Buenos Aires – 16 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno de Javier Milei acumuló durante sus primeros dos años de gestión cerca de US$3.000 millones de superávit financiero en fondos fiduciarios públicos, buena parte de ellos creados para financiar infraestructura, mientras una porción creciente de los recursos no ejecutados terminó colocada en letras, bonos y otros instrumentos del propio Tesoro Nacional. El mecanismo contribuye a preservar la estrategia oficial de equilibrio fiscal, pero simultáneamente mantiene inmovilizados recursos afectados originalmente a rutas, obras hídricas, transporte y urbanización, con proyectos detenidos en distintos puntos del país.
Los fondos fiduciarios que permanecieron activos o ingresaron en procesos de liquidación recaudaron más de $8,2 billones durante los primeros dos años de la administración libertaria. En 2024 registraron un superávit financiero de $1,86 billones, equivalente a unos US$1.978 millones al tipo de cambio oficial promedio de aquel año, y durante 2025 sumaron otros $1,23 billones, unos US$973 millones. La acumulación conjunta rozó así los US$3.000 millones.
El dato decisivo aparece al observar cuánto de lo recaudado volvió efectivamente a los objetivos para los cuales fueron creados esos fondos. Las planillas oficiales analizadas muestran una ejecución de apenas 55,8% de los ingresos en 2024, 69,5% durante 2025 y 69,7% en el primer trimestre de 2026. El dinero restante no quedó simplemente inmovilizado: fue canalizado progresivamente hacia inversiones financieras administradas bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La metodología también cambió. Mientras históricamente buena parte de los excedentes de fideicomisos públicos permanecía depositada en plazos fijos del Banco Nación, el esquema actual incrementó la compra directa de letras y títulos emitidos por el Tesoro. En los hechos, recursos recaudados con destinos específicos terminan financiando deuda del propio Estado mientras las obras para las cuales esos fondos habían sido constituidos avanzan con una velocidad considerablemente menor.
Para 2026, las propias planillas presupuestarias proyectan $1,33 billones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos, equivalentes a aproximadamente US$880 millones adicionales. Si el esquema se mantiene, estimaciones privadas mencionadas en los relevamientos proyectan que el excedente acumulado podría acercarse a US$4.000 millones al completar los primeros tres años de gestión de Milei.
La utilización financiera de esos recursos no significa necesariamente que el dinero desaparezca contablemente ni que pueda calificarse automáticamente como una apropiación irregular. El Presupuesto 2026 aprobado por la Ley 27.798 contempla expresamente los flujos financieros de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con recursos públicos. Pero la controversia radica en otro punto: la distancia entre la finalidad específica con la que se recauda el dinero y el ritmo al que posteriormente se transforma en obras concretas.
El caso del Sistema de Infraestructura del Transporte permite observar la dimensión del mecanismo. Para este año se proyectaron gastos corrientes por unos $2,15 billones y obras de capital cercanas a $692.669 millones, pero paralelamente aparecen $751.481 millones en inversiones financieras, prácticamente la totalidad del superávit proyectado. Durante el primer trimestre de 2026 ya se habían colocado unos $197.127 millones netos en inversiones financieras, más del doble de lo destinado a ejecución de obras durante ese período, de acuerdo con el análisis de las planillas presupuestarias.
Algo semejante ocurre con el Fondo de Infraestructura Hídrica. Entre enero de 2024 y marzo de este año habría recaudado aproximadamente $399.541 millones, pero sólo unos $99.761 millones, alrededor de una cuarta parte, fueron aplicados a obras. El resto permaneció en letras, depósitos y otras colocaciones financieras mientras numerosos proyectos de saneamiento, control de inundaciones y gestión hídrica quedaron demorados o sin ejecución.
Uno de los ejemplos socialmente más sensibles es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Las transferencias destinadas al programa se redujeron aproximadamente 94%, y el relevamiento difundido este domingo atribuye a esa contracción la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.
La situación del FISU, sin embargo, tiene un componente institucional adicional. En febrero de 2024 el Gobierno ya había reducido del 30% al 1% la participación que recibía del impuesto PAIS y en mayo de 2025 dispuso directamente la disolución del fideicomiso mediante el Decreto 312/2025. La norma recordó que el fondo había sido creado para financiar las actividades necesarias para cumplir los objetivos de la Ley 27.453 de integración socio-urbana y ordenó su liquidación dentro del proceso general de revisión de fideicomisos estatales iniciado por la administración libertaria.
El Gobierno sostiene desde el comienzo de su mandato que buena parte de esos fondos funcionaban con controles deficientes, estructuras opacas o niveles de ejecución injustificables. La Ley Bases 27.742 autorizó expresamente al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos, facultad que luego fue utilizada mediante sucesivos decretos para cerrar distintas estructuras.
Esa explicación administrativa no elimina, sin embargo, la discusión económica sobre el destino temporal de los recursos que siguen ingresando o permanecen dentro de los fondos no liquidados. En el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, las colocaciones financieras superan en determinados períodos a los desembolsos destinados a rutas, mantenimiento vial y obras de saneamiento, según los balances y proyecciones relevados.
El efecto también alcanza a las provincias, porque buena parte de esas infraestructuras requiere financiamiento nacional o esquemas conjuntos para avanzar. Cuando el Estado retiene recursos dentro de fideicomisos y los convierte temporalmente en títulos del Tesoro, el resultado financiero puede ser favorable para las cuentas públicas, pero el costo aparece en forma de obras postergadas, deterioro de rutas, proyectos hídricos pendientes y menor inversión pública.
El punto es especialmente relevante porque el déficit cero se convirtió en la principal bandera económica de la administración Milei. El equilibrio fiscal permite al Gobierno sostener que dejó atrás décadas de cuentas públicas deficitarias, pero la fotografía cambia parcialmente cuando se observa qué componentes del sector público acumulan superávits propios y cómo esos excedentes colaboran con el financiamiento general del Tesoro.
Técnicamente, la adquisición de deuda pública por parte de un fideicomiso no equivale por sí sola a una reducción directa del déficit primario: constituye una operación financiera. Pero facilita el financiamiento del Tesoro, reduce la necesidad de recurrir a otros compradores y permite que recursos públicos que todavía no se transformaron en gasto efectivo permanezcan dentro del circuito estatal. El efecto político y presupuestario es claro: mientras no se ejecuta la obra, ese gasto tampoco aparece deteriorando el resultado fiscal del período.
La discusión tampoco puede separarse del fuerte proceso de reducción de la obra pública iniciado en diciembre de 2023. El Gobierno paralizó o transfirió a provincias y municipios numerosos proyectos nacionales y defendió esa política con el argumento de terminar con un sistema que asociaba a corrupción, sobrecostos y discrecionalidad. Simultáneamente, los excedentes de varios fondos que sobrevivieron a esa reorganización fueron creciendo y pasando de depósitos bancarios hacia instrumentos emitidos por el propio Estado.
El resultado ofrece una imagen paradójica: existen fideicomisos creados para asegurar que determinados impuestos o recursos tengan un destino específico, pero durante períodos prolongados una parte significativa de esos ingresos no llega a convertirse en infraestructura y termina financiando al mismo Tesoro que proclama como prioridad absoluta no gastar por encima de sus ingresos.
El Presupuesto 2026 mantiene formalmente el tratamiento separado de los fondos fiduciarios y aprueba sus respectivos flujos financieros, mientras el proceso de disolución iniciado bajo la Ley Bases continúa alcanzando estructuras consideradas ineficientes por el Ejecutivo. La discusión de fondo quedará entonces expuesta en la Cuenta de Inversión y en los balances de cierre: cuánto de los recursos afectados terminó efectivamente convertido en obras y cuánto permaneció durante el ejercicio financiando títulos, letras y necesidades del propio Tesoro.
