituido como querellantes en el expediente que tramita en Comodoro Py.
La trascendencia de esta segunda condición resulta evidente. El desistimiento de los querellantes habría reducido su capacidad de solicitar medidas de prueba, acceder a determinadas actuaciones e impugnar resoluciones judiciales, aunque no implicaría automáticamente el cierre de la investigación penal, cuya continuidad depende también de la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Las conversaciones en Dashi tampoco habrían constituido un episodio aislado. La investigación identificó al menos otras tres instancias informales de negociación entre representantes de inversores, abogados y personas vinculadas con el oficialismo. En ese entramado aparece el exfutbolista Julio Serna, actual parlamentario del Mercosur, señalado como intermediario para facilitar contactos entre Burlando y Viola.
Desde el entorno de Serna reconocieron esa intermediación, pero aclararon que no participó de la reunión en Dashi. Allegados al viceministro confirmaron que conoce al exfutbolista y que mantuvo conversaciones telefónicas con Burlando, aunque negaron determinadas reuniones personales. Por su parte, Mahiques afirmó desconocer el encuentro y negó mantener una relación con el abogado.
La situación de Leal cambió radicalmente el 29 de mayo, cuando fue detenido durante una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante su gestión en ARSAT. En los allanamientos, la Policía Federal encontró aproximadamente 2,4 millones de dólares en efectivo y otras monedas, armas, estupefacientes y dispositivos electrónicos.
El exfuncionario quedó involucrado en expedientes judiciales por presuntas maniobras de corrupción y tenencia de drogas con fines de comercialización. La investigación sobre ARSAT se concentró, entre otros hechos, en contratos para el almacenamiento de equipamiento tecnológico que habrían sido adjudicados con sobreprecios y procedimientos cuestionados.
El contraste entre ambas situaciones agrega una dimensión inquietante al caso: un exfuncionario que, según los testimonios conocidos, se presentó como interlocutor de la Casa Rosada en negociaciones vinculadas con una investigación que afecta políticamente al Presidente terminó detenido semanas después en una causa completamente diferente, con millonarias sumas de dinero cuya procedencia se encuentra bajo investigación.
Pero el episodio judicial más relevante para los inversores perjudicados ocurrió posteriormente. El 3 de julio, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió excluir del expediente $LIBRA a cinco damnificados que actuaban como querellantes, luego de hacer lugar a un planteo presentado por la defensa del empresario Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en el lanzamiento del criptoactivo.
La decisión fue ratificada el 4 de septiembre por la Cámara Federal, que consideró insuficientes los elementos aportados por los inversores para acreditar, a los efectos de su participación procesal, un engaño concreto y una relación directa entre la presunta maniobra y el perjuicio económico denunciado.
Los afectados intentaron recurrir esa exclusión y posteriormente buscaron acceder a la Cámara Federal de Casación Penal, mientras la investigación permaneció bajo la responsabilidad del fiscal Eduardo Taiano.
La secuencia plantea una cuestión que merece especial atención: meses después de que presuntos emisarios vinculados con el oficialismo exploraran una salida económica condicionada al desistimiento de los querellantes, esos mismos damnificados perdieron su condición de acusadores particulares mediante resoluciones judiciales.
No existe hasta el momento una prueba pública que permita establecer una relación causal entre aquellas negociaciones informales y las decisiones adoptadas por los magistrados. Sin embargo, la coincidencia entre el objetivo atribuido a las conversaciones y el resultado procesal posterior introduce un nuevo elemento de interés para reconstruir las distintas gestiones desarrolladas alrededor del expediente.
El caso también vuelve a colocar bajo escrutinio al Ministerio de Justicia, particularmente por las referencias al viceministro Viola y por las afirmaciones de testigos que aseguran haber observado comunicaciones vinculadas con la posibilidad de alcanzar un acuerdo después del regreso presidencial.
La cuestión fundamental consiste en determinar quién autorizó a Leal a intervenir, si efectivamente actuó por encargo de integrantes del Gobierno y qué alcance tenían las conversaciones que supuestamente mantenía con funcionarios del Ministerio de Justicia.
También deberá establecerse si existió una propuesta económica concreta, quién habría aportado los fondos destinados a compensar a los inversores y si la eventual renuncia a las querellas formaba parte de una negociación privada entre particulares o respondía a una iniciativa impulsada desde ámbitos oficiales.
La investigación publicada no demuestra que Javier Milei o Karina Milei hayan ordenado esas gestiones, ni acredita que el ministro Mahiques o el viceministro Viola hubieran autorizado formalmente una negociación en nombre del Estado. Lo que sí expone es la existencia de testimonios coincidentes sobre una reunión en la que se habría invocado respaldo gubernamental para explorar el retiro de acusadores particulares de una causa judicial políticamente sensible.
En un expediente que comenzó con la promoción presidencial de un activo digital que posteriormente se desplomó, la aparición de negociaciones informales, intermediarios políticos y posteriores restricciones a la participación de los damnificados agrega interrogantes sobre la transparencia del proceso. La identificación de los mensajes originales, la eventual revisión de registros del restaurante y la declaración de los participantes permitirían determinar si el encuentro de Dashi fue una gestión privada sin consecuencias institucionales o si existió una intervención política de mayor alcance destinada a modificar la situación judicial de los hermanos Milei.
Fuentes consultadas: La Nación, investigación de Hugo Alconada Mon del 19 de octubre de 2026; Infobae; TN; Agencia Noticias Argentinas; antecedentes de la causa $LIBRA en el Juzgado Federal de Marcelo Martínez de Giorgi; actuaciones judiciales sobre Facundo Leal y ARSAT.
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