Hermetismo, egos, presiones y el enojo de Cristina, detrás del voto de la Corte

a un acuerdo extraordinario, estaban extremadamente sensibles por las filtraciones que uno adjudicaba al otro. Incluso, algunos recordaron que antes del anuncio público de Rosenkrantz “ya había consenso” para tratar el per saltum.

Más allá de esas rispideces, el jueves los cinco habían votado en forma unánime la confirmación de la mayoría de las condenas por la Tragedia de Once, entre ellas la del ex secretario de Transporte K, Juan Schiavi. Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández salió a criticar a Rosenkrantz por supuestamente no implementar la ley Micaela y le contestó Highton con quien tiene la mejor relación en el máximo tribunal. En realidad, el jefe de Estado cruzó a Rosenkrantz porque le había llegado la versión según la cual se habría reunido con el ex presidente Mauricio Macri. Entonces, el sábado un representante del presidente de la Corte habló con “dos altos funcionarios de la Casa Rosada” para desmentir el hecho. “Rosenkrantz se reúne solo con sus colegas y sus asesores”, decía el mensaje.

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En medio de un clima tirantez y protestas fuera de lugar en la casa de algunos de los ministros, Lorenzetti y Rosatti viajaron desde Santa Fe –donde estaban cumpliendo la cuarentena- a Buenos Aires para este voto visagra en la relación de la Corte con el gobierno de los Fernández. “Pasamos de un cultura del alegato de oreja a otra del apriete, desde los dos extremos de la grieta”, se quejó un abogado conocedor de los pliegues del poder judicial.

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Aunque cuatro de los ministros estaban en el elegante cuarto piso del palacio de tribunales diseñado por el arquitecto francés Norbert Maillart debatieron desde las 11 de la mañana por Zoom. Solo Elena Highton lo hizo desde su departamento en el barrio de Palermo. Rosatti, Lorenzetti y Maqueda –el “tridente peronista” como lo llaman algunos- llegaron con un proyecto de voto escrito al que primero adhirió y luego directamente firmó Highton. Rosenkrantz fue con su voto concurrente, aunque los cinco votaron en el mismo sentido. El presidente de la Corte puso énfasis en el “efecto sistémico” que tiene la remoción de jueces sobre todo el poder judicial en particular y la sociedad, en general.

Hasta ayer a la mañana las especulaciones iban desde el rechazo a la aceptación del per saltum, aunque los votos de las acordadas 4 de la Corte (Rosenkrantz y Highton) y la 7 (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda) de 2018 avalando los traslados de estos tres jueces hablan por sí solas y son un antecedente jurídico ineludible. “El Loro no iba a perder su rol histórico de haber frenado el proyecto de democratización de la Justicia de Cristina Kirchner por el enojo que mantiene por la pérdida de la presidencia de la Corte”, dijo una fuente. Lo cierto es que en la construcción del voto, como dicen los juristas, desde “el arranque había un consenso construido sobre tres porotos”.

Así el consenso y el hermetismo pudo más que los egos. “Los ministros sabían que cualquier trascendido podría afectarlos y que el que va a buscar ayuda a consulta afuera del palacio, daría una señal de debilidad”, contó otra fuente. La semana pasada, no había habido un Zoom solo para Rosenkrantz y Lorenzetti para tratar de limar diferencias, como sostuvieron algunos trascendidos. Los chisporroteos existieron y fueron en un Zoom conjunto de todos los ministros.

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Incluso, las avenencias a las que llegaron permitirían que la Corte eventualmente decida la semana próxima el tema de fondo: si fue constitucional la revisión del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sucede que ellos mismos abreviaron los tiempos cuando le dieron solo 48 horas al Gobierno y al procurador general interino Eduardo Casal para que opinen. Es decir, a partir del jueves de la semana próxima estarán en condiciones técnicas de votar, aunque hablen de 15 ó 20 días para afuera para aventar presiones. “Vamos a ver quién junta los porotos para la votación de fondo”, advirtió otra fuente que conoce el palacio de Justicia desde hace muchos años.

Mientras tanto se espera en tribunales la respuesta de Cristina. Es decir si va a acatar la resolución. Ayer había rumores que “pegó unos gritos” cuando se enteró de la noticia en su departamento de Recoleta. Cuando el jueves pasado, Alberto Fernández firmó los tres decretos en tiempo récord avalando la remoción de los jueces, en la Corte se confirmó “quién manda en el Gobierno”. Por eso algunos se preparan para un eventual escenario de mayor tensión. “La Corte tiene para votar un pedido de inconstitucionalidad de la ley de Cristina que redujo el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 para darle más poder al gobierno de turno”, recordó otra fuente, en contra del equilibrio que establece la Constitución.

Precisamente, la única orden que dio ayer la Corte fue a la Magistratura, donde los K tienen mayoría, para que no avance en el llamado a concurso para cubrir los cargos de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña y de Castelli en el TOF 7. Mañana, jueves, se podrá medir el impacto que la decisión de la Corte produjo entre aquellos, como Gerónimo Ustarroz, que iniciaron esta movida.

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Por las declaraciones públicas de altos funcionarios había quedado claro que el gobierno no esperaba un revés de este tipo. Quizás se deba a que el Poder Ejecutivo tiene poco diálogo con la Corte. Incluso, no registró debidamente cuando la Corte rechazó en abril, en forma unánime, el pedido de Cristina de que validara las sesiones virtuales del Senado. Los últimos contactos fueron “hace dos meses de un juez con la ministra de Justicia Marcela Losardo” y un día antes del acto por el envío al Congreso del proyecto por la reforma judicial cuando el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello llamó a cada ministro para invitarlo. Solo fue Highton.

Para colmo, Alberto –como jefe de gabinete de Kirchner- fue quien discutió con Rosatti –como ministro de Justicia- en el 2005 cuando éste se negó a firmar un contrato con sobreprecios por la construcción de cárceles. Desde que asumió en la Corte en 2016 Rosatti estableció el principio según el cual “si un juez es presionado tiene dos caminos: la denuncia o la renuncia”.