Patricia Bullrich salió a respaldar a los cuatro periodistas condenados por la Justicia formoseña y afirmó que “la libertad de prensa se respeta”, apenas horas después de que Javier Milei celebrara exactamente la misma sentencia con insultos contra los trabajadores de prensa. La diferencia expone dos posiciones contrapuestas dentro de La Libertad Avanza ante un fallo cuestionado por ADEPA y FOPEA y firmado por un juez con pasado político en el oficialismo de Gildo Insfrán.
Buenos Aires – 26 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei, esta vez sobre uno de los asuntos más sensibles para cualquier sistema democrático: la libertad de prensa. Frente a la condena de cuatro periodistas que viajaron a Formosa para documentar las condiciones de vida de una comunidad originaria, Bullrich cuestionó abiertamente el fallo y afirmó que “la libertad de prensa se respeta”. El Presidente había reaccionado apenas horas antes de manera exactamente inversa: celebró la sentencia con un “TIRO POR LA CULATA”, volvió a insultar a periodistas y utilizó el episodio para profundizar su habitual confrontación con parte de la prensa.
La diferencia difícilmente pueda atribuirse a una cuestión semántica. Bullrich apuntó directamente contra el gobernador Gildo Insfrán y escribió: “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto”. Luego preguntó qué clase de libertad y democracia existe si un periodista debe pedir permiso para hablar con ciudadanos y concluyó que la libertad de prensa debe ser respetada. Su mensaje cuestionó así tanto el resultado judicial como el contexto institucional en el que se produjo.
Milei había tomado el camino opuesto. Como publicó Total News Agency-TNA el viernes, el Presidente recibió la noticia de la condena con una celebración pública y escribió “TIRO POR LA CULATA”. No se limitó a cuestionar al medio involucrado o a discutir la cobertura periodística: calificó a periodistas como “basuras inmundas con micrófono”, los acusó de trabajar para “los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas” y posteriormente reposteó la sigla “NOL$ALP”, expresión utilizada por sectores libertarios para significar “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La contradicción dentro del propio oficialismo resulta todavía más visible porque ambos dirigentes se pronunciaron sobre el mismo fallo, los mismos periodistas y con apenas horas de diferencia. Bullrich vio una amenaza a la libertad de prensa allí donde Milei encontró un motivo para celebrar y atacar nuevamente al periodismo. La senadora responsabilizó políticamente al sistema construido alrededor de Insfrán; el Presidente, que ha convertido al gobernador formoseño en uno de sus ejemplos habituales de las estructuras políticas que afirma combatir, terminó festejando una decisión proveniente precisamente de la Justicia de esa provincia.
La sentencia 351/2026 fue dictada por el juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla, y condenó a la periodista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán a cinco días de arresto efectivo, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno. El magistrado consideró que habían infringido el artículo 73 del Código de Faltas provincial durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 dentro del proyecto Hambre de Futuro.
El equipo había viajado a la comunidad San José para entrevistar habitantes y registrar sus condiciones de vida. Durante aquella cobertura, los periodistas fueron interceptados por policías, trasladados a una dependencia y retenidos aproximadamente dos horas. La presentación que dio origen a la actuación había sido atribuida al cacique Guillermo López, quien posteriormente manifestó desconocer el contenido del documento que había firmado, según la reconstrucción publicada del caso.
Uno de los puntos más controvertidos de la resolución fue la referencia a la falta de autorización y de una credencial para ejercer el periodismo. ADEPA sostuvo que en Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para desarrollar la actividad periodística y rechazó que una controversia vinculada con una cobertura pudiera desembocar en una sanción contravencional con arresto. FOPEA, por su parte, expresó su “firme rechazo” a la sentencia y advirtió sobre la criminalización de la tarea informativa.
El origen político del magistrado también integra el contexto del caso. Como señaló TNA en su cobertura anterior, Padilla fue concejal de Las Lomitas y dirigente del justicialismo local antes de incorporarse a la estructura judicial provincial. El dato adquiere relevancia frente a las discusiones históricas sobre la concentración institucional en una provincia gobernada por Insfrán desde 1995, aunque ese antecedente político no demuestra por sí mismo que el gobernador haya intervenido en la sentencia.
La posición asumida por Bullrich tampoco aparece como un hecho completamente aislado. El 14 de septiembre ya había realizado una enfática defensa de las libertades de prensa y expresión durante una exposición en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde tomó distancia de los ataques verbales de Milei contra periodistas. En aquella oportunidad sostuvo la protección constitucional del ejercicio periodístico mientras continuaba defendiendo otros aspectos del Gobierno libertario.
Ese antecedente otorga mayor significación política a su reacción frente al caso formoseño. Bullrich no cuestionó esta vez una formulación general del Presidente sino que se ubicó en la vereda contraria frente a un acontecimiento concreto: cuatro trabajadores de prensa condenados a arresto. Milei celebró; Bullrich cuestionó. El Presidente insultó a los periodistas; la senadora defendió explícitamente su derecho a trabajar. Y mientras Milei aprovechó el caso para reiterar su confrontación con la prensa, Bullrich dirigió sus críticas al poder político formoseño y a la restricción que, según sostuvo, supone exigir permiso para entrevistar ciudadanos.
La diferencia se produce, además, en momentos en que Bullrich viene mostrando posiciones propias dentro de La Libertad Avanza en distintos asuntos públicos. Eso no permite concluir por sí solo que exista una ruptura política con Milei, pero el caso de Formosa agrega un nuevo episodio verificable en el que ambos asumieron posiciones manifiestamente diferentes. En esta oportunidad, la controversia no gira sobre una estrategia electoral o una medida económica, sino sobre el límite que debe tener el poder estatal frente al trabajo de quienes investigan y publican información.
La paradoja que TNA señaló al conocerse la sentencia queda ahora profundizada: mientras Milei, adversario declarado de Insfrán, terminó celebrando un fallo surgido de la estructura judicial formoseña contra periodistas que mostraban pobreza y marginalidad, una de las figuras centrales de su propio espacio político decidió colocarse públicamente junto a esos trabajadores de prensa y cuestionar el mecanismo que permitió condenarlos. Dos respuestas opuestas frente a un mismo expediente que dejan expuesta una diferencia concreta dentro del oficialismo sobre cómo debe actuar el Estado cuando el periodismo incomoda al poder.
Fuentes consultadas: publicaciones públicas de Patricia Bullrich y Javier Milei; Total News Agency-TNA; sentencia 351/2026 del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); Foro de Periodismo Argentino (FOPEA); Agencia Noticias Argentinas; La Nación.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
