Con la segunda ola de Covid avanzando por la región y la perspectiva de volver a endurecer la cuarentena, en el Gobierno buscan herramientas para contener los efectos de las posibles restricciones sobre la economía.
Por ahora está descartado que se repongan las que fueron las dos medidas estrellas de la cuarentena de 2020: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). A través del IFE el Estado le pagó a 9 millones de personas tres bonos de $ 10.000 cada uno. Apuntaban a los beneficiarios de planes sociales, los monotributistas de las categorías más bajas, los trabajadores domésticos e informales y los desocupados.
Con el ATP el Estado se hizo cargo de hasta el 50% de los sueldos de más de 2,5 millones de trabajadores privados durante los meses más rígidos de la pandemia.
Estas dos medidas, junto con otros programas como la Tarjeta Alimentar, formaron parte del “gasto Covid” del año pasado que llegó a representar el 3,5% del PBI y llevó el déficit primario al 6,5%.
Este año el Gobierno, en medio de las negociaciones con el FMI apunta a llevar al déficit al 4,5% del producto. En medio de la campaña electoral la necesidad de hacer un ajuste en el gasto confluye con las urgencias políticas de darle aire al poder adquisitivo para que el consumo en alza mejore las chances del oficialismo.
Desde los despachos oficiales cuentan que el Presupuesto 2021, construido bajo la ilusión de que la pandemia estaba en retirada y de que la llegada masiva de las vacunas era un hecho, no prevé un nuevo gasto Covid. Sin embargo, detallan que el Presupuesto contiene partidas que podrán ampliarse a medida que sea necesario contener los efectos sobre la economía de las nuevas restricciones a las que nos arrastre la segunda ola.
En concreto esas herramientas son el plan Potenciar Trabajo, el REPRO y la Tarjeta Alimentar.
Más herramientas
“Hemos reforzado los asignaciones para el plan de vacunación, para Tarjeta Alimentaria y Potenciar Trabajo. El gasto Covid el año pasado fue de más de 3,5% del PBI en términos primarios. Prevemos que este año sea menor, aun dicho esto en la prudencia que nos exige la incertidumbre”, aseguró un alto funcionario del equipo económico.
Potenciar Trabajo alcanza a 800.000 personas que realizan tareas comunitarias y perciben $ 10.300 al mes, la mitad de un sueldo mínimo. La Tarjeta Alimentar la reciben las 1,5 millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos menores de seis años. Es un monto mensual que va de $ 6.000 a $ 9.000 según la cantidad de hijos menores de esa edad.
El programa Recuperación Productiva (REPRO) supone un aporte estatal a los sueldos, pero con montos más bajos que los del ATP. En el REPRO del mes pasado se pagaron aportes de entre $ 9.000 y $ 18.000 a 320.000 trabajadores.
Los números marcan que en el primer bimestre de este año se reforzó con $ 10.000 millones el REPRO, con $ 11.000 millones Potenciar Trabajo y con $ 18.000 millones las Tarjetas Alimentarias.
Estas partidas están lejos de los montos que se manejaban con el IFE, que tenía un costo mensual de $ 40.000 millones y de los $ 20.000 millones que demandaba el ATP por mes.
Desde la base de estas partidas reforzadas en el Gobierno evalúan que si la pandemia lo requiere, podrían incrementar aún más los fondos de estos programas y usarlos como base para llegar a los sectores que serían golpeados por nuevas restricciones con la llegada de la segunda ola.
En esa línea se pronunció ayer el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “La vuelta del IFE y del ATP no está en el presupuesto. Si hay un rebrote, si se complica la situación sanitaria, vamos a tomar medidas excepcionales que vamos a evaluar en el momento, pero lo vamos a hacer”, señaló en declaraciones a TN.
AQ
Fuente Clarin
