Buenos Aires – 16 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Nuevas fotografías del interior de la mansión de Villa Rosa, en Pilar, profundizan los vínculos entre la propiedad investigada por presunto lavado de activos y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, mientras vuelven a colocar bajo la lupa la actuación judicial: objetos personales, recuerdos de la AFA, fotografías familiares, una réplica de la Copa del Mundo, caballos y otros elementos desaparecieron antes del primer allanamiento, pero durante los cinco meses en que controló el expediente el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, no fueron citados los empleados de la quinta ni los titulares relacionados con varios de los vehículos encontrados. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal devolvió la investigación a ese mismo magistrado con los votos de Mariano Borinsky, cuyo nombre circula dentro del Gobierno para ocupar una vacante en la Corte Suprema, y Diego Barroetaveña, ex integrante del Tribunal de Ética de la propia AFA.
Las fotografías muestran que el quincho de la quinta, al que se accedía mediante identificación biométrica, contenía una cava con bebidas, una plaqueta de la AFA, objetos personalizados con el nombre de Toviggino, recuerdos futbolísticos y una réplica de la Copa del Mundo. Buena parte de ese material ya no estaba cuando la Policía Federal Argentina (PFA) ingresó al establecimiento por orden del juez Daniel Rafecas en diciembre de 2025.
Sin embargo, la Policía encontró otros elementos difíciles de desvincular del círculo familiar del tesorero. Dentro de un Porsche 718 Cayman S apareció documentación que autorizaba a conducirlo a Máximo Augusto Toviggino, hijo de Pablo Toviggino. En otro Porsche Macan S había una autorización a nombre de María Julia Del Castillo Orellana, ex esposa del dirigente, y otra correspondiente nuevamente a su hijo. Los vehículos estaban registrados a nombre de sociedades radicadas en Santiago del Estero vinculadas societariamente con integrantes de la familia.
El operativo terminó con decenas de automóviles, motocicletas y kartings bajo investigación. Entre los vehículos había seis Porsche, una Ferrari F430, un Audi, un Mercedes-Benz y automóviles de colección. La propiedad, adquirida formalmente por aproximadamente US$1,8 millones, fue valuada judicialmente en alrededor de US$17 millones. Sus titulares formales son Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada, cuya capacidad económica para afrontar semejante patrimonio constituye uno de los ejes centrales del expediente.
Otro elemento apareció el 30 de diciembre, cuando la causa estuvo bajo intervención del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky: Pantano tenía una tarjeta corporativa American Express de la AFA, pese a no ocupar un cargo conocido que explicara ese beneficio. El plástico registraba consumos cercanos a $50 millones mensuales y se utilizaba, entre otros gastos, para pagar los peajes correspondientes a vehículos vinculados con la mansión.
En el galpón también fue encontrado un bolso con el nombre de Pablo Toviggino y una plaqueta entregada por Barracas Central, club históricamente asociado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en reconocimiento al tesorero de la entidad.
Las fotografías obtenidas antes del allanamiento aportaron posteriormente otra capa de información: cuadros familiares de Toviggino, botellas personalizadas, trofeos relacionados con las actividades deportivas de su hijo, fotografías privadas, objetos ecuestres y dos réplicas de la Copa del Mundo aparecían distribuidos dentro de la finca. Varios de esos elementos fueron retirados antes de la llegada de los investigadores.
También desaparecieron los caballos. Registros y material audiovisual muestran que la propiedad tenía caballerizas y pista de entrenamiento. Entre 2021 y 2023, Toviggino había inscripto a su nombre 14 caballos de salto de la raza Silla Argentino ante la Asociación Argentina de Fomento Equino (AAFE). Los animales ya no estaban cuando se realizaron los procedimientos.
Pese a ese conjunto de indicios, durante los meses en que González Charvay tuvo la causa no fueron llamados a declarar los trabajadores que podían describir quién utilizaba habitualmente la propiedad, quién ordenó retirar objetos o animales y quién administraba diariamente semejante estructura. Tampoco fueron convocados entonces todos los titulares formales de los vehículos para reconstruir la verdadera disponibilidad económica y patrimonial de los bienes.
El expediente incorporó además otro nombre particularmente sensible: Central Park Drink, sociedad relacionada en diferentes registros con Diego Lucero, quien aparece en documentación vinculada con investigaciones estadounidenses sobre movimientos internacionales relacionados con la AFA. La conexión incrementa la importancia de seguir no solamente la titularidad formal de la mansión sino las sociedades, tarjetas, transferencias y mecanismos utilizados para financiar el patrimonio investigado.
La actuación de González Charvay ya había generado cuestionamientos judiciales. En junio, la Cámara Penal Económico apartó al juez de Campana y devolvió el expediente al fuero especializado, después de una prolongada discusión de competencia. Durante una intervención anterior, el magistrado había ordenado allanamientos en la sede de la AFA y su predio de Ezeiza, además de un peritaje contable, pero buena parte de las líneas directamente relacionadas con quienes habitaban y administraban la mansión quedaron sin profundizar.
La defensa de Pantano y Conte insistió posteriormente en que la investigación regresara a Campana, argumentando que la propiedad está situada en Pilar. El fiscal ante Casación Mario Villar pidió rechazar esa pretensión y mantener el expediente en el fuero Penal Económico, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió nuevamente modificar el rumbo.
Los jueces Borinsky y Barroetaveña conformaron la mayoría que sostuvo que el delito de lavado de activos corresponde a la justicia federal y dispusieron remitir las actuaciones a la Cámara Federal de San Martín para que sean enviadas al juzgado federal que había intervenido previamente, lo que en los hechos devuelve el expediente a González Charvay. Alejandro Slokar votó en disidencia. El fiscal Villar todavía puede intentar que la discusión llegue a la Corte Suprema.
La intervención de Borinsky agrega un ingrediente institucional especialmente sensible. El camarista aparece entre los nombres considerados dentro del Gobierno para las dos vacantes existentes en la Corte Suprema. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques habría incluido a Borinsky y Mariano Llorens entre las alternativas elevadas al presidente Javier Milei, quien reconoció públicamente que estudia varios candidatos aunque decidió postergar por ahora el envío de nuevos pliegos.
Borinsky mantuvo además en abril una reunión en la Casa Rosada con Santiago Caputo, uno de los hombres con mayor influencia dentro del dispositivo político del Presidente, en momentos en que ya circulaba su eventual postulación al máximo tribunal. Ese encuentro alimentó las versiones sobre el respaldo que sectores del oficialismo brindan a su candidatura.
Barroetaveña, por su parte, había presidido hasta diciembre el Tribunal de Ética de la AFA, circunstancia utilizada para cuestionar su intervención en el expediente. Los pedidos para apartarlo fueron rechazados por razones procesales, al considerarse que quienes los promovieron no eran partes admitidas en la causa.
Juan Bautista Mahiques designó a la hija de Marcelo Rocchetti, abogado de Pablo Toviggino, como auxiliar de servicio en la Fiscalía de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Especializada Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, con vigencia desde el 1º de abril de 2026. La designación fue formalizada el 2 de marzo, apenas 48 horas antes de que se conociera el ascenso del propio Mahiques al Ministerio de Justicia, donde reemplazó a Mariano Cúneo Libarona.
El nombramiento incorpora otro elemento al entramado de relaciones que rodea la disputa judicial de la AFA y adquiere especial relevancia frente al discurso público de Karina Milei, quien sostuvo en redes sociales que los dirigentes de la entidad no tenían “nada que acordar” con ella. La hermana del presidente Javier Milei había respondido de ese modo al abogado Gregorio Dalbón, después de que éste afirmara que la causa por presunta evasión fiscal contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino tenía componentes políticos y que eventualmente podría resolverse mediante un “acuerdo político” con Karina Milei.
El expediente vuelve así al juzgado reclamado por los principales investigados cuando todavía quedan sin respuesta cuestiones elementales: quién vivía realmente en la mansión, quién pagó los bienes, quién dispuso retirar objetos antes del allanamiento, qué destino tuvieron los caballos y cómo se relacionan las sociedades titulares de vehículos y propiedades con los fondos y tarjetas de la AFA. Sobre esas preguntas deberá ahora avanzar González Charvay, después de cinco meses de una primera intervención en la que buena parte de esos testimonios y conexiones patrimoniales permanecieron sin producirse.
Fuentes consultadas: resoluciones y antecedentes judiciales del expediente de la mansión de Pilar; Cámara Federal de Casación Penal; Ministerio Público Fiscal; Agencia Noticias Argentinas (NA); La Voz; Clarín; registros societarios, vehiculares y documentación incorporada a la investigación.
