La cámara federal porteña resolvió por unanimidad desarchivar la causa para investigar el Operativo Puf a través del cual e kirchnerismo intentó anular la causa de los Cuadernos de las Coimas y ordenó en duros términos al juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi profundizar la investigación.
La decisión la tomaron los jueces de la sala I de ese tribunal, Eduardo Farah, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
El Operativo Puf fue puesto en marcha por ex funcionarios K presos en Ezeiza y el Instituto Patria en marcha en enero de 2019 para mediante una maniobra de “fórum shopping” (elegir un juez amigo) llevar la denuncia del “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest al juzgado de Dolores que dirigía, entonces, el miembro de Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla.
En septiembre pasado, el juez Martínez Di Giorgi archivó la causa abierta por una denuncia de la referente de Cambiemos, Elisa Carrió, porque dijo que la maniobra “no perjudicó” la causa de los Cuadernos porque está llegó a juicio oral.
Pero el fiscal Carlos Stornelli, uno de los objetivos de la operación, junto al fallecido juez Claudio Bonadio y el periodista de Clarín Daniel Santoro, apeló el archivo de la causa.
El fallo señala que Martínez Di Giorgi “se limitó a analizar y descartar que mediante las conversaciones” en las que el ex secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, y otros ex funcionarios K anticiparon diez días antes que Etchebest iba a presentar una denuncia “espontánea” en el juzgado de Dolores.
Incluso, dicen en las charlas telefónicas que el juez Ramos Padilla, actual titular del juzgado de La Plata, “agarró viaje” y ya está “operando”.
Ramos Padilla hijo negó haberse enterado antes que Etchebest presentara la denuncia el 28 de enero de 2018 en su juzgado luego de una entrevista entre Stornelli, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en Pinamar. Pero las conversaciones grabadas por orden judicial ponen en duda esa afirmación.
Di Giorgi dijo que el Operativo Puf, nombre que le dio el diputado y operador de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, en una famosa conversación con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, “no logró con éxito, entorpecer la instrucción” de la causa de los Cuadernos.
“Tal conclusión no encuentra basamento fáctico en la escasa actividad instructoria llevada a cabo por Martínez Di Giorgi, resultando tan insuficiente la prueba recolectadas en autos como sesgada su interpretación, soslayando los cursos de acción propuestos por la acusación”, dice el fallo.
El juez Martínez Di Giorgi “con afirmaciones genéricas y remisiones a otras investigaciones omitió dar real tratamiento a aquellos sucesos con visos de verosimilitud que surgen de las transcripciones y fueran denunciados”.
El tribunal ordenó al juez profundizar la investigación y delimitar el objeto procesal, entre otras medidas.
“Resulta práctica habitual en este tipo de sucesos la utilización de los procedimientos judiciales como un vehículo para llevar a cabo diversas maniobras políticas, que poseen como real destinatario la opinión pública, pero que nada tienen que ver con la administración de justicia”, advirtió.
Tal circunstancia requiere de “un agudo trabajo por parte de quienes estamos llamados a impartir justicia de la misma forma que ha hecho la Excma. Cámara Federal de Mar del Plata que, recientemente, ha puesto en orden el objeto de la investigación tramitada en el Juzgado Federal de Dolores”.
El tribunal marplatense “entendió que no existían evidencias de la probable participación de Carlos Stornelli en la maniobra extorsiva que se habría practicado en perjuicio de Pedro Etchebest, razón por la cual revocó su procesamiento”. Además, la cámara anuló los dos procesamientos que Ramos Padilla había dictado contra Santoro.
El fallo resaltó que las conversaciones de los ex presos en Ezeiza –que el kirchnerismo quiere anular como prueba- “darían cuanta de la puesta en marcha de la operación existieron, que fueron debidamente obtenidas en el marco de una investigación penal a cargo del Juzgado Federal n° 2 de Lomas de Zamora y ordenadas por el Juez Federico Villena”.
Esta investigación, a diferencia de lo expuesto por Martínez Di Giorgi “podría revestir carácter delictual más allá de que el objetivo hubiera podido o no materializarse efectivamente”.
La cámara consideró que “luego de efectuar un circunstanciado detalle de las escuchas, consideró que su contenido era tan gráfico, explícito y contundente que dejaba el denominado “Operativo Puf” al descubierto”.
Los jueces ordenaron a Martínez Di Giorgi incorporar nuevas denuncias de Stornelli y “agotar la prueba propuesta en la presente causa, o producir otras que tendieran a profundizar las categóricas alocuciones intercambiadas por distintos personajes, donde indudablemente se hacía referencia a su persona con negativos y nefastos presagios y al juez de la causa que se tramita en Dolores en términos más que sugestivos”.
Además, el tribunal recordó que el fiscal general adjunto de la cámara, José Luis Agüero Iturbe, adhirió al recurso de Stornelli entendimiento de que “no se ha diligenciado la prueba idónea y conducente que permita superar la incertidumbre acerca de la existencia del hecho delimitado por el Ministerio Público Fiscal”.
Por último, la cámara rechazó los “términos agraviantes” de una presentación del padre de Ramos Padilla y juez de cámara, Juan Ramos Padilla. Este se reunió, antes de la presentación de Etchebest, con Eduardo Valdés en el spa de Puiggari, Entre Ríos. El tribunal pidió al Consejo de la Magistratura y al colegio de abogados de la CABA que sancionen a Ramos Padilla padre por su inconducta ética.
Fuente Clarin
