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Respondió favorablemente a un pedido de alargar el plazo que tiene la empresa petrolera y el Gobierno argentino para remitir información dentro del proceso de discovery.
Hace pocos días, Sebastián Eskenazi recibió una citación para declarar por la expropiación de YPF, fue demorado en el aeropuerto de Miami, para entregarle la notificación en mano. De esa forma no podrá aducir desconocimiento y deberá concurrir a la audiencia de la jueza Preska, quien sospecha fuera testaferro de Cristina Kirchner.
En el marco del juicio por la estatización de YPF que se lleva adelante en Nueva York, la jueza Loretta Preska —del Distrito Sur de Manhattan— extendió nuevamente el plazo que tiene la empresa petrolera y el Gobierno argentino para presentar la documentación que corresponde al proceso de “discovery” (donde se investiga la estatización de la compañía, que hasta entonces tenía a la española Repsol como socia mayoritaria).
En una audiencia que se realizó de forma virtual, Preska dio a las partes 90 días más para la presentación de los documentos, lo que da más tiempo a la petrolera y al Gobierno argentino, quienes argumentaron que la presentación y traducción de los documentos demoraría más de lo previsto. De esta forma, respondió en forma positiva al pedido de la Argentina. En tanto, el fondo Burford Capital, que litiga en contra de la Argentina, pedía que la documentación se presente en un plazo más corto, de 30 días.
“Esta audiencia se llevó a cabo porque ambas partes se acusaban de poner trabas. La jueza otorgó a la Argentina 90 días más, pero con la condición de que ya no se pueden pedir más extensiones. El discovery inicial tenía fecha de finalización en febrero y todo esto lo demora. Está previsto que el juicio comience en octubre de este año”, señaló Sebastián Maril, CEO de Fin Guru.
“Burford acusa al Gobierno argentino de demorar la entrega de los documentos. Lo más importante que va a pasar pronto es que Preska tiene que decidir si las comunicaciones durante el momento de la compra del juicio entre Burford y el las autoridades españolas que contralaran las empresas Petersen quebradas son confidenciales o no. Las partes se deben coordinar ahora y presentar algunos párrafos para convencer a la jueza de por qué debe o no usarse esa información en el juicio”, agregó Maril.
Burford argumenta que al momento de la expropiación, YPF debió hacer una oferta pública a los socios minoritarios
Burford argumenta que al momento de la expropiación, YPF debió hacer una oferta pública a los socios minoritarios
El proceso judicial que se está llevando adelante en los Estados Unidos se originó en 2015, luego de la nacionalización de la empresa petrolera argentina en 2012. El principal litigante es Burford Capital, un fondo especializado en litigios que cotiza en la bolsa de Londres, que compró los derechos para realizar en España, donde las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía entraron en quiebra (estas compañías pertenecieron antes al Grupo Petersen, ex accionista de YPF).
Este fondo argumenta que al momento de la expropiación, YPF debió hacer una oferta pública a los socios minoritarios y no solo al el socio mayoritario, la española Repsol. Burford reclama entonces por supuestos daños provocados resto de los accionistas.
Por su parte, la Argentina pidió el año pasado que la causa se realizara en el país, bajo la legislación local, pero la jueza Preska rechazó esa posibilidad. El Gobierno había hecho un planteo conocido como forum non conveniens, donde reconoce la jurisdicción de Preska, pero argumentó que que el juicio podría hacerse de mejor manera en la Argentina, porque los hechos ocurrieron en el país, los testigos son locales y toda la documentación está en español. Según los especialistas que siguen el caso, el monto del juicio puede estar en un amplio rango que va desde los USD 3.480 y a los USD 12.100 millones, pero esa cifra aun no está definida.
