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La jueza María Servini dictó otra vez la falta de mérito del financista Ibar Pérez Corradi como supuesto autor intelectual del Triple Crimen de la efedrina de 2008 y decidió investigar el “apoyo institucional” desde la policía, la SIDE y la Aduana al tráfico de ese precursor químico.
En su fallo, ordenó profundizar la investigación sobre Jorge Omar Lazota, un puntero K, la municipalidad de almirante Brown y sus contactos.
Además, pidió cruzar las llamadas telefónicas de un supuesto ex agente de la SIDE apodado “Máximo” –que ya fue identificado en la causa pero su nombre real se mantiene en reserva- con otros imputados.
El triple crimen ocurrió el 7 de agosto de 2008 luego de que Sebastián Forza (34 años), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35) desaparecieron tras haber ido a una reunión en el hipermercado Walmart de la localidad bonaerense de Sarandí.
Los tres luego fueron asesinados a balazos presumiblemente en Quilmes y sus cuerpos guardados y preservados en frío hasta que los arrojaron en un zanjón del partido de General Rodríguez. Fueron encontrados el 13 de agosto, con signos de haber sido torturados con ensañamiento y alevosía.
Servini había dictado falta de mérito a Pérez Corradi (43) en 2016, pero esa decisión fue anulada por la Cámara Federal porteña en 2017, que ordenó nuevas medidas de prueba.
Como autores materiales del crimen están condenados los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci pero, hasta ahora, es un misterio quien fue el autor intelectual.
Las hipótesis iban desde un personaje al que llamaban “La Morsa” y ahora investigan a este “Máximo”.
El caso tuvo una repercusión política enorme porque puso al descubierto que entre el 2003 y el 2008 Pérez Corradi, “el Rey de la Efedrina” Roberto Segovia contrabandearon un total de 50 toneladas de efedrina a México.
Y desde México, convertida en metanfetaminas, se vendía a EE.UU. Además, Forza donó 200 mil pesos a la campaña presidencial del 2007 de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.
En su fallo de 170 páginas, al que accedió Clarín, la magistrada sostuvo que Pérez Corradi fue “un intermediario en la cadena de desvió de efedrina al narcotráfico; no fue el importador que inundó de efedrina la Argentina, no fue el que autorizó ingresos o gestionó el ingreso de la sustancia, no fue quien manejó los canales de contrabando de efedrina, y tampoco se puede sostener que haya concentrado el negocio en ninguna de sus facetas”.
Reconoció la investigación original que hizo el suspendido fiscal de Mercedes, Ignacio Bidone, pero destacó que “se desconoció por completo” el rol e Leopoldo Bina en el tráfico de efedrina.
Luego fue desechando una a una las hipótesis que ponían a Pérez Corradi –quién está condenado y preso por el tráfico de efedrina- como quien dio la orden del crimen.
Destacó el acceso a la SEDRONAR para tener permisos de importación de efedrina desde la India y China y la “protección de ciertos policías federales y de la SIDE” a estas actividades ilegales.
Dio entidad a la denuncia de Pérez Corradi según la cual el ex agente de la SIDE Julio Pose “trataba de vincularlo falsamente a los hechos” y que en el momento del crimen el financista se encontraba de vacaciones con su familia en México.
Recordó que Pérez Corradi declaró que antes de fugarse para no ser detenido en el 2012 se le presentó un hombre quien le entregó tres documentos de identidad en blanco y creyó que era un dirigente K.
Y le comentó:
– Me dice que me esconda por 2 o 3 meses y que me vaya a la mierda… me dice que no me preocupe, que eso estaba todo manejado, que me quede fuera del país, que me quede fuera de Argentina, que mientras nosotros estemos en el Gobierno nadie te va a joder…
Pérez Corradi se fugó y recién fue capturado en 2016 en Brasil con un DNI apócrifo durante la presidencia de Mauricio Macri.
La jueza sumó a esos indicios que, por ejemplo, “un auto de la SIDE ingresando al país con uno de los condenados (desde Paraguay) y la tarjeta personal de un testigo –luego detenido en una de las causa conexas- que podría contener inscripciones de una de las víctimas”, entre otros.
Ese cuadro indiciario hizo a la jueza “coincidir con Justicia de Mercedes y hablar de un necesario apoyo institucional y lazos de poder”.
Esta no es una causa de narcos comunes, “sino que se relaciona con organizaciones criminales, personal de inteligencia y/o de fuerzas de seguridad. “Es solo gente preparada la que tiene tanta capacidad de intoxicar de esta manera una investigación criminal y el plexo probatorio de un expediente”, subrayó.
Más adelante se refirió al puntero K Jorge Omar Lazota quien tras el crimen de General Rodríguez del 2008, fue enviado a San Julián, Santa Cruz para bajar su perfil, según fuentes judiciales. Lazota fue detenido e indagado en la causa en el 2019.
Lazota “es hermano de un ex jefe de comisarios de a bordo del avión presidencial Tango 01 de la época de Néstor y Cristina Kirchner”. Además, estaba vinculado a los hermanos Zacarías, que trabajaron en la Casa Rosada en la época de Néstor y en el PAMI.
Como puntero había actuado en el kirchnerismo de la localidad bonaerense de Almirante Brown y era conocido de Rudy Ulloa. Había regresado a la política como “asistente” del ex diputado y actual ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.
“No parece casual que un hombre de la política y con los contactos de Lazota, sea el iniciador de Bina en una organización de narcotráfico internacional como la que se pesquisa en torno a este triple crimen”, resaltó la jueza.
Una operatoria de narcotráfico de esta magnitud (50 toneladas del preciado precursor químico) “hace necesaria todo tipo de contactos, funcionarios (del poder que se quiera), políticos, servicios, fuerzas de seguridad y por ello es que se impone profundizar los vínculos del nombrado”, escribió.
Pidió a la policía de la Ciudad que profundice “las tareas de campo en la individualización de los abonados telefónicos mexicanos y su relación con diversos abonados oficiales de la Municipalidad de Almirante Además”.
Dijo que resulta trascendente “conocer en profundidad el rol de Jorge Omar Lazota en este entramado y la vinculación de diversos empleados y/o funcionarios de la Municipalidad de Almirante Brown que mantiene contactos telefónicos con celulares con fluidas comunicaciones con radios nextel de México vinculados con imputados en las causas conexas”.
En otra parte del escrito, acotó que que existen testimonios en la causa que colocan a Martin Lanatta “acompañado de quien sería un agente de inteligencia apodado “Maximo” y que, si bien ellas podrían ser relaciones ajenas a Pérez Corradi, no es menos cierto también que parecieran integrar la misma organización”.
Puso como ejemplo, los contactos entre el teléfono de “Máximo” y Josue Fuks, un empresario farmacéutico que se encuentra prófugo en Israel. Entonces, deben “profundizarse en esos vínculos de Lanatta y el imputado y que corresponda que el mismo permanezca sujeto a proceso”.
En esta nueva etapa de la causa, se deberá profundizar los análisis de los listados telefónicos de Pérez Corradi, de Martín Lanatta y de Víctor Schillaci, como así también cruzarlos con los de los proveedores “ y con los de “Máximo”.
La jueza busca establecer relaciones y la posible existencia de “un tercer comprador” de efedrina, distinto a dos grupos de mexicanos ya descubiertos.
Dispuso llamar a declaración testimonial a un comisario de la Policía Federal de apellido Gabella, quien en el 2008 ya tenía sospechas sobre Pérez Corradi. También, estableció Servini, se deberá profundizar la investigación respecto de los contactos de Carlos San Luis y del ex comisario Ricardo Sladkowski con la Aduana, entre otras medidas de prueba en esta causa por narcotráfico con tantos vínculos con la política.
Fuente Clarin
