En plena escalada diplomática, judicial y política con Buenos Aires, el Reino Unido respaldó la extensión por cinco años de todas las licencias offshore de hidrocarburos en Malvinas, con opción a otros dos, y avaló que Navitas Petroleum Atlantic concentre el 65% del bloque PL001. La medida llega apenas días después de una cautelar argentina que ordenó detener Sea Lion y mientras el gobierno de Javier Milei impulsa sanciones más duras contra empresas que operen sin autorización nacional. Para la posición argentina, se trata de una nueva decisión unilateral sobre recursos de un territorio cuya soberanía continúa en disputa y que vuelve a tensionar el mandato de la Resolución 31/49 de Naciones Unidas.
Buenos Aires – 22 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El Reino Unido volvió a mover una pieza de alto impacto en la disputa por Malvinas. El gobierno isleño anunció la extensión de todas las licencias existentes de producción offshore de hidrocarburos por un período inicial de cinco años, con posibilidad de otros dos adicionales, decisión que cuenta expresamente con el “pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”. Al mismo tiempo, aprobó la adquisición por Navitas Petroleum Atlantic Limited del 65% del área PL001, una operación destinada a acelerar la evaluación y eventual desarrollo de nuevos prospectos petroleros.
El movimiento difícilmente pueda interpretarse en Buenos Aires como un trámite administrativo rutinario. Se produce después de que Argentina endureciera su ofensiva contra las empresas que participan en proyectos petroleros en las islas, iniciara sanciones contra decenas de sujetos vinculados con esas operaciones, presentara denuncias penales y enviara al Congreso un proyecto para reforzar las penalidades contra quienes exploten recursos naturales en el área sin autorización argentina.
La extensión alcanza a licencias que actualmente se encuentran en etapa de exploración y busca otorgar previsibilidad contractual hasta por siete años adicionales. El gobierno isleño explicó que la continuidad estará sujeta a avances considerados satisfactorios dentro de los programas de trabajo y pretende incluir compromisos de nuevas perforaciones de evaluación. Para Londres y las autoridades locales, se trata de consolidar inversiones; para Argentina, implica profundizar la explotación de recursos en un espacio cuya soberanía permanece internacionalmente controvertida.
La decisión adquiere un significado todavía mayor porque aparece apenas días después de que la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenara a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited suspender el inicio o continuidad de obras vinculadas con el proyecto Sea Lion, incluyendo perforaciones, instalaciones submarinas e infraestructura destinada a la producción, hasta tanto se cumpla el procedimiento ambiental correspondiente ante autoridades argentinas. La medida es cautelar y no constituye una sentencia definitiva, pero representa el intento judicial más concreto de Buenos Aires por frenar materialmente el proyecto.
La respuesta británica no se limitó a declaraciones. Al prolongar licencias y aprobar una operación corporativa que amplía la presencia de Navitas en el bloque PL001, Londres y el gobierno isleño enviaron una señal inequívoca de continuidad. La responsable local de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, sostuvo que la extensión “brinda seguridad a los operadores” para continuar invirtiendo y agregó una frase especialmente sensible desde la perspectiva argentina: “Estos son nuestros recursos para desarrollar”.
Ese lenguaje choca frontalmente con la posición sostenida históricamente por Argentina y con el marco específico de Naciones Unidas sobre la disputa. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido y llamó a ambos países a negociar una solución pacífica. Más directamente vinculada con la explotación económica, la Resolución 31/49 instó a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación mientras continúe pendiente el proceso negociador recomendado por la ONU.
Desde la óptica argentina, la concesión y prórroga de licencias petroleras sin acuerdo bilateral constituye precisamente el tipo de acción unilateral cuestionada durante décadas ante organismos internacionales. Ese argumento ya fue sostenido repetidamente por Buenos Aires en Naciones Unidas frente a exploraciones sísmicas, concesiones hidrocarburíferas y otras actividades económicas británicas en las áreas circundantes a las islas.
El Reino Unido sostiene exactamente la interpretación opuesta. Considera que los habitantes de las islas poseen derecho a desarrollar sus recursos naturales y enmarca esas decisiones dentro de su posición sobre autodeterminación. La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó recientemente de “inaceptables” y sin fundamento legal las medidas argentinas contra empresas y particulares involucrados en actividades económicas en Malvinas, y aseguró que la red diplomática británica respaldará a los afectados.
La pulseada se vuelve así cada vez menos retórica. Argentina intenta trasladar el reclamo de soberanía al terreno económico, financiero y judicial, mientras Londres procura blindar contractual y políticamente a las empresas comprometidas con el desarrollo de hidrocarburos. El proyecto Sea Lion, operado por Navitas y Rockhopper, prevé comenzar producción en 2028 y se transformó en el principal punto de choque entre ambas estrategias. Reuters informó que el desarrollo contempla una producción inicial cercana a 50.000 barriles diarios y que sus operadores insisten en que poseen licencias válidas concedidas por las autoridades isleñas.
La adquisición del 65% de PL001 por parte de Navitas agrega otra dimensión. El bloque se encuentra junto a otras áreas claves de la Cuenca Malvinas Norte y su concentración en manos de una compañía ya expuesta a denuncias argentinas muestra que las advertencias de Buenos Aires todavía no modificaron la decisión estratégica de avanzar. La lógica británica parece orientada precisamente a lo contrario: ofrecer mayor seguridad jurídica y horizonte temporal para evitar que la ofensiva argentina ahuyente capital o proveedores.
El momento elegido también potencia el mensaje político. El anuncio se produce cuando Javier Milei intenta elevar nuevamente la cuestión Malvinas en la agenda internacional, mientras su Gobierno promueve un proyecto de ley para ampliar sanciones y ha abierto procedimientos contra al menos 60 personas y empresas relacionadas con las actividades petroleras en las islas.
La pregunta que surge es hasta dónde puede escalar esta competencia de medidas y contramedidas. Argentina puede endurecer sanciones administrativas, penales y económicas sobre compañías con activos o negocios bajo su jurisdicción; el Reino Unido puede extender licencias, respaldar diplomáticamente a los operadores y garantizarles continuidad contractual. En medio quedan empresas globales que deberán calcular cuánto vale participar en proyectos de Malvinas frente al riesgo de quedar excluidas de mercados mucho mayores, entre ellos Vaca Muerta.
La situación coloca nuevamente a Estados Unidos bajo observación. Washington mantiene históricamente una posición de neutralidad formal sobre la soberanía, aunque la administración de Donald Trump abrió recientemente la puerta a revisar esa postura. Si Argentina intensifica las sanciones contra compañías involucradas y Londres responde ofreciendo garantías adicionales, la verdadera prueba será si Estados Unidos permanece al margen o adopta alguna posición que afecte concretamente a operadores, financistas y proveedores.
Por ahora, la decisión británica transmite un mensaje claro: frente a la ofensiva jurídica y política argentina, Londres no retrocede sino que amplía el horizonte de explotación. Desde la perspectiva de Buenos Aires, esa conducta representa una nueva provocación sobre un territorio y recursos cuya soberanía continúa pendiente de resolución; desde la británica, es la continuidad de una política que considera legítima y respaldada por los habitantes de las islas.
La confrontación, por lo tanto, dejó de ser solamente diplomática. Argentina busca elevar el costo legal y económico de operar en Malvinas; Reino Unido responde garantizando más años de concesiones y mayor presencia empresarial. Entre ambos, la Resolución 31/49 permanece como referencia central de una disputa que Naciones Unidas nunca dio por cerrada y que hoy vuelve a expresarse no sólo en discursos, sino también en contratos petroleros, cautelares judiciales y miles de millones de barriles todavía bajo el Atlántico Sur.
Fuentes consultadas: Gobierno de facto de las Islas Malvinas, Associated Press, Naciones Unidas, Foreign, Commonwealth & Development Office, antecedentes de las resoluciones 2065 (XX) y 31/49, decisiones de la Justicia Federal de Río Grande, comunicados del Gobierno argentino y documentación corporativa vinculada con Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration y el proyecto Sea Lion.
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