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La llegada de la segunda ola de contagios y la posible postergación de las elecciones legislativas lo dejan en tercer plano en la nutrida agenda que comparten el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, pero el debate por el reparto de fondos de coparticipación sigue latente y se cuela, al menos de manera solapada, en cada uno de los encuentros que mantienen funcionarios de ambas administraciones.
A la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia -que ya convocó a las partes para el 23 de abril- por el reclamo para recuperar casi dos puntos porcentuales de coparticipación y volver al 3,5% de recursos que cobraba hasta septiembre del año pasado, la Ciudad ya resignó $ 22.700 millones en este primer trimestre, que sumados a los $ 15.500 millones perdidos en el último cuatrimestre de 2020, totalizan $ 38.200 millones.
Sin embargo, a partir de la ley que se aprobó en el Congreso y avaló el nuevo esquema de financiamiento de la Policía Metropolitana, Casa Rosada gira hacia Uspallata unos $ 2.041 millones por mes, que representan $ 24.500 millones en todo el año. Tras los primeros tres envíos, totalizan $ 6.123 millones.
El neto del descuento, así, en materia de recursos federales, es de $ 32.077 millones desde septiembre, cuando Alberto Fernández anunció la quita y transfirió buena parte de esos fondos a la órbita de la provincia de Buenos Aires, entonces en crisis con la Policía provincial, que reclamaba mejoras salariales en la puerta de la quinta de Olivos.
La cifra que dejó de percibir la Ciudad en estos seis meses equivale al 5,24% de su presupuesto para todo 2021, previsto en $ 612.000 millones. De seguir este ritmo, y si no hay una decisión judicial mediante, la pérdida total en el transcurso de un año superaría el 10% de los fondos con los que cuenta la Ciudad para un presupuesto acotado como el que formuló este año, en el que puso freno a obras públicas que esperaba llevar adelante.
Mientras el grifo de recursos perdidos sigue abierto, en la Ciudad no tienen expectativas de un fallo inmediato de la Corte Suprema en relación a los dos reclamos realizados por el tema. Primero, a mediados de septiembre pasado, la Ciudad presentó un recurso de amparo para detener la quita de fondos, que consideraba inconstitucional.
Luego, en diciembre, realizó la presentación de fondo por la aplicación de la nueva ley de coparticipación que había sancionado el Congreso y que reducía los fondos federales porteños de 3,5% a 1,4%.
Por ahora, en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano no hay novedades. La Corte, en pleno año electoral, difícilmente elija expresarse sobre un tema que alimenta la grieta y que enfrenta a las dos principales fuerzas políticas del país. Fuentes judiciales descartan que el tema se resuelva en el corto plazo.
En paralelo, en algunas de las reuniones entre Ciudad y Nación por el manejo de la pandemia, el tema estuvo sobre la mesa, especialmente de parte del gobierno porteño, planteado como una “de las diferencias que tenemos con el Gobierno”, pero que no resienten el diálogo en términos sanitarios. En ese sentido, aseguran que no es momento de llevar el reclamo mucho más allá en tiempos de crecimiento vertiginoso de casos por Covid-19.
La Ciudad, por su parte, ha recuperado una parte de sus ingresos luego de implementar el impuesto a los Ingresos Brutos por las Leliq y los pases que pagan los bancos, al igual que el de Sellos que abonan las tarjetas de crédito. En enero, por ejemplo, por ambos conceptos, recaudó un global de $ 2.700 millones: $ 1.900 millones por Leliq y pases, y otros $ 800 millones por Sellos.
En diciembre pasado, en medio de los tironeos por la quita de fondos a la Ciudad, el Banco Central presentó en la Corte Suprema de Justicia un reclamo de inconstitucionalidad por las leyes que se sancionaron en la Legislatura y que gravan dichos títulos públicos y actividades reguladas por la entidad.
Fuente Clarin
