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Un grupo de legisladores acompañados de padres de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata, presentaron este sábado un recurso de amparo judicial para garantizar el dictado de clases presenciales
La presentación procura dejar sin efecto las medida del gobierno nacional, que tiene la adhesión del Ejecutivo provincial, del cierre de escuelas por 15 días. La administración de Axel Kicillof fue el primer distrito en adherir a la determinación del presidente Alberto Fernández, mediante el decreto 181/2021.
El amparo, lleva la firma de los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín. Consideran al accionar del gobierno nacional y provincial como “irresponsable” y “contraria al Derecho Humano a la Educación “.
El andamiento del amparo es improbable que resuelva, en tiempo y forma, sobre la cuestión de la eventual suspensión de la aplicación del decreto. El recurso, una vez ingresado a la casetta judicial correspondiente, debe ser tramitado necesariamente en un sorteo de juzgado posterior a la entrada del escrito.
No obstante, representa el primer testimonio con un curso legal que se establece en la Provincia. Expresa la opinión generalizada de JpC y no se descartan más presentaciones con las mismas razones.
Según la argumentación, fue necesaria la recurrencia a la Justicia bonaerense “ante la repetición de errores y fórmulas que no funcionaron en 2020 por parte del Presidente y del Gobernador”. Lipovetzky menciona en forma subsidiaria : “Me veo en la obligación moral, no sólo como funcionario público, sino también como padre, de presentar un recurso de amparo para defender el Derecho Humano a la Educación”.
“La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”, insistió el legislador, quien reside en la capital provincial.
“Acá no se trata de presencialidad versus virtualidad, sino que, si no hay presencialidad, en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires y también de nuestra ciudad de La Plata, no van a tener clases, porque muchos chicos de las zonas más vulnerables no tienen el acceso a la tecnológica necesaria para poder tener sus clases virtuales”, fue parte de los fundamentos expuestos este sábado.
Juntos por el Cambio sostiene, entre otros presuntos agravios al sistema educativo, que lesiona derechos de igualdad ante la ley, porque otros distritos federales tiene alta exposición de contagios de COVID y no pararon el dictado de clases normales. En este caso, la suspensión de las clases presenciales involucra al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el encargado de iniciar la vía judicial para intentar frenar la decisión de la Casa Rosada. En la Provincia, intendentes de Juntos por el Cambio, como Jorge Macri (Vicente López), expresaron su rechazo. Ahora la cuestión ingresa a los tribunales bonaerenses.
Hace pocas horas, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para que habilite la continuidad de las clases presenciales en el distrito.
Al igual que en la Provincia, los tiempos de resolución no evitarán el cumplimiento de la medida oficial, en su primer tramo por lo menos. Pero la resolución de la Procuraduría pone un precedente inexcusable para la evaluación del caso. Serán los ministros de la Corte quienes resuelvan. El fallo sobre la cuestión de fondo no verá la luz hasta dentro de varios días.
El el dictamen, la procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, sostuvo que “la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Los magistrados dirimen sobre esta cuestión sensible que moviliza a parte de la sociedad e inquieta al gobierno. Casi en simultáneo con el fallo de Monti, la jueza porteña Romina Tesone rechazaba un amparo para volver a las clases presenciales. La determinación fue el viernes a la noche. El rechazo in límine afectó a la cautelar de un grupo de madres y padres a través de la Defensoría Oficial y Asesoría Tutelar. Los organismos procuraban que haya clases presenciales y se declare la inconstitucionalidad del DNU 241/2021 firmado por el presidente.
Las reacciones también comienzan a involucrar al Interior bonaerense, aunque en menor escala. En muchos municipios la propagación del coronavirus provoca, también, restricciones para contener los contagios. Incluida la polémica de apertura o cierre temporal de escuelas.
Asi, Castelli se convirtió este sábado en el primer municipio del interior en solicitar la suspensión de las clases presenciales, tal como ocurre en la región del AMBA. El pedido es por “el acelerado incremento de contagios”.
El intendente de esa ciudad del centro de la Provincia, Francisco Echarren, acaba de confirmar la solicitud: “Recién firmé la nota solicitándole al Gobernador Axel Kicillof retroceder a fase 2 e interrumpir la concurrencia a las escuelas por 15 días”.
Fuente Clarin
