Argentina
España
USA
Israel
Por Daniel Santoro
Una deuda del empresario K con Federico Elaskar hizo detonar en el 2013 el caso que investigó el equipo de Jorge Lanata. Datos que fueron la base de la histórica condena a Lázaro Báez.
Entre diciembre de 2012 y abril de 2013, un alerta de la SIDE preocupó a Lázaro Báez.
La advertencia decía que el programa de TV de Jorge Lanata “Periodismo para Todos” se conectó con el ex dueño de La Rosadita Federico Elaskar, quien se había convertido en una viuda del poder.
Y como en la mayoría de los casos de corrupción, un vuelto o un faltante de dinero terminó rompiendo un pacto de silencio.
Sucedió que Báez y su entorno presionaron a Elaskar para que les vendiera la financiera SGI o “La Rosadita” en el 2011 a cambio de 1.500.000 dólares, pero solo le pagaron la mitad.
En el 2012, Martín Báez y su contadora Daniel Pérez Gadín quedaron grabados en las cámaras de seguridad de “La Rosadita” contando 5 millones de dólares y brindando con whisky.
El video de la financiera, que funcionaban en el Madero Center, fue revelado en el 2016 por Telenoche de canal 13 y es otra prueba clave del juicio.
El joven financista había regresado de Miami y necesitaba los otros 750 mil dólares para comprar una mina de litio en Catamarca.
Entonces, un socio catamarqueño lo contactó con el sindicalista Luis Barrionuevo quien escuchó la “bomba” política que tenía. Le mintió. Le dijo a Elaskar que lo iba a conectar con Báez para que le pagara la deuda. En cambio, días más tarde lo puso en contacto con el equipo de Lanata.
Cuando la SIDE le avisó de la investigación puesta en marcha por Lanata, Báez se asustó y ordenó al director de Helvetic Service Group, el argentino Néstor Ramos, repatriar unos 60 millones de dólares que había depositado en Suiza en varias cuentas . Esa plata negra había llegado al banco Safra y al Lombar Odier luego de pasar por varios paraísos fiscales.
Así Helvetic hizo girar los fondos desde bancos suizos a la cuenta del fideicomiso de Austral Construcciones en el Banco Nación.
Ramos está prófugo de la Justicia argentina y guarda aún muchos secretos de esta operación. Suiza debe decidir si lo extradita.
En forma paralela, el fiscal de instrucción José María Campagnoli había abierto una causa en base a denuncias de Elaskar por amenazas de parte del entorno de Báez. Hasta ese momento, la única que había denunciado a Báez había sido Elisa Carrió en el 2008.
La repatriación resultó una medida preventiva acertada, ya que por una denuncia de los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido la justicia suiza bloqueó una cuenta bancaria de Martín Báez y otras dos más que tienen en total 22 millones de dólares.
Una de ellas está a nombre de la fundación panameña Kinski que integran Báez y sus hijos Martín Antonio, Leandro Antonio, Luciana Sabrina y Melina Soledad. Otra a nombre de la empresa Teegan que Martín Báez hizo crear en Belice, un paraíso fiscal, con el asesoramiento de Elaskar.
Ante la posibilidad de perder la plata depositada, Báez contrató al estudio del ex juez Maurice Harari -uno de los más costosos de Suiza- pero el gobierno de Cristina Kirchner, obviamente, no nombró un abogado que represente los intereses del estado argentino en Suiza.
Con el cambio de gobierno en el 2015 la mala suerte de Báez se agravó.
Gracias a los contactos de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirigieron Mariano Federici y María Eugenia Talerico y los pedidos del juez Sebastián Casanello, la justicia suiza confirmó oficialmente todos estos datos que fueron usados en la sentencia de este miércoles.
En base al trabajo de Campagnoli y luego que la causa pasó a la Justicia Federal, del fiscal Guillermo Marijuan, el fiscal de juico Abel Córdoba, y su auxiliar Juan Manuel Gaset habían pedido, el año pasado, una condena a doce años de prisión para Lázaro Báez,
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/HF6CZ3FREZC25ISKO5UKSZJGYY.jpg)
Además, reclamaron una multa de 2.121 millones de pesos. Las multas en temas de lavado puede ser hasta diez veces el valor de la plata blanqueada.
Los fiscales de juicio además solicitaron nueve años de prisión para Martin Báez; ocho para Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco; y cinco para Leonardo Fariña, a quien raíz de su colaboración en la causa se le redujeron tres de los ocho que le hubieran correspondido.
Todos ellos fueron considerados coautores “del delito del lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda para la comisión continuada de los hechos”.
La fiscalía solicitó también las siguientes penas de prisión por el delito de lavados de activos: seis años para Juan Alberto De Rasi y Julio Mendoza; cinco años para Fabian Rossi (el ex marido de Iliana Calabró), Cesar Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zansot.
El fiscal también pidió cuatro años y seis meses para Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Bustos, Luciana Báez, Melina Báez y Carlos Molinari.
En tanto, para Daniel Byn los fiscales requirieron la pena de tres años de prisión en suspenso.
Córdoba y Gaset solicitaron imponer multas para los imputados y requirieron que se decomisen bienes obtenidos a través de los ilícitos, ente los que se encuentran dinero en efectivo, estancias, inmuebles y vehículos.
Por otro lado, solicitaron la absolución para ocho imputados: Cristian Delli Quadri, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Pérez Gadín, Jorge Norberto Cerrotta, Santiago Carradori, Eduardo Larrea y Alejandro Ons Costa.
Los fiscales de juicio explicaron que a lo largo de la investigación “se han identificado estructuras internacionales sin ventajas comerciales, fiscales y jurídicas y operaciones relacionadas con bienes que no encajan con el perfil de las sociedades reales”.
En su alegado, Córdoba señaló que la prueba acumulada expresa “una contundencia inédita para este tipo de delitos” y que “no hay dudas de los ilícitos, a partir de los documentos bancarios acreditados con despliegue transnacional”.
En ese sentido, la fiscalía consideró que “los delitos precedentes al lavado de activos -fraude en la obra pública y evasión fiscal-, conforme se habían descripto en el requerimiento de elevación a juicio, se encontraban acreditados con la suficiencia que exige una investigación de estas características”. Esta posición de la fiscalía complica a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
En esa línea, el representante del MPF señaló a “Báez como cabeza de la organización criminal”.
Entre los indicadores que apuntan a Báez enumeró “la posesión de activos no consignados en la declaración juradas impositivas, el poner a familiares como beneficiarios en sociedades offshore, los movimientos en efectivo fuera del mercado financiero, explicaciones inconsistentes, proveedores no transparentes o no identificables, falta de documentación e informalidad financiera”.
El fiscal Córdoba destacó que al principio del juicio los imputados negaron “las sociedades pantallas”, pero con el avance de la presentación de prueba “admitieron la existencia de los fondos” negros del socio comercial de Cristina Kirchner.
Fuente Clarin
