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La dura embestida del Gobierno contra la Justicia, reforzada esta semana a partir del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas y de la exposición de Cristina Kirchner en la audiencia judicial por la causa “dólar futuro”, motivó el repudio de asociaciones de funcionarios del sector a nivel nacional e internacional.
Esta vez fue la Federación Latinoamericana de Fiscales la que manifestó su “profunda preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia conformando proyectos legislativos que desconocen que la “independencia judicial constituye un derecho humano”.
Tanto el presidente como la vicepresidenta atacaron al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal y el fiscal Carlos Stornelli. Además, impulsan cambios en la ley del ministerio público fiscal que harían perder la independencia de los fiscales frente al gobierno de turno.
En efecto, sostienen “la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesario para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos”.
En ese sentido, agregan que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia”.
Dicha garantía, observan “en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, la necesidad de una regulación estatal”.
En ese marco, comentan que “recientemente en la República Argentina se ha observado proyectos legislativos que crean una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales, ya que intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político, desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales”.
La referencia, directa, es a la conformación de una comisión bicameral para controlar a la Justicia que impulsa el senador Oscar Parrilli con el aval del Gobierno.
Añade el organismo que “todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales, sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamiento de los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia”
En la actualidad, la Federación Latinoamericana de Fiscales está integrada por asociaciones de once países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La presidenta es la argentina Susana Marta Pernas y el vicepresidente, el costarricense Ronald Segura. Sobresalen de una larga lista de fiscales que completan la integración del organismo.
Fuente Clarin
