El secretario de Defensa británico aseguró que Londres tiene capacidad para “defender” las Malvinas y hasta planteó el eventual envío de tropas ante un hipotético ataque argentino. La referencia militar aparece en momentos en que Buenos Aires viene reiterando que su estrategia será pacífica, diplomática, jurídica y económica, con sanciones destinadas a frenar la explotación de hidrocarburos y recursos naturales en las islas, el mar circundante y la plataforma continental que Argentina reclama como propios.
Por Daniel Romero
Buenos Aires – 26 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, introdujo este sábado una dimensión militar que hasta ahora no había sido planteada por el Gobierno argentino en la renovada disputa por las Islas Malvinas, al afirmar que Argentina carece de capacidad para tomar el archipiélago y que Gran Bretaña sí dispone de los medios necesarios para “defenderlo”, agregando incluso que Londres estaría dispuesto a enviar tropas ante un eventual ataque.
Las declaraciones resultan particularmente llamativas porque el presidente Javier Milei, aun después de endurecer fuertemente la posición argentina respecto de la explotación de recursos naturales en Malvinas, no anunció ninguna acción militar destinada a recuperar las islas. Por el contrario, el 23 de septiembre afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la Argentina había elegido una defensa “pacífica, práctica y efectiva” de sus derechos soberanos y volvió a convocar al Reino Unido a reanudar negociaciones para encontrar una solución al diferendo.
El Gobierno argentino viene acompañando ese discurso con medidas concretas, pero de naturaleza administrativa, económica, judicial y diplomática. El 4 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en torno de las islas, número que posteriormente fue ampliado con otros 15 expedientes. Además, denunció penalmente a compañías relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion y envió al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinada a castigar a quienes exploten recursos naturales sin consentimiento argentino, generar incentivos para que abandonen esas actividades y ampliar las herramientas del Estado para responder frente a lo que Buenos Aires considera violaciones de sus derechos soberanos.
En ese contexto, la referencia de Streeting a la capacidad militar argentina y británica desplaza la discusión hacia un terreno diferente. Argentina no viene sosteniendo que obligará mediante las armas al Reino Unido a abandonar las islas ni ha anunciado una operación de recuperación militar. La disputa actual se concentra especialmente en la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en áreas marítimas sobre las que Buenos Aires reivindica soberanía y jurisdicción, así como en las sanciones contra las empresas que participen directa o indirectamente de esas actividades.
La preocupación argentina se profundizó a partir del avance del proyecto Sea Lion, encabezado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, cuyas reservas potenciales son estimadas en alrededor de 1.700 millones de barriles. El Gobierno considera que la extracción de esos recursos sin autorización nacional constituye una apropiación ilegítima de riquezas pertenecientes al país, mientras Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que las licencias otorgadas son legítimas.
La misma confrontación alcanza los recursos pesqueros. La Argentina sostiene que las aguas y la plataforma continental vinculadas con Malvinas forman parte de su territorio y denuncia desde hace años la explotación de recursos vivos mediante licencias otorgadas por las autoridades instaladas en las islas. Paralelamente, el Gobierno de Milei reforzó durante 2026 la aplicación de sanciones contra embarcaciones extranjeras detectadas pescando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, con multas que ya superaron los $5.381 millones durante el año.
Streeting sostuvo además que los reclamos argentinos son “lo mismo que se escuchó de los argentinos año tras año” y defendió la posición británica basada en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. Londres insiste en que la abrumadora mayoría de la población manifestó su voluntad de continuar vinculada al Reino Unido y considera cerrada la cuestión desde la guerra de 1982. El Gobierno británico reiteró esta semana que “no tiene ninguna duda” respecto de su soberanía y calificó las medidas argentinas contra las empresas hidrocarburíferas como un intento injustificado de ejercer jurisdicción extraterritorial.
Pero la posición británica convive con un marco internacional más complejo. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció formalmente en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas y exhortó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de sus habitantes. Once años después, la Resolución 31/49 pidió además a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por la ONU.
Ese último punto adquiere especial peso frente a la explotación petrolera. Argentina considera que el desarrollo unilateral de hidrocarburos constituye precisamente una modificación incompatible con aquel llamado internacional, mientras Londres rechaza esa interpretación y sostiene que el derecho de los isleños a explotar sus recursos deriva de su posición sobre autodeterminación. El desacuerdo jurídico permanece abierto y ninguna de las partes acepta la interpretación de la otra.
La cuestión central, por lo tanto, no es hoy la capacidad militar de Argentina para desembarcar en las islas, sino la decisión política de Buenos Aires de aumentar el costo económico y jurídico de la explotación de recursos realizada sin su consentimiento. Milei fue particularmente explícito en Naciones Unidas al señalar que Argentina actuará mediante una estrategia pacífica y efectiva, al tiempo que insistió en recuperar la soberanía a través de negociaciones.
Por eso las declaraciones de Streeting introducen un elemento que no estaba presente en la ofensiva diplomática argentina. Hablar de capacidad militar, tropas y defensa armada frente a medidas basadas hasta ahora en sanciones, acciones judiciales y reclamos diplomáticos eleva innecesariamente el tono de una controversia en la que la propia ONU reclama desde hace seis décadas una solución negociada. Londres podrá reiterar su disposición a mantener la defensa de las islas, pero presentar públicamente la hipótesis de una nueva confrontación militar cuando Buenos Aires no la ha planteado corre el riesgo de desplazar el debate desde el derecho, los recursos naturales y la negociación hacia un escenario bélico que ninguna declaración oficial argentina puso sobre la mesa.
Fuentes consultadas: Presidencia de la Nación; Cancillería argentina; Boletín Oficial; Naciones Unidas; Gobierno del Reino Unido; Ministerio de Defensa británico; Parlamento británico; antecedentes de Total News Agency – TNA.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
