En septiembre de 2002, Roberto Lavagna era ministro de Economía y negociaba un acuerdo con el FMI. Argentina había acordado saltear el pago de un vencimiento de US$ 805 millones al Banco Mundial a cambio de comprometerse a cerrar un acuerdo en 2003. El ministro rogaba que el Gobierno y la oposición se pusieran de acuerdo . “El consenso político es el principal reclamo del Fondo”, solía decir Lavagna.
Guzmán enfrenta el mismo desafío casi 20 años después. Esta semana señaló que avanzó en la elaboración del programa que dará forma al acuerdo de Facilidades Extendidas y es una buena noticia. Pero la pata política que dará sustento a esas cifras, que involucran reformas mediante -el acuerdo de Facilidades Extendidas involucra un período de diez años-, está menos clara. El FMI no firma un acuerdo sólo con el Poder Ejecutivo sino con un país, por lo que los otros poderes deben tener la misma orientación. Y eso es algo hoy difícil de saber en Argentina. El FMI lo tiene claro.
El caso de Lavagna 2002 podría ser el ejemplo a seguir para Guzmán, un ministro que pospuso el pago de vencimiento al FMI y firmó un acuerdo un año más tarde (con Néstor Kirchner). En el gobierno, una voz calificada a la hora de hacer esa comparación, comenta que aquella decisión de postergar fue acertada porque la economía venía recuperándose y es mejor firmar un acuerdo exhibiendo resultados.
Pero al revés de Lavagna, el ministro esta vez deberá pasar el acuerdo con el FMI por el Congreso. ¿Ahora, cómo espera conseguir el apoyo de la oposición si el oficialismo presentó una querella judicial por la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI y ayer el propio Guzmán salió a cruzarlo por twitter? El propio ministro institucionalizó el requisito del consenso político que ahora parece atacar. Ni hablar, por motivos distintos, que tanto Cristina Kirchner como Macri atacan al FMI. La primera porque ayudó a su oponente principal. El segundo porque el organismo le prestó dinero pero ató de manos al Banco Central.
Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, advirtió allá por 2019 que la estrategia de Cambiemos de profundizar la grieta como estrategia electoral era un riesgo en un esquema del dólar libre y tuvo razón cuando Macri tuvo que poner el cepo luego de las PASO.
El Gobierno ahora tiene un cepo pero no habría que subestimar la demanda de dólares si es que no llega el acuerdo con el FMI. Ayer el ministro dijo que usó dólares para recomprar bonos. Habrá que ver cómo sigue esa operación. Por de pronto economistas como Fernando Marull, entre otros, plantearon en tuiter que la información pública del Banco Central al menos no es clara. ¿Y qué estará haciendo la ANSeS? Guzmán habló del sector público consolidado. Alguien podría pedir un detalle de operaciones con bonos. El ex presidente del Banco Central Guido Sandleris dice que es “imposible” saber lo que afirma Guzmán y que “dada la intervención del gobierno en los mercados de bonos sería bueno más transparencia”. Las consecuencias de la grieta no son sólo políticas. También podrían impactar sobre el dólar o el futuro acuerdo con el FMI.
Fuente Clarin
