En la previa al debate en el recinto de la Cámara de Diputados del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, un informe asegura que los abortos clandestinos generan un costo fiscal “oculto” de $ 2.586 millones por año. Además, si esos fondos se destinaran a abortos seguros, cubrirían casi la totalidad de los casos.
El costo para el sistema de salud se desprende de la cantidad y costo de las internaciones y tratamientos hospitalarios generados como consecuencia de los abortos clandestinos. Del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Así lo detalla el análisis “La economía del aborto” a cargo del Observatorio de Géneros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que retoma datos del estudio de Silvia Mario y Edith Pantelides que estima que por año se producen en promedio 447 mil abortos. La Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) habla de 450.000 casos anuales.
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Según la valuación de los tratamientos -de acuerdo con su gravedad-, economistas y médicas estimaron que el costo de los tratamientos por las complicaciones y secuelas de los abortos clandestinos llega a $ 2.586 mil millones al año.
Cálculos. Para la estimación del acceso al aborto seguro, se plantea “un escenario donde el total los abortos clandestinos (447.000) se realizaran a través de un método medicamentoso” como el misoprostol -la droga utilizada para la interrupción del embarazo con pastillas-. Y se considera que el 10% de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completar el aborto.
“Si el Estado tuviera una política pública de Aborto Legal Seguro y Gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos”, plantean las economistas de CEPA. De los 45.600 egresos hospitalarios, una atención a tiempo con misoprostol y AMEU, si fuera necesario, habrían representado $ 314 millones.
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Acceso. Pero además, con el tratamiento seguro, se podría cubrir casi la totalidad de los abortos que se realizan anualmente en el país. “Si relacionamos el costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos con los costos de una caja de misoprostol, con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino de 45.600 personas gestantes, se cubren 425.177 abortos seguros. Eso equivale al 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año”, remarca el Observatorio de Género.
El informe aclara que se consideraron “estrictamente los costos asociados a la atención en el sistema de salud” y no el costo del aborto privado ni las secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado que implican los daños asociados a los abortos inseguros.
Por otra parte, también estimaron que el costo promedio de un aborto clandestino es de $ 56.700, lo que implica que “puede costar hasta 21 veces más que un aborto legal, seguro y gratuito”, según detallan en la comparación con el misoprostol según los precios de venta al público y las licitaciones hospitalarias. Una caja de Misop (Laboratorio Domínguez) tiene un costo en farmacias de $ 6.083, según la guía Kairos. El Oxaprost, de laboratorios Beta, llega a $ 9.938, mientras que los precios bajan para las compras estatales.
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La falta de acceso a los medios seguros de interrupción del embarazo aumenta la desigualdad y la brecha de ingresos de las mujeres y personas gestantes. El salario mínimo vital y móvil a partir de este mes se ubica en $ 20.587,50, menos de la mitad del costo promedio de una intervención clandestina, mientras que se requiere casi medio sueldo para poder acceder a las pastillas en una farmacia, que se venden bajo receta archivada.
En Argentina, el aborto representa la tercera causa de muerte materna. En 2018, el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. “Es una de las prácticas obstétricas más seguras si se cumplen los requisitos de atención médica pero cuando las condiciones no ocurren de esta manera, representa un procedimiento riesgoso”, recuerdan las economistas y médicas en el informe de CEPA.
PV
