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Por Lucía Salinas
La semana próxima, el juez federal porteño Ariel Lijo remitirá a la justicia federal de la provincia la documentación que involucra al gobernador en una maniobra junto a Amado Boudou.
Es un expediente vinculado al caso Ciccone, donde se investiga un extravagante contrato de asesoramiento de la renegociación de la deuda que Formosa tenía con la Nación, a través de una consultoría que costó 7,6 millones de pesos. Ese trabajo -que se corroboró fue simulado- lo facturó The Old Fund, la firma que luego la justicia le atribuyó a Amado Boudou a través de un testaferro. La semana próxima, el juez federal porteño Ariel Lijo remitirá toda la documentación a la justicia federal formoseña -donde hay dos juzgados-, que deberá decidir si procesa al gobernador Gildo Insfrán como al ex vicepresidente, entre otros acusados. Todos fueron indagados en Comodoro Py.
El fiscal Jorge Di Lello se opuso a que el caso se vaya de los tribunales de Retiro. Sostuvo que no debía desdoblarse, es decir, que el tramo que involucra a funcionarios formoseños se investigue en la provincia y la instancia que involucra ex funcionario nacionales, como Amado Boudou, tramite en Comodoro Py.
La discusión fue dirimida por la Cámara Federal porteña. El debate inició cuando Lijo hizo lugar a un recurso de la defensa de Gildo Insfrán que planteó que el caso sea remitido a la provincia que él gobierna hace 26 años. Los camaristas entendieron que un tramo de los acontecimientos investigados habrían ocurrido íntegramente en la provincia de Formosa, con la intervención de funcionarios locales (y un particular cuya participación resulta inescindible de la de aquellos) y con la afectación de fondos provinciales.
La decisión sobre la situación procesal del gobernador formoseño transcurrirá en medio del debate por el alojamiento de cientos de formoseños en centros que fueron denunciados por ser inhumanos. De allí no pueden salir por semanas incluso, y las familias reclaman por su libertad y su seguridad. La situación derivó en un pedido de intervención federal por parte de la oposición, que en una cerrada defensa Insfrán, el presidente Alberto Fernández descartó como medida.
El Partido Justicialista, también sostuvo que todo responde a una “feroz campaña política y mediática” contra el gobernador. La semana pasada dos legisladores de la UCR y dos ONG acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga con una medida cautelar y detenga las internaciones compulsivas en Formosa.
Con este telón de fondo, la justicia federal formoseña deberá seguir con este caso vinculado a Ciccone, el expediente que devino en la primera condena por corrupción confirmada por la Corte Suprema de Justicia, contra Amado Boudou. En este caso se investigó el procedimiento de la renegociación de la deuda de Formosa con el gobierno nacional, para el cual se contrató una “simulada consultoría” de más de 7 millones de pesos a The Old Fund, del presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele. Esa firma, además, se quedó con el 70% de las acciones de la ex calcográfica Ciccone.
Luego de indagar a Insfrán, Boudou, Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona -entre otros-, Lijo dijo que el objetivo de la operación fue el “cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.
Una vez concluida la feria judicial, la semana próxima, su juzgado remitirá toda la documentación a Formosa. En la provincia gobernada hace más de dos décadas por Insfrán funcionan dos juzgados federales, donde se investigan casos de corrupción y abusos de los funcionarios. Uno de ellos estaba vacante, y ocupado por un subrogante que viajaba desde Corrientes.
Era Fernando Carabajal, a cargo del juzgado 2, quien en octubre ordenó el reingreso de un formoseño que estaba varado en Chaco, pero la provincia lo resistió.
Así, después de enfrentamientos varios, se excusó de continuar interviniendo en el caso, y acusó la intervención de la administración de Insfrán en la justicia. Finalmente, fue desplazado y en su lugar se designó a María Belén López Macé, formoseña y ex secretaria del juzgado, que se presentó al concurso para ocupar el juzgado federal 1 de Formosa.
En ese u el otro juzgado federal de la provincia -el 1, que también logró tener un titular en 2019, luego de años vacante- recaerá el caso de la renegociación de la deuda formoseña donde está imputado el propio gobernador. En Comodoro Py explicaron a Clarín que sólo resta resolver si se procesará a los acusados o no, ya que fueron indagados por el juez Lijo en 2018.
Fuente Clarin
