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La aprobación del llamado impuesto a la riqueza en la Cámara de Diputados y su probable sanción definitiva en los próximos días en el Senado ha unido a las principales organizaciones empresariales en contra de este proyecto con el cual el Gobierno espera recaudar más de 300 mil millones de pesos. Sin embargo, algunos dirigentes empresarios acostumbrados a dialogar con el poder político confían en que el presidente Alberto Fernández rectificará parcialmente la controvertida iniciativa originada en sectores del kirchnerismo.Por Fernando Laborda
Descontando que el proyecto, impulsado desde su origen por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, será convalidado en la Cámara de Senadores tal como fue aprobado en la madrugada de anteayer en Diputados, representantes del empresariado no apuestan directamente a un veto del presidente de la Nación, pero sí a que se moderen los alcances de la norma por la vía de la reglamentación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo, con la intervención del ministro de Economía, Martín Guzmán.
¿Cuál sería la pequeña luz al final del oscuro túnel que ven los representantes de algunas de las organizaciones que agrupan a las grandes compañías? La posibilidad de que, una vez sancionada, la ley de aporte solidario y extraordinario sea reglamentada de tal manera que el monto de los aportes de capital a las empresas y de las inversiones en tecnología, en maquinaria o en recursos humanos hechos por sus accionistas puedan ser computables como pagos a cuenta del nuevo tributo.
“La idea es que toda persona física que haya efectuado o esté en condiciones de efectuar un aporte al capital productivo o que haya inyectado recursos para ampliar una fábrica o invertido fondos en un fideicomiso con distintos fines productivos o de construcción, por ejemplo, pueda deducir esos aportes a los efectos del pago del impuesto”, señaló a LA NACION una calificada fuente del sector industrial.
Igualmente, se buscará que, en la reglamentación de la norma, las autoridades eximan de incluir en el pago del tributo las tenencias de títulos públicos y obligaciones negociables de compañías argentinas, con el fin de no afectar el ahorro en moneda nacional y evitar la desigualdad en el tratamiento a unos y a otros ciudadanos.
En esos círculos empresarios se estima que el Gobierno debería evaluar seriamente estas alternativas para intentar tender puentes con sectores que han declarado su total rechazo al proyecto de impuesto a la riqueza que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y para evitar un proceso de desinversión al que conduciría el desaliento que se manifiesta en muchos de los que serán alcanzados por la iniciativa, por poseer un patrimonio superior a los 200 millones de pesos.
En las últimas horas, tanto la Unión Industrial Argentina (UIA) como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresaron su desacuerdo y preocupación con el proyecto.
Una de las principales objeciones que se le han formulado a la iniciativa legal es que “descapitaliza a las empresas” y “restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”, como puntualizó ayer AEA. Del mismo modo, como sostuvo la UIA, quienes impulsaron el proyecto no tuvieron en cuenta el contexto de la crisis sanitaria y económica sin precedentes que afecta a los inversores y accionistas de las empresas.
Otro de los cuestionamientos a la proyectada contribución extraordinaria radica en que esta se superpone con el impuesto a los bienes personales, incrementando en forma significativa la de por sí elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía, a tal punto que el gravamen podría resultar confiscatorio.
En tal sentido, AEA recordó que la suma de los gravámenes sobre los activos podría llegar a una tasa de hasta el 7,5%, que se calcularía sin considerar cualquier deuda que pudiese integrar el patrimonio del contribuyente.
El drama de un oficialismo en el que todos quieren mandar y ninguno gobierna
Además de afectar el principio de confiscatoriedad, por gravar la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales, con el agravante de que no admite las exenciones de este tributo, el proyecto también ataca la capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa distinto en función de la localización de los activos, y la retroactividad, porque el impuesto alcanzaría a los residentes en el país al 31 de diciembre de 2019, aunque hayan perdido esa condición durante este año, según la declaración emitida por la UIA.
De allí que, mientras los vicios de inconstitucionalidad de la proyectada ley derivarán en múltiples demandas judiciales, la imprevisibilidad económica, la inseguridad jurídica y la voraz presión impositiva solo ayudarían a espantar de la Argentina a quienes estén en condiciones de hacer aportes de capital al sistema productivo, según el pronóstico de analistas económicos y de dirigentes empresariales.
El impuesto a la riqueza podría, paradójicamente, provocar mucha más pobreza y obligaría al presidente de la Nación a sacar un conejo de la galera para morigerar sus previsibles efectos en la expulsión del capital al que se debería querer seducir.
Fuente La Nacion
