El Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho dejaron de ser simples organizaciones de narcotráfico para convertirse en estructuras capaces de controlar barrios, imponer tribunales clandestinos, extorsionar empresas y condicionar actividades políticas. Las facciones utilizan drones explosivos, barricadas y redes financieras para disputar el poder territorial al Estado. Una nueva ley establece penas de hasta 40 años de prisión, mientras investigaciones recientes revelan conexiones entre dirigentes políticos, organizaciones criminales y negocios millonarios.
Brasilia – 20 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. Brasil enfrenta una transformación del crimen organizado que representa una amenaza creciente para sus instituciones democráticas, su seguridad interior y la estabilidad regional. Las principales organizaciones criminales, encabezadas por el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), han dejado de limitar sus actividades al narcotráfico para desarrollar verdaderas estructuras de poder territorial, capaces de administrar comunidades, imponer reglas de convivencia, controlar servicios públicos y privados, condicionar procesos electorales y enfrentar a las fuerzas de seguridad mediante procedimientos cada vez más sofisticados.
La dimensión del fenómeno resulta particularmente alarmante. Según estimaciones difundidas por Rodrigo Pimentel, ex capitán del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) de Río de Janeiro y coautor del libro Tropa de Elite, alrededor de 44 millones de brasileños viven en territorios sometidos a la influencia o al dominio de organizaciones criminales, cifra equivalente a aproximadamente una quinta parte de la población nacional.
El dato refleja un problema que trasciende ampliamente la existencia de mercados ilegales. En numerosas comunidades, las facciones determinan quién puede ingresar, qué actividades comerciales están permitidas, qué empresas pueden prestar servicios y cuáles son las sanciones para quienes incumplen sus órdenes.
La diferencia es fundamental: el narcotráfico ya no solamente desafía al Estado, sino que en determinadas regiones pretende reemplazarlo.
Uno de los instrumentos utilizados por estas estructuras son los denominados tribunales del tráfico, organismos clandestinos mediante los cuales los jefes criminales establecen normas y administran castigos. Las decisiones pueden involucrar conflictos personales, deudas, disputas comerciales y comportamientos considerados contrarios a las reglas impuestas por la organización.
Las sanciones incluyen amenazas, expulsiones, agresiones físicas e incluso ejecuciones. De esta manera, la autoridad de los narcotraficantes sustituye en los hechos a las instituciones judiciales, mientras los habitantes permanecen sometidos a un sistema de coerción que restringe sus libertades fundamentales.
El comisario Paulo Saback, perteneciente a la División de Represión al Narcotráfico de la Policía Civil de Río de Janeiro, describió este mecanismo como una forma de sustitución del Estado que alcanza numerosos aspectos de la vida cotidiana.
Paradójicamente, la consolidación de ese dominio puede producir una reducción aparente de los niveles de violencia. Cuando una organización elimina o desplaza a sus competidores y establece un control absoluto sobre un territorio, disminuyen los enfrentamientos armados entre grupos rivales, pero la población continúa sometida a amenazas permanentes.
Esta situación ayuda a comprender una contradicción estadística brasileña. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2026, durante 2025 se registraron 40.775 muertes violentas intencionales, una reducción del 8,2% respecto de 2024 y el menor nivel de la serie iniciada en 2012.
La disminución de los homicidios constituye un dato relevante, aunque no necesariamente refleja una recuperación equivalente del control territorial estatal. En zonas donde una facción mantiene una posición hegemónica, la ausencia de enfrentamientos puede coexistir con mecanismos de intimidación que desalientan las denuncias y restringen la circulación de personas.
Las organizaciones también han desarrollado una poderosa economía paralela que les permite financiar sus operaciones sin depender exclusivamente de las ganancias obtenidas mediante la comercialización de drogas.
En distintas regiones de Río de Janeiro, grupos criminales y milicias controlan o extorsionan actividades relacionadas con la distribución de gas, el transporte, la televisión por cable y los servicios de internet.
En Icapuí, localidad costera del estado de Ceará, integrantes del Comando Vermelho exigieron a una empresa proveedora de internet el pago de aproximadamente dos dólares por cada cliente ubicado dentro de su zona de influencia. Después de que la compañía rechazara esa exigencia, tres individuos encapuchados destruyeron sus instalaciones durante julio de 2026.
La metodología demuestra cómo las facciones convierten necesidades esenciales de la población en mecanismos permanentes de recaudación. El proveedor que pretende operar debe aceptar las condiciones impuestas por la organización, mientras los ciudadanos terminan dependiendo de servicios sometidos al control de delincuentes.
En otras localidades de Ceará, investigaciones policiales documentaron presiones sobre actividades relacionadas con el suministro de agua, la recolección de residuos y el transporte escolar.
La penetración criminal también alcanza al sistema político. Durante agosto, la denominada Operación Omertá, desarrollada en Sobral, permitió identificar indicios de que integrantes del Comando Vermelho habrían exigido pagos de hasta 11.650 dólares a candidatos que pretendían realizar actividades proselitistas en barrios dominados por la organización.
Las investigaciones incluyeron amenazas destinadas a impedir reuniones y actos electorales, lo que introduce una dimensión especialmente peligrosa: grupos armados ilegales con capacidad para determinar quién puede desarrollar una campaña política dentro de determinadas comunidades.
La situación adquirió nueva relevancia durante octubre, cuando investigaciones de la Policía Federal brasileña derivaron en la detención de Márcio Canella, exintendente de Belford Roxo y diputado estadual electo por União Brasil, acusado de mantener presuntos vínculos con el Comando Vermelho y estructuras milicianas.
Según las actuaciones policiales difundidas el 15 de octubre, Canella habría participado en acuerdos para permitir temporalmente la retirada de barricadas criminales a cambio de que las fuerzas de seguridad redujeran sus operaciones en determinadas zonas, facilitando la ejecución de obras públicas.
Una vez finalizados esos trabajos, los integrantes de las organizaciones recuperarían el control territorial. La investigación también examina presuntos vínculos del político con una red empresarial relacionada con estaciones de servicio que habría movilizado aproximadamente 7.600 millones de reales.
Las acusaciones permanecen sujetas al correspondiente proceso judicial, pero el caso expone la magnitud que puede alcanzar la interrelación entre negocios, estructuras políticas y organizaciones delictivas cuando el control territorial se convierte en un recurso negociable.
La transformación de las facciones se manifiesta igualmente en su capacidad militar.
Durante agosto de 2026, operaciones desarrolladas en distintos barrios de Río de Janeiro permitieron detectar barricadas construidas con vehículos, estructuras metálicas y elementos explosivos, destinadas a impedir el ingreso de unidades policiales.
En el denominado Complexo de Israel, las fuerzas de seguridad identificaron vehículos preparados con explosivos y dispositivos de detonación a distancia. Estas instalaciones buscan transformar los accesos a las comunidades en obstáculos defensivos capaces de provocar importantes bajas durante los operativos.
A ello se suma la utilización de drones equipados con artefactos explosivos, empleados tanto contra facciones rivales como para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
La tecnología, inicialmente utilizada para reconocimiento y observación, evolucionó hacia aplicaciones ofensivas que reproducen, en una escala diferente, procedimientos característicos de conflictos armados contemporáneos.
Las autoridades brasileñas investigan numerosos ataques mediante aeronaves no tripuladas y han detectado actividades de instrucción destinadas a capacitar a integrantes criminales en su utilización.
En el Complexo do Alemão, por su parte, las organizaciones instalaron techos y estructuras sobre calles y pasajes para dificultar la observación aérea. Estas modificaciones del espacio urbano permiten ocultar movimientos, proteger posiciones y reducir la eficacia de los drones empleados en operaciones policiales.
La creciente militarización de las facciones obliga a las autoridades a revisar procedimientos tradicionales de seguridad. Ya no se trata únicamente de enfrentar delincuentes armados, sino de operar en territorios donde existen sistemas de vigilancia, barreras defensivas, explosivos controlados a distancia y redes de información capaces de anticipar desplazamientos policiales.
El dominio territorial también proporciona acceso a infraestructuras estratégicas para el comercio ilegal internacional.
Los puertos, aeropuertos, centros de distribución, depósitos y empresas de transporte se han convertido en objetivos prioritarios de infiltración porque permiten conectar las actividades criminales locales con mercados de otros continentes.
El aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, constituye uno de los ejemplos más importantes. El 31 de julio de 2026, la Policía Federal frustró un intento de introducir aproximadamente 400 kilogramos de cocaína en una aeronave con destino a Europa.
Investigaciones anteriores habían identificado además la utilización de drones para observar las operaciones de seguridad aeroportuaria y facilitar maniobras vinculadas con cargamentos ilegales.
Esta capacidad de articulación logística explica por qué las principales facciones brasileñas se han convertido en organizaciones con proyección transnacional, capaces de establecer vínculos comerciales y criminales que atraviesan fronteras y conectan América del Sur con Europa y otros mercados.
Frente a ese escenario, el Estado brasileño comenzó a modificar su legislación.
El 24 de marzo de 2026 fue promulgada la Ley 15.358, denominada Ley Raul Jungmann, que establece un nuevo marco jurídico para combatir organizaciones criminales ultraviolentas, grupos paramilitares y milicias privadas.
La norma incorpora una figura penal especialmente significativa: el dominio social estructurado, concebido para sancionar a quienes, mediante violencia o amenazas graves, ejercen control sobre comunidades, territorios, actividades económicas o instituciones.
Las penas contempladas alcanzan entre 20 y 40 años de prisión, y la legislación también comprende conductas destinadas a impedir las actuaciones policiales, entre ellas la instalación de barricadas y obstáculos que dificulten la circulación o el acceso a determinadas zonas.
La innovación jurídica consiste en reconocer que el control criminal del territorio constituye una conducta delictiva específica, más allá de los delitos particulares utilizados para sostenerlo.
Hasta ahora, las investigaciones debían concentrarse principalmente en hechos concretos de narcotráfico, homicidio, extorsión o asociación criminal. El nuevo marco permite examinar directamente la estructura de dominación establecida por las organizaciones y las acciones destinadas a mantenerla.
La legislación también refuerza herramientas vinculadas con investigaciones financieras, confiscación de bienes, cooperación entre organismos y persecución de las redes económicas que sostienen a las facciones.
Sin embargo, la experiencia brasileña demuestra que el endurecimiento penal representa apenas una parte de la respuesta necesaria. Recuperar un territorio no consiste exclusivamente en ingresar con fuerzas especiales, detener sospechosos y retirar barricadas. También exige restablecer servicios públicos, garantizar el funcionamiento de las instituciones, impedir la reconstrucción de las estructuras criminales y proteger a la población frente a eventuales represalias.
El fenómeno presenta consecuencias directas para los países vecinos, incluida la Argentina, porque las redes de narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico de armas no reconocen fronteras nacionales.
La expansión de organizaciones brasileñas hacia corredores comerciales internacionales convierte la cooperación policial, judicial y de inteligencia en una necesidad estratégica para toda la región.
El desafío resulta especialmente complejo porque las estructuras criminales han desarrollado capacidades para combinar violencia, negocios formalmente constituidos, corrupción institucional, control comunitario y participación indirecta en actividades políticas.
La experiencia brasileña demuestra que una organización dedicada inicialmente al narcotráfico puede evolucionar hasta convertirse en un sistema de poder paralelo, con recursos financieros, capacidad militar y mecanismos propios de regulación social.
El caso de Márcio Canella, investigado por presuntas relaciones con organizaciones delictivas y negocios de miles de millones de reales, agrega un elemento particularmente significativo: cuando las facciones consiguen establecer vínculos con estructuras políticas y administrativas, el problema deja de limitarse a la seguridad pública y alcanza directamente el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Brasil enfrenta así una disputa que ya no se resuelve solamente mediante incautaciones de cocaína o detenciones de cabecillas. El verdadero desafío consiste en recuperar la autoridad estatal sobre comunidades donde millones de personas han quedado sometidas a sistemas criminales de gobierno, mientras las investigaciones más recientes revelan que el control de esas poblaciones también puede utilizarse para administrar mercados, condicionar elecciones y negociar espacios de influencia dentro de la propia estructura institucional.
Fuentes consultadas: Diálogo Américas, investigación de Paolo Manzo, 16 de octubre de 2026; Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2026; Agencia Brasil; Policía Federal de Brasil; Policía Militar y Policía Civil de Río de Janeiro; Senado Federal de Brasil, Ley 15.358/2026; Folha de S.Paulo; Financial Times; UOL; O Dia.
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