Pese que el grupo Socma de la familia Macri, controlante del Correo Argentino SA, presentó una conformidad del 85% de sus acreedores respecto a la propuesta de pago realizada, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini rechazó la oferta presentada en el marco del proceso de “salvataje”, y solicitó así su quiebra. Será la jueza en lo Civil y Comercial Marta Cirulli quien defina el futuro de la firma postal: si homologa el acuerdo donde la firma ofrece el pago de 1.000 millones de pesos o hace lugar al planteo de Zannini.
La opinión del procurador del Tesoro se presentó en el marco del cramdown (proceso de salvataje) ordenado por la jueza Cirulli. Esta instancia se inicia cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores, entonces se da la posibilidad a los mismos y a terceros interesados de realizar una oferta para mantenerla operativa.
El ex presidente Mauricio Macri sostiene que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una “persecución política” con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos y hacer extensiva la quiebra a Socma.
Del otro lado, la Justicia sostiene otros argumentos: cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Dijo que la deuda era de 70.000 millones de pesos.
En los últimos escritos presentados, la compañía rechazó tal cifra, y en en base a un informe de la Sindicatura que respondió a la consulta de los acreedores Transporte Chimiray S.R.L. y Carlos Mariano Moiraghi, y del propio Correo SA, sostuvo que aplicando la tasa mencionada por la Sindicatura para el reajuste, al 28 de febrero de 2021 la deuda era de 1.011.610.941,75 pesos.
Por ello, Socma realizó una última oferta donde a los acreedores categoría A, -entre ellos el Estado- “se les ofrece el pago íntegro (100% -cien por ciento) del capital verificado o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”.
La jueza pidió la opinión del Estado, el principal acreedor del Correo SA, respecto a la nueva oferta y fue Carlos Zannini como Procurador del Tesoro quien la rechazó a través de un escrito de 17 páginas. “La nueva oferta pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria“, indicó el jefe de los abogados del Estado.
En otro tramo de su planteo consideró que “no habiendo existido ningún factor que haya gravitado para que mejoren las circunstancias de su giro comercial (que sigue siendo nulo), es llamativo que ahora hayan “mejorado” la propuesta realizada con anterioridad”.
Entonces, Zannini entendió que habiendo podido mejorar la oferta para cancelar la deuda en ocasiones anteriores “la empresa optó por no hacerla tratando de imponer un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado nacional, tan notoriamente perjudicial para el erario que aquella propuesta motivó la apertura de una investigación que se halla en el fuero federal”.
En duros términos respecto al proceder de la compañía, el Procurador recordó que si la empresa no obtiene el acuerdo de la mayoría de los acreedores -siendo el principal el Estado-, deberá decretarse la quiebra, porque no tener la conformidad impide que la jueza homologue el acuerdo, es decir, la oferta realizada en esta caso por Socma.
Ante la consulta de Clarín, desde la compañía indicaron: “Era previsible el planteo del Estado y se contempló en el escrito presentado, por ello se indicó que si se rechazaba estamos dispuestos a pagar en última instancia cuando el reclamo judicial quede firme”.
La jueza Cirulli puede homologar el acuerdo realizado por Socma, que incluye el 100% del pago de la deuda “en función de las condiciones impuestas por el acreedor”, indicaron fuentes de la empresa. Otra opción, es consentir el pedido realizado por Zannini y decretar la quiebra. Como tercera vía, la magistrada puede correr traslado del planteo de la Procuración y pedir que se realice el cálculo de la acreencia.
El cramdown inició cuando en 2019 el Estado desestimó la última de las propuestas que la empresa había realizado para evitar el proceso de salvataje, que consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en 2003 realizada por Néstor Kirchner.
Fuente Clarin
