La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de Argentina en la causa que el fondo de inversión Aurelius Capital Investment le inició por modificar en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el mecanismo de medición del PBI nacional.
La magistrada argumentó en su resolución que Argentina “no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI”.
Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda consultadas por Clarín indicaron que la decisión de Preska es sólo “una instancia” del proceso, rechazaron que sea un fallo definitivo y dejaron trascender que el Gobierno dará su respuesta en los próximos días.
“Lo que la jueza hace es dar lugar a la respuesta de Argentina, le pide que exponga su posición”, aseguraron.
Según se informó, con esta resolución se inicia una nueva instancia en la causa y se emplazó hasta el 16 de abril para que la Argentina presente una apelación, algo que ya tendrían decidido los abogados que representan al país.
De acuerdo a lo interpretado por Preska, Argentina actuó de “mala fe” en 2014 al alterar la medición del cupón PBI.
En enero de 2019, Aurelius había demandado a la Argentina en EE.UU. por un total de US$ 84 millones, al acusar a la administración de Cristina Fernández de Kirchner de calcular en forma incorrecta los pagos que correspondían a los tenedores de bonos vinculados al PBI por una supuesta manipulación del INDEC en 2013.
Esos bonos, emitidos por las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, prevén pagos adicionales basados en el desempeño de la economía.
Según la denuncia del fondo buitre, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos US$ 3.000 millones en 2014.
Aurelius sostiene que el INDEC modificó la base con la que se calcula el EMAE para que el aumento del PBI de ese año no supere el 3,22%. De esa manera, evitó que se activara la cláusula de liquidación del cupón PBI.
Preska es la misma jueza que lleva adelante la causa por la reestatización de YPF en 2016.
Fuente Clarin
