La ex presidente y su hijo afrontan desde este viernes un juicio unificado por asociación ilícita, lavado de activos y, en el caso de Cristina Kirchner, presunta recepción de dádivas. La Fiscalía sostiene que empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López utilizaron contratos hoteleros e inmobiliarios para transferir fondos a la familia Kirchner.
Buenos Aires – 23 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, afrontan desde este viernes un nuevo juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero mediante alquileres inmobiliarios, explotación hotelera y transferencias provenientes de empresarios beneficiados por contrataciones y decisiones estatales durante los gobiernos kirchneristas.
El debate comenzará a las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Junto con los Kirchner serán juzgados, entre otros, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó unificar ambos expedientes, al considerar que las acusaciones describen maniobras relacionadas entre sí. La decisión respondió a un planteo del fiscal Diego Velasco, quien cuestionó que se realizaran dos juicios separados cuando las operaciones investigadas compartían protagonistas, movimientos financieros y presuntos beneficiarios.
Según la acusación formulada originalmente por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Cristina Kirchner habría encabezado una asociación ilícita destinada a captar fondos públicos y posteriormente incorporarlos al patrimonio familiar mediante sociedades comerciales.
En el expediente Los Sauces, la investigación determinó que aproximadamente el 88% de los ingresos facturados entre 2009 y 2016, por unos 25,9 millones de pesos de entonces, procedía de compañías vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, de López y De Sousa.
La Fiscalía sostiene que varios de esos alquileres fueron simulados o establecidos por valores superiores a los de mercado. Entre las operaciones cuestionadas figuran departamentos del complejo Madero Center, propiedades en Santa Cruz y establecimientos hoteleros administrados por sociedades vinculadas con los empresarios.
En el caso Hotesur, los investigadores describieron un mecanismo por el cual empresas constructoras de Báez transferían dinero a Valle Mitre S.A., administradora de hoteles de la familia Kirchner, mediante reservas de habitaciones, alquileres de salones y otros servicios comerciales cuya efectiva prestación fue cuestionada.
Los fiscales identificaron pagos de Valle Mitre por 28,5 millones de pesos a Hotesur, vinculados con la explotación del Hotel Alto Calafate, y otros 6,9 millones de pesos correspondientes a la Hostería Las Dunas.
La imputación también comprende operaciones patrimoniales destinadas a financiar la adquisición de establecimientos hoteleros, entre ellas ventas de terrenos a empresas de Báez y un préstamo de Austral Construcciones por 8,3 millones de pesos.
Cristina Kirchner está acusada, además, de haber retirado fondos de Hotesur por aproximadamente 4,8 millones de pesos mediante movimientos registrados como créditos o cuentas particulares de accionistas. Para el Ministerio Público Fiscal, estas operaciones habrían permitido incorporar recursos de origen presuntamente ilícito a su patrimonio personal.
En Los Sauces también se investiga la presunta recepción de dádivas provenientes de empresarios que habrían obtenido beneficios estatales. Todas estas conductas forman parte de la acusación que deberá examinarse en el debate oral y todavía no constituyen hechos judicialmente probados en este proceso.
El tribunal autorizó excepcionalmente que Cristina y Máximo Kirchner participen por videoconferencia durante la lectura inicial de las acusaciones. La ex presidente cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, como consecuencia de la condena firme en la causa Vialidad. La modalidad virtual no se extenderá automáticamente al resto del juicio.
El proceso abre una nueva instancia judicial para la familia Kirchner, esta vez centrada en determinar si los negocios inmobiliarios y hoteleros constituyeron actividades comerciales legítimas o fueron utilizados para canalizar fondos provenientes de contratistas del Estado. Entre las pruebas que deberá valorar el tribunal figuran contratos de alquiler, libros societarios, peritajes contables y transferencias bancarias realizadas durante más de una década.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal de la Nación, requerimientos de elevación a juicio de Hotesur y Los Sauces.
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