Cristina Kirchner comenzó a ejercer una fuerte presión política para buscar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) duplique el plazo de 10 años de pago de la deuda que la Argentina tiene en el marco del nuevo programa que el Gobierno pidió al organismo. Tal decisión sólo puede avalarse desde el board del Fondo en el que son determinantes los socios mayor peso, principalmente los Estados Unidos.
La vicepresidenta es explícita en su reclamo, mientras en Casa Rosada, Alberto Fernández y sus funcionarios más cercanos trabajan en silencio para lograr “mayores flexibilidades” en el acuerdo de facilidades extendidas (EFF) que eligió el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La idea es estirar los plazos del Stand-By Agreement (SBA) por US$ 55.000 millones aprobado en 2018. De ese monto, se desembolsaron US$44.000 millones. La mayoría se usó para pagar deuda.
Fuentes oficiales dijeron al Financial Times que la vicepresidenta quiere postergar un acuerdo con el Fondo. El portal El Cohete a la Luna sugirió ayer que Amado Boudou había recomendado no cerrar un acuerdo, algo que no aparece en las opciones de la expresidenta. A contramano, Guzmán afirmó semanas atrás que buscará cerrarlo en mayo, antes de un vencimiento de deuda del Club de París.
“No forma parte de nuestra historia romper las reglas del juego, pero en ese marco necesitamos estirar por más años el pago”, dijeron a La Nación cerca de la vicepresidenta. Ya cerramos la deuda con privados. Si se hace en un plazo corto te cae todo dentro del próximo gobierno. Es imposible de pagar. Hay que acordar para poder pagar. Por eso es necesario estirar los plazos. 20 años sería razonable”.
“La Argentina no puede salir de una situación de recesión como la que configuró Macri y luego la pandemia, cuya duración y efectos finales ni siquiera conocemos, sin margen para volver a crecer tranquila. Y sobre todo, el FMI jugó mal, muy mal con el país. Y ellos mismos lo reconocieron. ¿No corresponde, acaso, que luego de haber actuado al margen de sus propias normas para perjudicar a la Argentina en pos de un objetivo político como fue la fallida reelección de Macri, tengan ahora, en pos de la responsabilidad ineludible que les cabe, la misma flexibilidad que tuvieron para perjudicarnos?”, dijo a este medio la diputada cristinista Fernanda Vallejos.
Cuando La Nación preguntó a Economía si Guzmán estaba o no respaldando esta estrategia, la respuesta no fue concreta. “Nosotros elegimos un producto ya diseñado de la góndola”, afirmó una fuente al tanto de la negociación. “Es lo que pensamos todos. Pero hay otros estilos”, dijeron en otro pasillo de Hacienda.
En público, Guzmán todavía no juega el juego de Cristina. “El Programa de facilidades extendidas tiene un período de repago de hasta 10 años. Pero no es una cuestión que se negocie. Los países avanzados se pusieron de acuerdo para poner reglas de juego de la economía internacional. Esas reglas no han ayudado a los países menos desarrollados, ha llevado a más desigualdad. Pero las reglas de juego no se negocian unilateralmente con un país. Poder tener un programa distinto requeriría cambiar la arquitectura financiera internacional, y eso requeriría el apoyo de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de Francia, de Italia, de los países más avanzados. Hay que tener en cuenta esto cuando la Argentina se relaciona con el mundo”, afirmó el ministro en el programa de radio Toma y Daca.
Sin embargo, parte del equipo económico al que pertenece empuja para otro lado. Hoy la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que “puede haber flexibilidad” a la hora de negociar ciertas condiciones en los términos y plazos.
En el Fondo, donde siempre negaron haber roto sus reglas con el programa abierto durante el macrismo, afirman que el staff -el equipo de economistas que sigue el caso argentino- está trabajando en el diseño y los términos establecidos de un EFF. Indican además que cualquier cambio en las modalidades de repago a partir de los cuatro años y medio del primer desembolso, y del plazo de 10 años es una cuestión que va más allá de los técnicos del staff. Implica a los países socios.
El país con mayor peso en el FMI es EE. UU. (16,51% del total). Luego aparece Japón (6,15%); China (6,08%), Alemania (5,32%) y Francia (4,03%). A ese pelotón se suman el Reino Unido (4,03%), Italia (3%); India (2,63%), Rusia (2,59%) y México (1,80%). La Argentina es socio minoritario (0,66%) del Fondo. Su peso es menor.
En los últimos cuatro meses, el Presidente pidió apoyo en la negociación con el FMI a los EE. UU. (30 de noviembre), a Alemania (25 de enero), a Rusia (el 2 de febrero) y a Francia (el 5 de febrero). El contacto entre Xi Jimping, el presidente chino, y Alberto Fernández a comienzos de enero último, en tanto, fue principalmente por las vacunas. En tanto, México es aliado del “albertismo” a nivel continental.
En ese contexto de diplomacia financiera, y en medio de la pandemia que golpea a los emergentes, el Papa Francisco y su llegada a Joe Biden y a Kristalina Georgieva, creen algunos, puede ser un puente ablandar la habitual intransigencia del organismo multilateral a pesar de que David Lipton, exnúmero dos de Christine Lagarde (un duro que conoce bien el caso argentino) sea desde hace días asesor del equipo de Janet Yellen, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.
Fuente La Nacion
