Washington expresó su preocupación por las sanciones previstas en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó postergado en el Congreso. El subsecretario de Estado Christopher Landau también respaldó la eliminación del Comité de Descolonización de la ONU, un foro estratégico para el reclamo argentino. La coincidencia política entre Milei y Trump enfrenta así una cuestión sensible: la defensa de los intereses nacionales.
Buenos Aires – 23 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El gobierno de Donald Trump manifestó públicamente su preocupación por las consecuencias que podría tener sobre empresas estadounidenses la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por el presidente Javier Milei para sancionar a compañías vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas. El planteo coincide con la decisión de Washington de promover la eliminación del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde Argentina sostiene anualmente su reclamo de soberanía.
El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado que conduce Marco Rubio, reconoció durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno que Washington sigue atentamente el proyecto argentino, cuyo tratamiento parlamentario fue postergado.
“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo Landau, aunque aclaró que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino.
La iniciativa presentada por Milei el 17 de septiembre propone ampliar las sanciones contra compañías que participen directa o indirectamente en actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Cabe destacar que hace una semana entre las empresas de EE.UU que anunciaron que no participarían figuran las estadounidenses Halliburton, SLB (ex Schlumberger), Baker Hughes y Weatherford, además de DLS Archer y Tenaris. La decisión responde, principalmente, a la necesidad de preservar sus negocios e inversiones en territorio continental argentino, especialmente en Vaca Muerta, frente al riesgo de sanciones.
El principal objetivo inmediato es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas próximas a las Malvinas. Sin embargo, el texto también contempla consecuencias para empresas asociadas comercial o financieramente con esas firmas, incluso cuando sus operaciones se desarrollen fuera del archipiélago.
Ese alcance preocupa a Washington porque podría afectar a grandes compañías y fondos estadounidenses con inversiones en otros proyectos energéticos, incluidos emprendimientos en territorio continental argentino.
Según trascendió, el embajador norteamericano Peter Lamelas ya había transmitido al Gobierno argentino objeciones sobre la amplitud de las sanciones previstas. La iniciativa permanece en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados, sin dictamen que habilite su tratamiento en el recinto.
Quirno defendió la propuesta al señalar que la legislación vigente no proporciona herramientas suficientes para proteger los derechos argentinos. Explicó que las empresas deberán evaluar si prefieren invertir legítimamente en el territorio continental, particularmente en Vaca Muerta, o participar de actividades desarrolladas en Malvinas sin autorización nacional.
La segunda controversia diplomática resulta igualmente significativa. Consultado sobre la propuesta estadounidense de eliminar el Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24), Landau confirmó que responde al programa de reformas de organismos multilaterales de la administración Trump.
El funcionario cuestionó la utilidad de numerosos comités internacionales y recordó que el C-24 ha adoptado posiciones contrarias a Estados Unidos en asuntos como Puerto Rico.
Quirno reconoció que el comité constituye un foro importante para Argentina, aunque sostuvo que su eventual desaparición no afectaría la validez de las resoluciones internacionales ni la continuidad del reclamo argentino.
Sin embargo, la eliminación del C-24 significaría perder un ámbito especializado donde Argentina obtiene periódicamente respaldo diplomático para reclamar negociaciones bilaterales con el Reino Unido. Aunque las resoluciones anteriores mantendrían su existencia, desaparecería uno de los mecanismos institucionales utilizados para sostener el tema en la agenda internacional.
El contraste es evidente: mientras Washington defiende los intereses económicos de sus compañías frente a una legislación argentina, también impulsa una reforma internacional que podría reducir las herramientas diplomáticas disponibles para Buenos Aires en la disputa por Malvinas.
Landau destacó que ambos gobiernos mantienen un grado excepcional de coincidencia política y anticipó mayores inversiones estadounidenses. Durante su visita también se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar el comercio bilateral y nuevas oportunidades empresariales.
La relación estratégica con Estados Unidos representa una prioridad de la política exterior de Milei, pero el tratamiento de la Ley de Soberanía Nacional y el futuro del Comité de Descolonización introducen una cuestión que trasciende las afinidades ideológicas: cómo compatibilizar la alianza con Washington con la defensa de los recursos naturales y los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas.
La respuesta comenzará a definirse en el Congreso, donde el oficialismo deberá decidir si mantiene el alcance original de las sanciones propuestas por el propio Poder Ejecutivo o introduce modificaciones que contemplen las preocupaciones estadounidenses.
Fuentes consultadas: La Nación, Clarín, Infobae, TN, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Presidencia de la Nación y declaraciones de Christopher Landau y Pablo Quirno.
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