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Una oficina con pinceladas de modernidad, tres empresas exitosas y la buena reputación de su padre fueron los pilares sobre los que posó Carlos Javier Hecker (40) la estrategia para ejecutar la estafa más grande en La Pampa.
Hasta ahora, el conteo va por los casi 4 millones de dólares, pero el número podría crecer sin todos los perjudicados se presentaran en la Justicia. El escándalo estalló en abril de 2020, cuando apenas iban 30 días de cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus.
Hecker, que estudió Ciencias Económicas en la UBA, no actuó solo. Tuvo una cómplice: Yolanda Isabel Martín, su madre de 75 años, una maestra que se jubiló como la directora de la escuela primaria de Quemú Quemú, un pueblo de 4.000 habitantes del este pampeano. Está ubicado a 130 kilómetros al norte de Santa Rosa. Es una población en la ribera de la pampa húmeda, rodeada con campos que rebalsan de soja y cotizan miles de dólares la hectárea.
En la entrada hay escultura, algo rara: es el monumento de J. F. Kennedy, una mole de hormigón de 42 metros. Su mensaje de libertad americanista y su muerte impulsaron al escritor quemuense Fernando de María (recibido en letras en Harvard, como Kennedy) para ese homenaje, inaugurado en 1967.
En agosto de 2012, Hecker inscribió tres empresas: Dos Banderas (una fábrica de tanques de plásticos), Tropical S.A. (una fábrica de piletas, con base en Trenque Lauquen, Buenos Aires) y Pampa Tech (una empresa de seguridad, dedicada a instalar cámaras, software y sistemas de vigilancia).
Unos años después, creó la figura de una financiera, HyC Finance, que tenía el nombre comercial de Préstamo Efectivo, con sucursales en Santa Rosa, General Pico y otros pueblos de La Pampa.
La financiera empezó a funcionar hace unos siete años. “Tenía un edificio moderno, con piedras y vidriado. Daba sensación de modernidad y era la cara de las tres empresas, además de la financiera. Daba la idea de un grupo económico”, contó una fuente judicial.
El padre de Cristian, Luis Hecker. fue un reconocido contratista rural, que inició la actividad financiera. “El padre tenía prestigio y buena reputación”, dijo esa fuente judicial.
Primero corrió el rumor, después el tema llegó a los diarios. Todos quisieron cobrar y se volcaron a la financiera de Quemú Quemú.
El fiscal de General Pico Armando Agüero recibió una denuncia a principios de abril. Tres semanas después, el 21 de abril, allanó la oficina de Moreno 267, donde funcionaban la financiera y las empresas de Hecker. Esas primeras denuncias fueron 15 y por 7.500.000 pesos y 225 mil dólares.
Hecker explicó -el día que el rumor de su quiebra llegó a los medios locales- el motivo de su debacle. “Todo venía por los carriles normales, pero hubo una sucesión de hechos que me llevaron a esto”, dijo y explicó que tenía una reserva en bonos que se le desplomó. “Y de un día para el otro cayó a cero la facturación por la cuarentena”, argumentó al diario La Arena.
Puso a disposición de los acreedores sus bienes y los ingresos de sus empresas. “Son bienes que vienen de la generación de mis abuelos”, afirmó. “Tengo la completa y primordial intención de cumplir con todo el mundo”, prometió.
Las víctimas se fueron sumando en los meses siguientes: ahora son 158 denunciantes por 231 maniobras. Hecker quedó con prisión domiciliaria, en su casa con acceso a la oficina donde estaba la documentación. Para el 7 de mayo hubo otro allanamiento. Hecker ya tenía prisión ordinaria.
La investigación de Agüero estableció que la estafa llega a 2.200.000 dólares y 220 millones de pesos. “Esa son las maniobras entre enero y abril que alcanzó la investigación y la pericia de la Justicia”, detalló el fiscal.
“Hay unas 450 personas damnificados, de un total de 761 operaciones que halló la pericia contable. Pero no todos se presentaron”, explicó. Pero de todos esos, solo hubo 158 denunciantes, que integran la acusación fiscal.
Agüero cree que parte de dinero está en las empresas. Y que la “deuda” se infló por los intereses que ofrecía (hasta el 300% del mercado bancario), cuando le empezaron a pedir el dinero.
“Al otro día del allanamiento pedí que fuera preso”, dijo Agüero. Es que Hecker, en solo 2019, había registrado seis salidas del país a Brasil, Paraguay y Uruguay.
La otra cara de la maniobra es Yolanda, la madre de Cristian. Tiene 75 años y estaba en la empresas. Firmó los cheques librados en los contratos y los pagaré -que aparecían con membrete de la financiera- que entregaban a cambio del dinero que les depositaban.
La señora viene de una familia de muchas hectáreas. Tiene dos campos en la zona de Miguel Cané, en cercanías de Quemú Quemú. De todos modos, su fama en el pueblo era por su vocación: se jubiló como directora de la Escuela N° 193 “Juan José Passo”.
En el caso hay dos concursos preventivos abiertos, uno de Cristian Hecker y otro de Yolanda Martín. Las empresas siguieron funcionando y la financiera se clausuró. Las abogadas Pamela Molinari y Mercedes Bonetto representan a un centenar de damnificados. “Hay personas de todos lados, de Quemú, Cané, Colonia Barón, Catriló, Mauricio Mayer, Winifreda, Santa Rosa y Pico. También gente de Buenos Aires”, explicaron. Entre los depositantes incluso hay instituciones deportivas.
El otro frente judicial son los concursos, donde los denunciantes quieren cobrar parte de lo que pusieron. La estafa alcanzó a todos los sectores. “Hay un plazo fijo de 20 dólares, de una empleada doméstica. Y alguien que vendió un campo y puso 350 mil dólares”, dijo una fuente judicial.
Durante esta semana hubo un acuerdo entre la fiscalía de Agüero, los querellantes (entre ellos los que representan Molinari y Bonetto) y la defensa de Hecker y su madre. Se presentó un acuerdo de juicio abreviado.
Reconocieron el delito y a cambio Hecker irá preso 3 años y medio, mientras que su madre cumplirá 3 años de prisión domiciliaria.
El juez Federico Pellegrino dictará sentencia el 25 de febrero, dirá si acepta el acuerdo de todas las partes. En los primeros días se marzo se cerrará la verificación de deudas y allí se conocerá la oferta del financista para devolver los más de 2.200.000 dólares y 220 millones de pesos que, al menos, la Justicia comprobó que deben.
GL
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