Los alegatos se realizaron este lunes en la sede de la Jefatura Departamental La Matanza.
Un fiscal pidió este lunes una pena de 50 años de prisión para siete de los acusados por el ataque a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo en el que en 2018 quisieron liberar a un detenido, se tirotearon con cuatro policías y dejaron parapléjica a una de las oficiales.
Los pedidos fueron realizados en la mañana del lunes por el fiscal de Ariel Speranza Rossi en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la Matanza, integrado por los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno, que dará a conocer el veredicto el próximo viernes a las 11.
Si bien el juicio se inició de manera semipresencial el 26 de marzo pasado con los jueces, abogados y testigos en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y los presos siguiendo todo por la plataforma Teams desde unidades carcelarias, los alegatos se realizaron este lunes en la sede de la Jefatura Departamental La Matanza de la policía bonaerense, donde los ocho imputados fueron trasladados con un fuerte dispositivo de seguridad.
Apelando al máximo que el Código Penal permite por sumatoria de penas, el fiscal pidió medio siglo de prisión para Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), Gonzalo Fabián D’Angelo (25), Daniel Alberto Rodríguez (33), Tomas Sosa (22), Sebastián Ariel Rodríguez (42) y la abogada Leticia Analía Tortosa (41).
La calificación
La calificación elegida por el fiscal para todos los acusados a los que les pidió los 50 años como coautores fue la de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa”.
En el caso de la letrada Tortosa -a quien se la acusa de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda-, el fiscal solicitó subsidiariamente que se la condene a 20 años si llegan a considerar que solo actuó como partícipe secundaria y además, una inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de la abogacía.
En tanto, para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo (22), quien es primo de Bustamante, el fiscal pidió una pena de 6 años por “encubrimiento agravado”, ya que sólo quedó involucrado por haber hecho una falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado.
En su alegato, Speranza Rossi habló de un hecho de “gravedad institucional”, que contó con una “planificación” y una “división de roles y tareas”.
El principal acusado
El principal acusado es Aranda, quien estaba preso desde 2017 por un crimen narco en una villa de La Matanza -hecho por el ya está condenado a 10 años-, y según dijo hoy el fiscal, “tenía problemas afuera” y debía salir de la comisaría porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal.
Por eso, según la imputación, planteó su propia evasión junto a su esposa Bustamante, quien, según sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.
Las pruebas
Una de las imágenes de las cámaras de seguridad que la fiscalía presentó como prueba.
Las principales evidencias mencionadas por Speranza Rossi fueron los videos de las cámaras de seguridad de la comisaría y del municipio y los mensajes de texto y audio recuperados de los celulares incautados al preso Aranda y a su mujer.
En base a esas pruebas, afirmó que Daniel Rodríguez y Tomás Villamil (27) –un noveno imputado que se suicidó en ahorcándose en el penal de San Nicolás estando preso por esta causa-, fueron los que entraron primero “arma en mano y efectuando disparos” a la oficina de los policías.
Luego, detalló que Sebastián Rodríguez y Sosa fueron los otros dos que también entraron a la seccional con una pinza corta candados, pero tuvieron que huir al empezar los disparos; y que D’Angelo, a quien apodaban “Schumi” por el expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, y debido a sus habilidades como conductor, era quien esperaba afuera como chofer en un auto Volkswagen Fox, mientras que Bustamante lo hacía en otro vehículo.
Como agravantes, el fiscal mencionó “la nocturnidad, la violencia y el desprecio demostrado hacia las víctimas”, el haber involucrado a un “menor lactante”, la utilización de atuendos policiales para generar “confianza y mayor indefensión en las víctimas”, el “daño ocasionado en la salud” de la mujer policía baleada y el haber “atentado contra una repartición pública”.
El hecho
El fiscal dio por probado que el episodio ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, donde los imputados desplegaron un plan para rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, en el que esa madrugada había un total de 43 detenidos.
Siempre según la acusación, con por lo menos dos armas de fuego y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba en la guardia con el propósito de causar la muerte de los policías.
Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas” y la dejaron parapléjica en forma “permanente y definitiva”.
La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.
Las defensas cuestionaron en sus alegatos los elevados pedidos de penas del fiscal, y pidieron nulidades, absoluciones por falta de prueba o condenas inferiores.
Fuente Telam
