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En el discurso que comenzó a elaborar el Gobierno, dos acreedores privilegiados como el Fondo Monetario Internacional y el Club de París serían los responsables de los problemas de la balanza externa este año.
Esa línea de razonamiento se basa en que en mayo el Gobierno debe pagarle US$2.300 millones al Club de París (organismo mundial que asiste a los países endeudados) y en septiembre, US$4.800 millones al FMI, y no cree que vaya a contar ni con dinero para todo ni con financiamiento adicional.
Así, en la lógica que fueron construyendo entre la Casa Rosada, el Senado y el Ministerio de Economía, consideran que prácticamente la Argentina no tendría problemas de balanza de pagos si no tuviese que cumplir con esos US$7.100 millones de dos organismos internacionales.
¿Será que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Martín Guzmán tienen baja compresión sobre cómo funciona el mundo y opinan que rechazar esos pagos tendría más beneficios que costos? Claro que no. Pero el año electoral manda.
Hasta ahora el ministro Martín Guzmán venía dibujando una línea que parecía recta respecto del futuro financiero de corto plazo.
Bajo ese andarivel, Guzmán llegaría en mayo a un acuerdo con el FMI, lo que implicaría conseguir conseguir un préstamo para pagar los vencimientos de este año más los US$40.000 millones necesarios para cumplir con los compromisos de 2022 y 2023.
Esa línea imaginaria sumaba un supuesto visto bueno del FMI para refinanciar los US$2.300 millones que vencen en mayo con el Club de París y así despejar el horizonte financiero permitiendo una baja de la sideral tasa de riesgo país argentina que está en 1.534 puntos. Pero ahora todo cambia.
Alberto Fernández pegó un volantazo en la negociación frente al FMI al anunciar que iniciará “una querella criminal” contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que firmaron el acuerdo por el préstamo de US$55.000 millones.
Y, tras cartón, anunció que el acuerdo que negocia bajo el paraguas de Kristalina Georgieva, deberá ser aprobado por el Congreso. Así dejó en claro que la posibilidad de llegar a un acuerdo en mayo como decía Martín Guzmán es cercana a cero.
“No tenemos apuro”, dicen en el Gobierno ratificando la orden de la vicepresidenta de que en los años electorales no se hable ni de ajuste fiscal ni de aumento de tarifas. Su mensaje es claro: primero tratar de ganar las elecciones y que el Fondo se ponga en la cola.
Pero esa definición de kirchnerismo básico suele chocar con la escasez de dólares para financiar la aventura de expandir el consumo en base a que los salarios aumenten por encima de la inflación. ¿Lo logrará en 2021?
El Gobierno tiene en claro que, después de las vacunas, la estabilidad del dólar pasa a ser el argumento electoral por excelencia y decidió “timbearse” a dos números.
Uno de ellos es doble: la mayor oferta de divisas por la liquidación de exportaciones y por la venta de dólares de los contribuyentes que deben cumplir con el impuesto a la riqueza.
En el Banco Central festejan los US$180 millones que crecieron las reservas el 1° de febrero y que en el arranque del mes, cuando se renueva la posibilidad de comprar el cupo de US$200, las compras estuvieron abajo de los US$100 millones, menos que en febrero.
Pero, además, y esto ya venía desde el fin del mes pasado, había oferta de divisas por parte de productores que tenían retenido granos y que con el buen precio de la soja (US$520 la tonelada) optaban por vender.
El Banco Central se juega a que entre la soja y las buenas lluvias podrían conseguir las divisas para hacer frente al Club de París, “pero para todo no alcanza”, dicen. ¿Entonces, se llega a diciembre sin dólares del FMI o sin una devaluación fuerte?
La apuesta de Economía es que la capitalización del FMI en US$500.000 millones que decidiría el G7 en las próximas semanas, le dejaría el equivalente a US$3.500 millones por el hecho de ser miembro del organismo y con eso estarían para “discutir” el vencimiento de septiembre.
Todo atado con alambre y apostando, por ejemplo, a que los importadores le den la “buena noticia” de que demandarán menos de US$4.000 millones por mes para pagar al exterior.
En el Gobierno sueñan con que la economía crezca sin tener que aumentar las importaciones en el corto plazo, un resultado insostenible en plazos más largos.
Pero con un cepo estricto como el actual, podrían ir autorizando pagos con cuenta gotas.
Cepo cambiario estricto, dólares de la soja, dólares de contribuyentes para pagar el impuesto a la riqueza, congelamiento de tarifas hasta que se implemente un sistema diferencial que favorezca a los consumidores de menores ingresos, control de precios de alimentos y artículos de primera necesidad constituye el esquema que esbozan desde el Gobierno para el año electoral. ¿Y las inversiones? Con pandemia, falta de vacunas y elecciones, todo puede esperar.
Mientras tanto, el Gobierno se encolumna en una embestida sin antecedentes contra la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial, y en profundizar la grieta responsabilizando de todo a la oposición como si fuesen recién llegados al poder. La población espera vacunas y comprueba día a día las promesas incumplidas.
Fuente Clarin
