El acuerdo entre Argentina y los fondos que litigan contra el país (Burford y Eton) por la expropiación de YPF implica que se regirán por ciertos secretos. Burford y Eton querellan por la expropiación de YPF. Allí, el Estado se quedó con el 51% de la compañía y le pagó a Repsol. Pero no compensó a los accionistas minoritarios, es decir a los poseedores del 49% restante.
Las compañías que cotizan en los Estados Unidos suelen aceptar ciertas normas para entrar allí. Entre ellas, está la obligación de hacer una oferta pública para comprar las acciones de los minoritarios, en caso que el control -o el accionista mayoritario- cambie de manos.
Petersen Energía, que fue de la familia Eskenazi, tuvo hasta un 25% de YPF antes de la expropiación. Luego, su participación se vio disminuida (estaba atada a acuerdos con Repsol), pero aún así siguió siendo significativa.
Petersen Energía se presentó en convocatoria en España, donde estaba constituida. El fondo Burford compró los derechos para litigar de Petersen Energía. Y fue al distrito sur de la Corte de Nueva York, donde se resuelven esta clase de desacuerdos. Allí exigió una compensación de entre US$ 2.500 millones hasta US$ 14.000 millones por las acciones que la familia Eskenazi (grupo Petersen) tenían en YPF.
La defensa legal del país -durante la administración de Mauricio Macri- trató de sacar el pleito de la justicia estadounidense, algo que no logró. También trató de impugnar un convenio suscripto en España, una línea legal que sigue vigente en la defensa actual.
La jueza Loretta Preska ordenó un proceso de “Discovery”. Eso implica recopilar una serie de pruebas. Y allí vinieron los choques entre Argentina y Burford. Argentina decía querer el testimonio de los Eskenazi. Burford decía que Argentina podía tener toda la documentación de los Eskenazi en sus manos, y que estaba inventando excusas.
Los Eskenazi, que siempre negaron cualquier participación en este entuerto, fueron citados a declarar por la justicia estadounidense. A través de cartas intercambiadas con la justicia argentina, dieron un testimonio, pero en Argentina. Ante la jueza Preska, las partes no acordaron sobre el alcance de esas declaraciones -hechas por cuatro miembros de la familia-. “Tuvo alcance limitado, no contestaron preguntas”, dijo la defensa argentina. “Les pudieron hacer preguntas”, replicó el abogado de Burford.
En la última audiencia entre las partes, Preska escuchó 20 minutos de distintos puntos de vista sobre la colaboración de los Eskenazi en la causa. Tanto Burford como Argentina solicitaron más tiempo para la “producción de documentos”.
La jueza les otorgó ese tiempo. Mientras tanto, las partes acordaron que todo lo que vayan descubriendo sería secreto. Solo lo podrá ver la jueza Preska.
Si los Eskenazi -en su ánimo de “colaborar”- hacen alguna revelación significativa, solo Preska lo sabrá. Las partes se comprometieron a no revelar ningún detalle de esta investigación, a menos que la otra preste su consentimiento.
Los Eskenazi podrían poseer documentos valiosos para la causa, según coinciden Argentina y Burford. “La justicia argentina indicó que podría requerirlos, pero que necesita más tiempo en caso que los tenga que hacer testificar nuevamente, por eso le pedimos que extienda el período de recopilación de pruebas”, expresaron los abogados ante Preska.
La documentación sobre los Eskenazi que vaya a ser presentada será consensuada por las partes. La Procuración del Tesoro está encabezada por Carlos Zannini, que fue director estatal en el Banco de Santa Cruz, controlado por los Eskenazi. Burford ya aclaró que -si gana el juicio- tiene que ceder un 35% a un “tercero”. La administración anterior sospechaba que ese tercero era la familia Eskenazi.
Tanto Burford como Argentina e YPF tomaron mucho tiempo de una audiencia con Preska para hablar de los “custodiants” de ciertos documentos. Son los dueños de determinada información. Antes de hacerla pública en un juicio, hay que pedirles permisos u obtener la forma legal de volcarla sin afectar sus derechos.
De todas formas, para el 31 de marzo deberá estar concluida una parte del proceso de obtención de pruebas que reclama la jueza. A Preska planean notificarla sobre la evolución de ese proceso en un mes, el 9 de abril.
Fuente Clarin
