Buenos Aires – 23 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente en la batalla por YPF: funcionarios argentinos mantuvieron reuniones reservadas con integrantes de la administración de Donald Trump para promover una eventual investigación penal estadounidense sobre el ingreso, permanencia y salida de la familia Eskenazi de la petrolera. La estrategia apunta a determinar si aquella operación, financiada en buena medida con bancos internacionales, créditos de Repsol y dividendos futuros de la propia compañía, pudo haber generado un fraude financiero con efectos sobre inversores o instituciones de Estados Unidos. Para sostener el planteo, la Casa Rosada contrató incluso a una consultora privada de inteligencia en Washington para verificar la información que luego fue presentada a funcionarios norteamericanos.
Las gestiones se realizaron antes y después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara el 27 de marzo la condena multimillonaria que pesaba sobre la Argentina por la expropiación de la petrolera. El fallo dejó sin efecto la obligación de pagar una suma superior a los US$16.000 millones que había impuesto la jueza Loretta Preska, una decisión que el Gobierno calificó oficialmente como un triunfo histórico.
Según pudo reconstruirse, en las tratativas participaron, conjunta o separadamente, el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, el entonces número dos de la Procuración del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, actualmente secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y desde Buenos Aires la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy. Del lado estadounidense intervinieron funcionarios del Departamento de Justicia, colaboradores del secretario de Estado Marco Rubio y, en al menos parte de los contactos, la entonces fiscal general Pam Bondi.
El objetivo argentino fue cuidadosamente delimitado: no pedir a Washington que investigara la relación política de los Eskenazi con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, materia correspondiente a los tribunales argentinos, sino determinar si las operaciones financieras utilizadas para adquirir el 25% de YPF pudieron haber configurado delitos alcanzados por la jurisdicción estadounidense.
La arquitectura de aquella adquisición ofrece argumentos para explicar por qué el Gobierno intenta explorar esa vía. En febrero de 2008, Petersen Energía, vehículo controlado por la familia Eskenazi, adquirió a Repsol el 14,9% de YPF por US$2.235 millones. Documentos regulatorios presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) muestran que la compra fue financiada con US$1.026 millones aportados por instituciones financieras y otros US$1.015 millones prestados por la propia Repsol, además de una fracción de capital de los compradores.
El esquema tenía una particularidad determinante: Repsol y Petersen acordaron impulsar una política por la cual YPF distribuiría el 90% de sus ganancias como dividendos y, además, abonaría US$850 millones extraordinarios durante 2008 y 2009. Esos flujos permitían a los Eskenazi atender los créditos utilizados para comprar las propias acciones de la empresa. La existencia y características esenciales del acuerdo constan en documentación presentada ante la SEC.
En 2011, Petersen sumó otro 10% de YPF mediante un mecanismo financiero semejante. Esa segunda etapa también recurrió a préstamos bancarios y financiamiento del vendedor. Cuando la participación estatal fue expropiada en 2012 y se interrumpió la política de dividendos, las sociedades de Petersen dejaron de poder afrontar sus obligaciones y terminaron en insolvencia. Fuentes de la época calcularon entonces deudas próximas a US$2.900 millones.
Es justamente ese circuito —compra altamente apalancada, utilización de dividendos de YPF para pagar la adquisición, participación de bancos internacionales, acciones cotizadas en Nueva York y posterior quiebra de los vehículos españoles— el que la administración de Milei pretende que sea revisado desde una perspectiva penal estadounidense.
Para respaldar el planteo, la Casa Rosada recurrió a una firma privada especializada en inteligencia corporativa y delitos financieros con oficinas en Washington. Fuentes vinculadas con las tratativas señalaron que la tarea consistió en procesar y verificar la información disponible antes de entregarla al Departamento de Justicia. En Buenos Aires circuló el nombre de K2 Integrity, anteriormente denominada K2 Intelligence, aunque esa empresa negó haber realizado el trabajo.
La iniciativa argentina incorpora así herramientas habitualmente asociadas con investigaciones de inteligencia financiera a un litigio que hasta ahora había sido abordado fundamentalmente desde el derecho comercial y societario. Uno de los argumentos transmitidos a funcionarios estadounidenses fue que los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, centro neurálgico de las finanzas internacionales, no deberían convertirse en el vehículo final de una operación que el Gobierno argentino considera potencialmente contaminada desde su origen.
La ofensiva también tiene una razón procesal inmediata. Los vehículos Petersen Energía y Eton Park, respaldados financieramente por Burford Capital, todavía intentan mantener con vida el reclamo. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió una extensión para que presenten hasta el 30 de septiembre un pedido de certiorari contra la sentencia favorable a la Argentina. El expediente oficial del máximo tribunal registra que la prórroga fue solicitada el 11 de agosto y concedida posteriormente por la jueza Sonia Sotomayor.
La ofensiva del Gobierno intenta, por lo tanto, ir a la raíz de una controversia que comenzó mucho antes de Burford. La tesis que se analiza en Buenos Aires es que, si existieran irregularidades penalmente relevantes en la adquisición y financiamiento de las acciones de Petersen, podría quedar bajo cuestionamiento la cadena de derechos que terminó alimentando el multimillonario pleito contra el Estado argentino.
En la Argentina, el origen de la operación está bajo investigación desde 2007 a partir de una denuncia de Elisa Carrió, en un demorado expediente que permanece bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, en su momento propuesto por el gobierno para integrar la Corte Suprema. La investigación se refiere a las circunstancias en las que el grupo Petersen logró ingresar en YPF durante la presidencia de Néstor Kirchner, su expansión posterior y la actuación de funcionarios y empresarios que intervinieron en aquellas decisiones.
La relación entre los Kirchner y los Eskenazi venía de mucho antes. El grupo empresario tuvo fuerte presencia financiera en Santa Cruz, donde se quedó con el Banco de Santa Cruz tras su privatización durante la gobernación de Néstor Kirchner. Años después, ya con los Kirchner instalados en la Casa Rosada, el grupo obtuvo su participación en la mayor petrolera argentina. Ese historial convirtió desde el inicio la operación en un asunto de enorme sensibilidad política.
La posición de los Eskenazi es diametralmente opuesta. Desde el Grupo Petersen sostienen que las adquisiciones cumplieron con las regulaciones de Argentina, España y Estados Unidos, y que la familia declaró reiteradamente durante los procesos judiciales. También señalan que la sentencia original de Preska no estableció responsabilidad penal alguna contra sus integrantes.
El pleito financiero tampoco terminó por completo después de la victoria argentina en segunda instancia. Además del posible recurso ante la Corte Suprema, las sociedades concursadas vinculadas con Petersen anunciaron que recurrirán al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, abriendo un nuevo escenario contra la República Argentina.
El involucramiento estadounidense ya tuvo un precedente concreto durante este mismo año. El Departamento de Justicia presentó posiciones ante los tribunales norteamericanos favorables a aspectos de la defensa soberana argentina mientras avanzaba el proceso de apelación. Paralelamente, la administración de Milei buscó profundizar el respaldo político de Washington hasta llevar la controversia fuera del terreno estrictamente civil.
Hasta ahora no existe confirmación pública de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya abierto una investigación criminal contra los Eskenazi. Pero la contratación de inteligencia privada, las reuniones mantenidas por funcionarios de primera línea y el contacto con las autoridades estadounidenses muestran que la Casa Rosada pretende transformar la defensa de YPF en una ofensiva sobre el origen mismo del litigio.
Si Washington decide finalmente avanzar, la historia judicial podría experimentar un giro de enorme magnitud: el foco dejaría de estar solamente sobre cómo Cristina Kirchner expropió YPF en 2012 y comenzaría a retroceder hacia una pregunta todavía anterior, la forma en que los Eskenazi consiguieron comprar una cuarta parte de la principal petrolera argentina mediante una operación cuyo financiamiento dependía, en buena medida, de los dividendos generados por las mismas acciones que estaban adquiriendo.
Fuentes consultadas: Corte Suprema de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), Oficina del Presidente de la Nación, documentación judicial del litigio Petersen Energía vs. República Argentina, La Nación, TN, antecedentes parlamentarios argentinos y documentación societaria de YPF.
