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El hecho ocurrió en 2018.
Ocho imputados, entre ellos la mujer y la abogada de un preso, comenzaron a ser juzgados como acusados de tirotearse con cuatro policías y dejar parapléjica a una oficial, al atacar en 2018 la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo con intenciones de liberar a un detenido, en una audiencia en la que las defensas pidieron declarar nula la acusación fiscal, aunque el tribunal lo rechazó.
El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, se inició a las 10.30 con algunas dificultades técnicas, ya que se que realiza de manera semipresencial por prevención del coronavirus.
Los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno; el fiscal de juicio Ariel Speranza Rossi y algunos abogados acudieron a la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, donde se acondicionó un sitio más adecuado para cumplir con la distancia social y otras medidas de protocolo por prevención de la Covid-19.
Pero algunos defensores, el público y los ocho acusados desde distintas unidades carcelarias, siguieron la audiencia de manera virtual por la plataforma Teams, aunque con algunas dificultades de eco y acoples con el audio.
“Acá no sale nada, sale todo distorsionado” y “desde que empezó el debate no entendemos nada”, fueron algunas de las quejas de dos de los acusados desde una sala de la Unidad 30 de General Alvear.
Los dos principales acusados y señalados como los organizadores del golpe son Leandro David Aranda (25), el preso al que intentaron rescatar y quien siguió el debate desde la Unidad 30; y su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), quien estaba conectada desde una sala de la Unidad 46 de San Martín
Zahira Ludmila Bustamante, una de las acusadas.
Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.
Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa (41) –y quien siguió el debate desde un anexo de la Unidad 46-, está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.
Los otros cinco acusados son Tomas Sosa (22), Daniel Alberto Rodríguez (33), Sebastián Ariel Rodríguez (42), el mecánico Gonzalo Fabián D’Angelo (25) y Bruno Damián Postigo Marullo (22).
La causa tenía un noveno detenido, Tomás Villamil (27), quien se suicidó ahorcándose en el penal de San Nicolás luego de que la Justicia le dictó la prisión preventiva en este expediente.
El juicio comenzó con los lineamientos de la acusación del fiscal Speranza Rossi, quien en base al requerimiento de elevación a juicio formulado por su colega Alejandra Núñez, adelantó por qué delitos iba a pedir condena para los acusados.
La carátula leída fue “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego –reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los que concurren idealmente con el evasión en grado de tentativa”.
El abogado Fernando Sicilia, defensor de Sebastián Rodríguez, fue quien en los lineamientos iniciales formuló un planteo de nulidad para el requerimiento de elevación a juicio, al argumentar que no estaban diferenciados los diversos roles que cumplió cada uno de los imputados y que a todos los acusaban de todas las etapas del hecho.
Para Sicilia, no es admisible que según la fiscalía, “las seis personas manejaron el auto, las seis dispararon y las seis hicieron de campana”.
Otros tres defensores adhirieron a este planteo, razón por la cual, tras un cuarto intermedio de una hora que se originó por una falla en la señal de wifi de la cárcel de General Alvear, el TOC 4 resolvió rechazarlo y continuar con el debate.
Walter Fidalgo, abogado de Aranda y Bustamante, los principales acusados, adelantó que en el juicio probará que la acusación “no se ajusta a la realidad”, en especial sobre “las tentativas de homicidios que el Ministerio Público Fiscal le endilga” a sus clientes.
El abogado Guillermo Schmidt, quien representa a Postigo Marullo, adelantó que pedirá la absolución porque su cliente no participó del hecho ni de su preparación y que sólo estuvo involucrado en la falsa denuncia por el robo de uno de los autos usados por la banda, algo que es materia de otra causa radicada en Capital Federal.
Según el requerimiento fiscal cuestionado hoy, el hecho ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, donde los imputados Bustamante, su primo Postigo Marullo, D’Angelo, los dos Rodríguez, Sosa y el ya fallecido Villamil, desplegaron el plan de rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, donde esa madrugada había un total de 43 detenidos.
Siempre según la acusación, con “por lo menos dos armas de fuego” y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba en la guardia “con el claro propósito de causar la muerte de los mismos”.
Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas” y la dejaron parapléjica en forma “permanente y definitiva”.
La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.
Fuente Telam
